27/06/2026
La discapacidad en esta Argentina libertaria. Del sujeto de derecho al sujeto cosa
Durante las últimas décadas la Argentina construyó, no sin dificultades, un camino de reconocimiento de las personas con discapacidad como sujetos plenos de derechos. Ese recorrido estuvo inspirado por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, incorporada a nuestro ordenamiento jurídico por la ley 26378 y posteriormente elevada a jerarquía constitucional por la ley 27044. Sin embargo, los acontecimientos recientes parecen indicar un preocupante retroceso.
La transformación de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y su subordinación dentro de la estructura del Ministerio de Salud constituyen mucho más que una simple modificación administrativa. Expresan una determinada concepción política e ideológica sobre la discapacidad. Allí donde el paradigma social entiende que la discapacidad surge de la interacción entre las limitaciones individuales y las barreras que impone la sociedad, vuelve a emerger con fuerza el viejo modelo médico hegemónico, que reduce a las personas a diagnósticos, deficiencias y tratamientos.
El modelo social, adoptado internacionalmente, reconoce que las barreras arquitectónicas, comunicacionales, actitudinales, culturales, educativas y laborales son las que generan exclusión. El modelo médico, en cambio, coloca el problema en el individuo. Cuando las políticas públicas dejan de hablar de derechos, inclusión y participación para centrarse exclusivamente en costos, prestaciones y control del gasto, la persona corre el riesgo de dejar de ser sujeto de derecho para convertirse en objeto de administración.
En nombre del ajuste fiscal y del equilibrio presupuestario, las personas con discapacidad vienen padeciendo diversas vulneraciones de derechos. Prestadores que denuncian atrasos e insuficiencia en los pagos, dificultades crecientes para acceder a tratamientos, incertidumbre respecto de las pensiones no contributivas, obstáculos burocráticos para certificaciones, restricciones crecientes para la inclusión laboral efectiva y auditorías masivas realizadas bajo una lógica de sospecha permanente son algunas de las situaciones que atraviesan miles de familias en todo el país.
A ello se suma una creciente estigmatización pública. Diversos medios de comunicación concentrados de la mano de periodistas como Luis Majul han contribuido a instalar la idea de que las políticas destinadas a las personas con discapacidad constituyen un gasto excesivo o un ámbito plagado de irregularidades. Sin desconocer que todo sistema público debe ser transparente y estar sujeto a controles, resulta preocupante que el debate se construya sobre la sospecha generalizada antes que sobre la garantía efectiva de derechos. Para este último caso, recordemos lo que decía el vocero presidencial, Manuel Adorni, sobre la placa con la cola del perro.
En algunos casos, funcionarios públicos también han contribuido a esta mirada. Las referencias recurrentes a la necesidad de "depurar" padrones, "eliminar privilegios" o combatir supuestos abusos terminan generando un clima social donde quienes necesitan apoyos para ejercer sus derechos aparecen bajo sospecha. El problema no es la fiscalización en sí misma, sino cuando esta se transforma en el eje central de la política pública y desplaza el objetivo fundamental de promover inclusión, autonomía y participación social.
Las consecuencias de este discurso son profundas. Cuando una sociedad comienza a mirar a las personas con discapacidad principalmente como un costo económico, deja de percibirlas como ciudadanos con proyectos de vida, capacidades, aportes y derechos. Se produce entonces una peligrosa deshumanización. La persona deja de ser considerada un sujeto político y jurídico pleno para convertirse en un expediente, una estadística o una partida presupuestaria susceptible de recorte.
Esta situación contrasta abiertamente con los compromisos asumidos por la República Argentina al ratificar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Dicho instrumento obliga al Estado a promover la igualdad de oportunidades, la accesibilidad, la vida independiente, la educación inclusiva, el acceso a la salud, el trabajo y la participación plena en todos los ámbitos de la vida social. No se trata de concesiones graciosas ni de beneficios discrecionales: son derechos humanos.
La distancia entre estos compromisos y la realidad cotidiana de muchas personas con discapacidad resulta cada vez más evidente. Mientras el marco normativo reconoce ciudadanía plena, las políticas de ajuste y los discursos estigmatizantes parecen empujar en sentido contrario. Allí donde la Convención habla de autonomía, participación e inclusión, aparecen barreras renovadas. Allí donde se proclama igualdad, se multiplican las dificultades para acceder a derechos básicos.
La historia de los derechos humanos demuestra que los retrocesos nunca comienzan con la eliminación explícita de los derechos, sino con la naturalización de discursos que los relativizan. Por eso, defender los derechos de las personas con discapacidad no constituye una reivindicación sectorial. Es defender el principio fundamental de que toda persona posee una dignidad inherente que no depende de su productividad económica, de su condición física o de su capacidad para adaptarse a las exigencias del mercado.
La pregunta que queda planteada es qué modelo de sociedad queremos construir. Una sociedad que reconozca a las personas con discapacidad como sujetos plenos de derechos o una sociedad que vuelva a tratarlas como objetos de asistencia, control o ajuste. Entre ambas opciones existe una diferencia profunda: la diferencia entre la inclusión democrática y la exclusión legitimada por el discurso de la eficiencia.
Yo seguiré defendiendo mi discapacidad como el sujeto de derechos que soy, plenamente consciente de que defendiendo mis derechos, defiendo el de los demás. El discurso de las derechas en el mundo dirigido a la individualidad, no busca otra cosa que la división social apelando a la vieja máxima “Divide y triunfaras”. Quienes aún mantenemos un pensamiento crítico activo, debemos promover la acción colectiva, invitando a la sociedad en general a sumarse en favor de la unión, del encuentro a pesar de las diferencias, de la búsqueda del consenso en el debate, generando nuevos criterios que nos lleven a desarrollar una sociedad mas justa y equitativa.