09/08/2026
8 de agosto de 2026.
Frente a las recientes declaraciones de la dirigencia estatal del partido MORENA en San Luis Potosí, es necesario señalar lo siguiente:
En cuanto se aprobó el Plan Estratégico de PEMEX, el fracking ya ha estado sobre la agenda de la Presidencia de la República, así como el territorio que este plan contempla en la región Huasteca y el norte del país. Para conocimiento de la dirigencia, dicho plan debió ser consultado previamente y no sucedió así. Asumirse con orgullo como huasteca exige defender el territorio con decretos y leyes en la mano, no guardar silencio cómplice ni actuar como vocera de contención de daños de PEMEX cuando se tramitan permisos de explosivos a espaldas del pueblo. ¿Dónde estuvo la dirigencia para defender a las comunidades indígenas? Simplemente fue omisa y pasiva.
Cuando se creó el grupo de expertos para analizar la viabilidad del fracking, se dio de facto el segundo paso para instrumentar el fracking en México, rompiendo la promesa de campaña de la 4T planteada en el compromiso 87 de sus 100 puntos para la transformación: la prohibición del fracking y de la minería a cielo abierto. ¿Dónde estuvo la dirigencia para proteger, como instituto político, los territorios, la vida, el agua y el suelo? ¿Dónde está su opinión técnica al respecto? Simplemente no existe, porque fue omisa y pasiva.
La declaración oficialista omite deliberadamente que PEMEX ha dejado de usar el término "fracking" en sus planes estratégicos debido al amplio rechazo popular, sustituyéndolo por tecnicismos como "explotación de yacimientos de geología compleja" o "recursos no convencionales". Asimismo, oculta que las solicitudes de explosivos no se limitaron a tres municipios, sino que abarcan una franja estratégica de la Huasteca que incluye a Tamuín, Ciudad Valles, San Vicente Tancuayalab, Tampamolón Corona, Tanquián, San Martín Chalchicuautla, Matlapa, Tamazunchale y Xilitla.
Es técnicamente falso e irresponsable sostener que el trámite del 30 de junio de 2026 (oficio PM-DEE-SE-GG-426-2026) ante los ayuntamientos para el manejo de explosivos no tiene relación con el fracking. Pretender reducir este trámite ante la SEDENA a un simple "mantenimiento de rutina" para cuidar pozos viejos en el campo San Pedro (San Antonio y Tanlajás) y el campo Limón (Ébano) es una falacia técnica: la dinamita no se usa para limpiar ni cuidar pozos inactivos, se usa para la prospección sísmica profunda. En la industria petrolera no se tramitan permisos de alto riesgo ni se gasta presupuesto en revivir pozos sin la orden explícita de reactivar la zona. La detonación de explosivos es el primer paso operativo e indispensable para mapear el subsuelo antes de la fractura hidráulica. Afirmar lo contrario es pretender engañar a la población y solo demuestra su incapacidad para informarse con fundamento.
Cabe destacar que la dirigencia estatal también estuvo ausente cuando PEMEX incurrió en absoluta mala fe al intentar obtener sellos de "conformidad" municipales de forma unilateral y a espaldas de las comunidades durante la coyuntura del Mundial de Fútbol. Intentar hablar de "consulta previa, libre e informada" cuando los permisos administrativos ya fueron tramitados de facto resulta extemporáneo y tramposo. De acuerdo con el Artículo 2° Constitucional y el Convenio 169 de la OIT, la decisión soberana reside en las asambleas comunitarias, las cuales han determinado formalmente su NO CONSENTIMIENTO a cualquier proyecto extractivo en la región.
Lo patético es que la dirigencia celebre la postura presidencial sobre el fracking, cuando celebrar esa postura es avalar la apertura del fracking en México —buscando afectar en una primera fase a los estados comprendidos en la cuenca de Burgos— y suponer ingenuamente que el solo anuncio de que la región Tampico-Misantla (donde se ubica la Huasteca) quedará al margen protegerá el territorio.
La verdad es que, mientras no exista una prohibición constitucional o decreto formal que prohíba de manera explícita y definitiva la fracturación hidráulica en todo el país, la palabra empeñada continúa sin traducirse en certezas jurídicas. En tanto la Ley de Hidrocarburos y los títulos de asignación de PEMEX Exploración y Producción (PEP) permanezcan intactos frente a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), las promesas políticas no son más que atole con el dedo.
El descontento en el territorio es real y palpable. Muestra de ello fue lo ocurrido el pasado 19 de julio en la comunidad indígena Tének de Pequetzén (Tancanhuitz), donde más de mil asistentes abandonaron masivamente una "asamblea informativa" de MORENA al percatarse del intento de utilizar los programas sociales federales y la recolección de firmas con fines de control político y apaciguamiento social. La dignidad de los pueblos originarios no está en venta ni se condiciona por intereses partidistas.
Exhortamos a las representaciones políticas y a las autoridades federales a dejar de actuar como voceros de contención de daños de la Presidencia de la República y de PEMEX, y a sumarse a las exigencias sustantivas:
• Prohibición constitucional definitiva del fracking en el territorio nacional.
• Revocación formal de las asignaciones petroleras de exploración y explotación no convencional en la cuenca Tampico-Misantla, así como en las cuencas de Burgos y Sabinas-Burro-Picachos.
• Modificación de la Ley de Hidrocarburos.
La defensa del agua, del territorio y de la vida en la Huasteca Potosina no se negocia con declaraciones sin sustento ni con simulación política.
Juan Felipe Cisneros Sánchez
Observatorio Indígena Mesoamericano.
