04/06/2026
𝗥𝗘𝗖𝗧𝗢𝗥𝗔𝗗𝗢 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗨𝗡𝗦𝗖𝗛 𝗢𝗣𝗧𝗔 𝗣𝗢𝗥 𝗟𝗔 𝗗𝗘𝗡𝗨𝗡𝗖𝗜𝗔 𝗣𝗘𝗡𝗔𝗟 𝗔𝗡𝗧𝗘 𝗣𝗥𝗢𝗧𝗘𝗦𝗧𝗔 𝗘𝗦𝗧𝗨𝗗𝗜𝗔𝗡𝗧𝗜𝗟
Denuncia a sus propios estudiantes.
La crisis en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga (UNSCH) parece haber ingresado a una etapa de mayor confrontación. En lugar de abrir espacios de diálogo con los estudiantes que mantienen medidas de protesta en la Ciudad Universitaria, las autoridades optaron por recurrir al Ministerio Público para denunciar penalmente a quienes participaron en el cierre del campus.
La denuncia, presentada el pasado 29 de mayo de 2026 por el apoderado judicial de la universidad, Jorge Edwind Chenett García, con el respaldo de la gestión encabezada por el rector Emilio Ramírez Roca, califica las acciones estudiantiles como presuntos actos delictivos y solicita que se identifique y procese a los responsables.
El documento atribuye a los manifestantes posibles delitos de coacción y entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos, figuras penales que podrían derivar en severas sanciones, incluyendo p***s privativas de libertad.
La decisión ha generado cuestionamientos dentro y fuera de la comunidad universitaria. Diversos sectores consideran que la respuesta de las autoridades refleja una preocupante falta de voluntad para abordar el conflicto mediante mecanismos institucionales y democráticos, privilegiando la judicialización de la protesta antes que la búsqueda de consensos.
Uno de los aspectos más polémicos de la denuncia es el pedido expreso para que la Fiscalía coordine con la Policía Nacional la realización de controles de identidad en los accesos a la universidad, con el propósito de identificar a quienes participan en las movilizaciones. Para los críticos de la medida, esta solicitud constituye una señal de endurecimiento frente a la protesta estudiantil y podría interpretarse como un intento de intimidar a los dirigentes y participantes del movimiento.
La controversia pone nuevamente sobre la mesa el debate sobre los límites entre la defensa del orden institucional y el respeto a los derechos fundamentales de los estudiantes. Si bien las autoridades tienen la responsabilidad de garantizar el funcionamiento de la universidad, también están llamadas a promover el diálogo y la participación como mecanismos de solución de conflictos.
Resulta paradójico que una institución cuya esencia es la formación crítica, el debate de ideas y la construcción de ciudadanía recurra primero a la vía penal antes que a procesos amplios de negociación. Más aún cuando las protestas estudiantiles suelen responder a demandas relacionadas con la gestión universitaria y la calidad de los servicios educativos.
Mientras la investigación fiscal sigue su curso, la comunidad universitaria espera que prevalezca la sensatez y que las diferencias puedan resolverse mediante el diálogo. La criminalización de la protesta no solo profundiza las tensiones internas, sino que corre el riesgo de debilitar la confianza entre autoridades y estudiantes, un elemento indispensable para la gobernabilidad de cualquier universidad pública.
