17/07/2026
Liberamos el 𝗜𝗡[forme) 05 del 1 de julio:
𝗘𝗹 𝗽𝗮𝗰𝘁𝗼 𝗱𝗲 𝗹𝗮𝘀 𝗺á𝗾𝘂𝗶𝗻𝗮𝘀
𝘊𝘶𝘢𝘯𝘥𝘰 𝘦𝘭 𝘮𝘢𝘳𝘤𝘰 𝘭𝘦𝘨𝘢𝘭 𝘱𝘦𝘳𝘮𝘪𝘵𝘦 𝘳𝘦𝘦𝘮𝘱𝘭𝘢𝘻𝘢𝘳 𝘤𝘪𝘶𝘥𝘢𝘥𝘢𝘯𝘰𝘴 𝘱𝘰𝘳 𝘢𝘭𝘨𝘰𝘳𝘪𝘵𝘮𝘰𝘴, 𝘦𝘭 𝘌𝘴𝘵𝘢𝘥𝘰 𝘢𝘣𝘥𝘪𝘤𝘢 𝘥𝘦 𝘴𝘶 𝘱𝘳𝘰𝘱𝘪𝘢 𝘳𝘢𝘻ó𝘯 𝘥𝘦 𝘴𝘦𝘳.
El ecosistema normativo argentino está cruzando una frontera que va mucho más allá de la flexibilización económica. Entre la reforma de la Ley de Sociedades, que habilita las "sociedades automatizadas", el Super RIGI y el ingreso al Pax Silica, el país está armando, sin saberlo, la segunda fase de lo que en nuestro 𝗜𝗡[forme] #002 definimos como el fenómeno TerMileitor, la automatización del control político que Harari empezó a describir antes que nadie. Estamos frente a un nuevo escalón peligroso, la letra chica de estas tres leyes que, leídas juntas, delegan la soberanía del territorio a corporaciones sin patrimonio ejecutable ni trabajadores humanos.
El contrato social de cualquier Estado se sostiene en una ecuación simple: derechos y obligaciones a cambio de seguridad y representación. Lo que está habilitando este marco normativo no es modernización, es la automatización de la propia obsolescencia del ciudadano como interlocutor del Estado.
𝗧𝗿𝗲𝘀 𝘀𝘂𝗽𝘂𝗲𝘀𝘁𝗼𝘀, 𝘂𝗻 𝗺𝗶𝘀𝗺𝗼 𝗱𝗲𝘀𝘁𝗶𝗻𝗼
𝗦𝗨𝗣𝗨𝗘𝗦𝗧𝗢 𝟭 — 𝗥𝗘𝗦𝗣𝗢𝗡𝗦𝗔𝗕𝗜𝗟𝗜𝗗𝗔𝗗 𝗗𝗜𝗟𝗨𝗜𝗗𝗔
El proyecto de reforma a la Ley de Sociedades incorpora la figura de personas jurídicas con responsabilidad limitada que operan por algoritmos, sin estructura de personal. Combinado con los beneficios del Super RIGI, una multinacional podría registrar una "sociedad automatizada" local para gestionar infraestructura de datos o trazabilidad de minerales. Si el algoritmo comete un error crítico, contamina, infringe una normativa financiera, la responsabilidad se diluye en código descentralizado.
Alguien en el Congreso se preguntó: ¿el Estado le otorga estatus de corporación a un sistema sin patrimonio real ejecutable ni personas físicas a quienes imputar de forma directa?
𝗦𝗨𝗣𝗨𝗘𝗦𝗧𝗢 𝟮 — 𝗘𝗠𝗣𝗟𝗘𝗢 𝗖𝗘𝗥𝗢
Los países suelen aceptar ceder su soberanía fiscal a cambio de una contraprestación social clara: empleo legítimo. El propio texto del Super RIGI exige contratar 20% de proveedores y mano de obra local calificada, pero sólo "𝘀𝗶𝗲𝗺𝗽𝗿𝗲 𝘆 𝗰𝘂𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗹𝗮 𝗼𝗳𝗲𝗿𝘁𝗮 𝗹𝗼𝗰𝗮𝗹 𝗲𝘀𝘁é 𝗱𝗶𝘀𝗽𝗼𝗻𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗲𝗻 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗶𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗺𝗲𝗿𝗰𝗮𝗱𝗼". Esa cláusula, sumada al instrumento legal que da la Ley de Sociedades para operar sin personal, dinamita el argumento que se usó para venderlo: terminamos cediendo soberanía fiscal a cambio de cero empleo y cero desarrollo productivo asociado.
𝗦𝗨𝗣𝗨𝗘𝗦𝗧𝗢 𝟯 — 𝗭𝗢𝗡𝗔 𝗙𝗥𝗔𝗡𝗖𝗔 𝗗𝗜𝗚𝗜𝗧𝗔𝗟
Si el objetivo declarado de sumarse al Pax Silica era escalar en la cadena global del conocimiento, habilitar inversión bajo un esquema sin personal e hiper-desregulado produce el efecto inverso. El resultado más probable no es atraer centros de innovación, sino importar la fricción que otros países ya no quieren: consumo energético masivo, impacto ambiental de la minería de litio, enfriamiento de servidores. Nos volveríamos una red de zonas francas digitales, mientras el procesamiento de valor real se coordina en un servidor del otro lado del mundo.
𝗦𝗜 𝗟𝗔 𝗟𝗘𝗚𝗜𝗦𝗟𝗔𝗖𝗜Ó𝗡 𝗩𝗔𝗟𝗜𝗗𝗔 𝗔𝗖𝗧𝗢𝗥𝗘𝗦 𝗘𝗖𝗢𝗡Ó𝗠𝗜𝗖𝗢𝗦 𝗖𝗢𝗡 𝗘𝗫𝗘𝗡𝗖𝗜𝗢𝗡𝗘𝗦 𝗜𝗠𝗣𝗢𝗦𝗜𝗧𝗜𝗩𝗔𝗦 𝗘𝗫𝗧𝗥𝗘𝗠𝗔𝗦 𝗤𝗨𝗘 𝗘𝗦𝗤𝗨𝗜𝗩𝗔𝗡 𝗘𝗟 𝗘𝗠𝗣𝗟𝗘𝗢 𝗗𝗘 𝗣𝗘𝗥𝗦𝗢𝗡𝗔𝗦, 𝗘𝗟 𝗖𝗜𝗨𝗗𝗔𝗗𝗔𝗡𝗢 𝗗𝗘𝗝𝗔 𝗗𝗘 𝗦𝗘𝗥 𝗘𝗟 𝗙𝗜𝗡 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗣𝗢𝗟Í𝗧𝗜𝗖𝗔 𝗣Ú𝗕𝗟𝗜𝗖𝗔 𝗣𝗔𝗥𝗔 𝗣𝗔𝗦𝗔𝗥 𝗔 𝗦𝗘𝗥 𝗨𝗡 𝗖𝗢𝗦𝗧𝗢 𝗔𝗡𝗔𝗟Ó𝗚𝗜𝗖𝗢 𝗗𝗘𝗦𝗖𝗔𝗥𝗧𝗔𝗕𝗟𝗘.
𝗘𝗹 𝗘𝘀𝘁𝗮𝗱𝗼 𝗧𝗲𝗿𝗠𝗶𝗹𝗲𝗶𝘁𝗼𝗿 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗹𝗲𝘁𝗮 𝗲𝗹 𝗰𝗶𝗰𝗹𝗼
Para Hobbes, el pacto que funda al Estado tiene una condición que rara vez se discute: es recíproco. El soberano necesita súbditos tanto como estos necesitan su protección. Sin esa necesidad mutua, no hay razón para que el pacto se sostenga. Lo que estas tres normas habilitan es la ruptura de esa reciprocidad: un Estado que sigue cobrando lealtad e impuestos, pero ya no necesita al ciudadano para producir ni para gobernar. Un territorio poblado por máquinas, donde el código reemplaza a la ley y el ciudadano queda a merced de la naturaleza. Ni Hobbes se animó a tanto.
La ventana legislativa para introducir salvaguardas, trazabilidad de responsabilidad algorítmica, pisos de empleo real no condicionados a "disponibilidad de mercado", auditoría ambiental específica para centros de datos y minería de litio y todo elemento que pueda prevenir la eliminación del ciudadano sigue abierta mientras estos proyectos avanzan en comisión. Una vez que el marco quede sancionado tal como está redactado, la discusión deja de ser legislativa y pasa a ser judicial, con el Estado litigando para recuperar potestades que él mismo cedió por escrito.
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