Iuris & Iuris

20/04/2017

!

El juez penal de la localidad sanjuanina de Jachal, Pablo Oritja, le ordenará a Salud Pública de esa provincia que realice análisis a más de 300 pobladores de ocho pueblos cercanos al lugar del hecho.

16/04/2017

08/04/2017

Córdoba 8 de Abril de 2017.

Comunicado de prensa.

Asunto: Veladero - Denuncia presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ( C.I.D.H.) - Últimas novedades.

El 28 Octubre de 2016 la Consultora Iuris & Iuris representada por sus socios el Dr. Fabián M. Manrique, la Dra. Laura F. Garrido Peralta y el Dr. Pablo A. Luque presentaron una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (C.I.D.H.) con sede en Washington D.C. dada la compleja situación y actual estado de gravedad que se presenta en la Mina Veladero, Provincia de San Juan, debido a los derrames de cianuro producidos en el valle de lixiviación y las manifiestas consecuencias que de ello se han derivado.

Recientemente en el día de ayer los mencionados letrados fueron notificados fehacientemente de que la denuncia presentada ya se encuentra siendo estudiada preliminarmente en la sede del mencionado organismo.

Estamos convencidos y anhelamos que el compromiso legal, social, y ambiental que nos motivó a presentar la pertinente denuncia sea el eje desde donde finalmente se pueda brindar una justa respuesta a todas las personas afectadas y que sea la C.I.D.H. quien evalúe el real estado de situación y disponga así las medidas necesarias y urgentes para que cesen de manera efectiva e inmediata de esta manera las actividades que tantos perjuicios ocasionan en el medio ambiente y en la salud, vida, bienestar de muchos argentinos.

07/04/2017

Último momento❗Novedades❗ 📌📕.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ( C.I.D.H.) desde Washington D.C. analiza seriamente y estudia en estos momentos la denuncia realizada por Iuris & Iuris por los derrames que se vienen sucediendo en la Mina Veladero, Provincia de San Juan .Así lo informó y notificó en el día de la fecha el mencionado organismo a nuestra consultora.

07/04/2017

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29/03/2017

Se produjo un derrame de

29/03/2017

Mediante un fallo divulgado ayer, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) resolvió que los jueces deben jubilarse a los 75 años, dando por válidas la facultades establecidas en la Convención Constituyente de 1994. En el pronunciamiento, el Máximo Tribunal dispuso como excepción que los magistrados que alcancen esa edad obtengan el aval del Senado y del presidente de la Nación para seguir en su cargo.

La sentencia, difundida por el Centro de Información Judicial, dejó atrás lo decidido en el “fallo Fayt”, en 1999, en el cual la Corte -con otra composición- había declarado que era nulo el artículo 99, inciso 4°, tercer párrafo introducido por la reforma constitucional de 1994.

La parte señalada exigía a los jueces que pretendieran seguir en funciones después de cumplir la edad de 75 años que obtuvieran un nuevo acuerdo del Senado y un nuevo nombramiento del Presidente de la Nación para mantenerse en el cargo.

La decisión tomada ahora por la Corte fue adoptada en el marco de una causa iniciada por el camarista federal de La Plata Leopoldo Schiffrin, quien ahora, al igual que otros 70 u 80 magistrados -según estimaron fuentes judiciales-, deberá necesitar de una ratificación del Senado para seguir en el cargo.

El portal de noticias de la Corte destacó que el fallo restablece “la potestad del Congreso y del Presidente -como poderes políticos reconocidos por la Constitución- de ejercer las funciones que el constituyente reformador les otorgó para decidir como representantes del pueblo si un juez puede continuar ejerciendo su función después de los 75 años”.

En la resolución, el Máximo Tribunal dispuso que “la doctrina utilizada en el caso Fayt debe ser abandonada y sustituida por un nuevo estándar de control, que sea deferente y respetuoso de la voluntad soberana del pueblo”.

Así resolvió la mayoría de los jueces, integrada por Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti . En disidencia votó el juez Carlos Rosenkrantz .

29/03/2017

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28/03/2017

La Justicia de Córdoba desestimó ayer la acción de habeas corpus correctivo a favor de los jóvenes en conflicto con la ley penal alojados en el Complejo Esperanza, presentada el 10 de marzo por las legisladoras Elisa Caffaratti (UCR), Liliana Montero (Córdoba Podemos) y Soher el Sukaría (PRO), tras el conflicto suscitado en la institución a raíz de un reclamo laboral de varios guardias.

La decisión la tomó el juez Penal Juvenil de 1ª Instancia, José González del Solar, debido a que la Provincia retiró guardiacárceles del Servicio Penitenciario del complejo horas después de la presentación del habeas corpus .

El juez consideró que debe existir un agravamiento de las condiciones de detención de los internos para que proceda el habeas corpus , algo que las legisladoras habían entendido que podría subsistir luego de una inspección ocular que se hizo el 22 de marzo.

González del Solar rechazó la acción judicial porque no existe hoy “ni se advierte como inminente un agravamiento ilegítimo de las condiciones en que se cumple la privación de libertad”.

Igualmente, trascendió que la Justicia instó a los funcionarios provinciales a resolver el conflicto con los guardias y que envió las actuaciones al Ministerio Público Fiscal para que investigue presuntos delitos por maltrato a internos.

Según las legisladoras, la inspección reveló que unos 19 guardias aún no fueron reemplazados, pese a la orden del Gobierno provincial. “Esto puede afectar la seguridad y la calidad del acompañamiento de los jóvenes”, dijeron.

De acuerdo con el juez, al momento de la inspección se habían restablecido las actividades, los guardias y las educadoras sociales habían vuelto a sus funciones, y los talleres seguían brindando oportunidades a los internos.

Otra cara de la moneda

Del Solar reconoce que las autoridades tuvieron “suficiente diligencia” al hacer ingresar guardias del Servicio Penitenciario.

Un aspecto importante de la resolución del juez es la remisión de antecedentes al Ministerio Público Fiscal para que investigue si constituyen delitos posibles hechos de violencia en el complejo.

Las legisladoras dicen que, si bien las autoridades niegan maltrato durante el conflicto con los guardias, un informe de la titular de la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Amelia López, sostiene que el 7 de marzo se constataron “episodios de violencia física” a los jóvenes “en el sector 4 del Nuevo Sol”.

Registros médicos que figuran en el expediente, solicitados por las legisladoras, revelan la existencia de heridas cortantes en los jóvenes y que, en muchos casos, los médicos no pudieron ingresar a revisarlos “porque el Servicio Penitenciario no lo permitió”.

El Complejo Esperanza está Camino a 60 Cuadras, en Bouwer. Hay 218 niños y jóvenes. Depende de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf). Según el informe de López, 57 son mayores y, en algunos casos, comparten el mismo espacio físico de los menores. Continúa: “Había 34 adolescentes de 14 y 15 años, inimputables”.

Las legisladoras también pidieron testimonios de médicos y filmaciones de las cámaras de seguridad para verificar maltratos.

En su resolución, el juez pidió a la Senaf que defina las funciones de los guardias y las educadoras. Sobre el conflicto, advirtió que no estaría “superado”, con “el regreso de los agentes al servicio”.

28/03/2017

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27/03/2017

⚖️ 👔👜

27/03/2017

Un preso alojado en Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reclamó la inmediata asignación de trabajo en la unidad, para responder a las necesidades de su familia.

Según consta en la causa, el demandante se encuentra detenido a disposición del Tribunal Oral en lo Criminal, afectado a una causa que se encuentra en pleno trámite, no habiéndose dictado condena en dichas actuaciones. A su vez, se estableció que su ingreso a dicha unidad data del 25 de octubre pasado.

Por su parte, en ésta se informó que, al ser procesado y no condenado, no tenía prioridad para que se le otorgaran tareas laborales, que recién se estaban asignando plazas a los ingresados en el mes de septiembre último y que, si bien los cupos se abrían todos los meses, dependían de las bajas, estimándose que durante el mes de marzo se estaría en condiciones de incorporar a los talleres al interno.

En ese contexto, los integrantes del tribunal, Carlos González y Juan Esteban Cicciaro, sostuvieron que las circunstancias mencionadas desechan la existencia de acciones deliberadas, procedentes de los integrantes del Servicio Penitenciario Federal, tendientes a agravar sus condiciones de detención, ya que quedó en evidencia que las altas laborales dependen de la existencia de cupos disponibles y que las incorporaciones se producen con base en un listado que contempla las fechas de ingreso al establecimiento de los detenidos y su condición procesal.

En ese sentido, los magistrados resolvieron rechazar la acción de hábeas corpus interpuesta