09/02/2026
Cuando un cartonero o una cartonera habla de cuidado ambiental, economía circular o gestión sustentable de residuos, no está repitiendo conceptos aprendidos en un seminario ni citando manuales técnicos: está hablando desde la práctica diaria. Desde el cuerpo. Desde el trabajo. Desde la calle. Sin embargo, la pregunta incómoda sigue vigente: ¿la sociedad realmente escucha esa voz como una voz autorizada?
Existe una contradicción profunda en cómo funciona la opinión pública. Por un lado, crece el discurso ambiental, la preocupación por el reciclaje y la economía circular. Por otro, quienes sostienen materialmente gran parte de esa economía circular —los recuperadores urbanos— muchas veces no son reconocidos como especialistas de su propio campo. Se celebra la teoría, pero se desconfía de la experiencia cuando proviene de sectores populares.
El cartonero sabe de separación en origen, de clasificación de materiales, de cadenas de valor del reciclaje y de reducción de residuos mucho antes de que esos conceptos se vuelvan tendencia. Sabe qué se recupera, qué no, qué contamina, qué sirve, qué tiene mercado y qué termina enterrado. Su conocimiento es técnico, aunque no tenga diploma. Es ambiental, aunque no use jerga académica. Es gestión sustentable, aunque no lo llame así.
Pero esta discusión no es solo simbólica: tiene consecuencias concretas. Hay territorios donde la voz de los recuperadores fue escuchada —aunque haya costado— y los resultados fueron transformadores.
En más de una ciudad, basurales a cielo abierto que durante años fueron zonas de quema, humo tóxico y trabajo infantil comenzaron a cerrarse cuando se organizó a quienes trabajaban allí. Donde antes había montañas de residuos mezclados, hoy existen plantas de clasificación gestionadas por cooperativas. Donde antes se revolvía basura sin protección, hoy hay cintas de separación, elementos de seguridad y venta directa de materiales recuperados. No fue magia ni filantropía: fue organización, reconocimiento y política pública combinada con saber territorial.
Las historias se repiten con variaciones: grupos de familias que vivían del cirujeo informal pasan a formar parte de cooperativas; dejan de depender de intermediarios que pagan monedas y empiezan a comercializar de forma colectiva; acceden a credenciales, ingresos más previsibles, cobertura de salud, equipamiento y capacitación. El impacto no es solo económico. Cambia la identidad: de “hurgadores” a trabajadores ambientales. De invisibles a actores del sistema.
La inclusión social real no ocurre cuando se los menciona en un discurso, sino cuando se modifican las reglas del juego. Cuando se les paga por el servicio ambiental que prestan. Cuando participan en el diseño de los sistemas de recolección diferenciada. Cuando entran a escuelas y barrios a dar talleres de separación en origen. Cuando su cooperativa firma convenios con municipios. Cuando su saber deja de ser tolerado y pasa a ser consultado.
También cambia la ciudad. Los basurales a cielo abierto no desaparecen solo con máquinas: desaparecen cuando hay circuito de recuperación. Cuando hay separación en origen. Cuando hay logística social del reciclaje. Y esa logística tiene nombre y rostro: recuperadoras y recuperadores urbanos que conocen el territorio cuadra por cuadra.
El problema de legitimidad, entonces, no es menor. En muchos casos, la autoridad de la palabra sigue estando asociada al traje, al cargo, al título o al micrófono mediático. Cuando el mismo mensaje lo da una empresa, un consultor o un funcionario, se percibe como información. Cuando lo da un cartonero, a veces se percibe como testimonio. Y no es lo mismo. El testimonio se escucha; la información se cree. Pero aquí ocurre algo que incomoda: el testimonio contiene información experta.
Hay un sesgo de clase que opera silenciosamente. Aún cuesta reconocer que desde los sectores más golpeados pueden surgir saberes complejos sobre sustentabilidad, economía y gestión. Como si la pobreza cancelara la capacidad de producir conocimiento válido. Sin embargo, la evidencia en territorio muestra lo contrario: muchos sistemas de reciclaje funcionan mejor cuando incluyen a las cooperativas que cuando las excluyen o las reemplazan.
Tomar en serio la voz cartonera no es un gesto de corrección política: es una necesidad de eficacia ambiental y de justicia social. No hay economía circular real sin quienes recuperan materiales. No hay eliminación sostenible de basurales sin inclusión laboral de quienes trabajaban en ellos. No hay educación ambiental completa si no incorpora a quienes tocan los residuos todos los días. No hay gestión sustentable si se diseña de espaldas a quienes sostienen el sistema desde abajo.
Escuchar esa voz no es dar lugar por caridad. Es reconocer autoridad donde hay experiencia. Y entender que, muchas veces, las soluciones no bajan desde arriba hacia abajo: se construyen desde el territorio hacia la política pública.
