14/08/2026
𝐌𝐢 𝐜𝐚𝐫𝐫𝐞𝐫𝐚 𝐦𝐞 𝐝𝐞𝐟𝐫𝐚𝐮𝐝𝐨́ - 𝐀 𝟑𝟕 𝐚𝐧̃𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐋𝐢𝐜𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐞𝐧 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐒𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐞𝐧 𝐒𝐚𝐧𝐭𝐢𝐚𝐠𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐄𝐬𝐭𝐞𝐫𝐨, 𝐮𝐧𝐚 𝐦𝐢𝐫𝐚𝐝𝐚 𝐜𝐫𝐢́𝐭𝐢𝐜𝐚 𝐬𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐬𝐮 𝐞𝐯𝐨𝐥𝐮𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐲 𝐬𝐮 𝐢𝐦𝐩𝐚𝐜𝐭𝐨 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐦𝐞𝐫𝐜𝐚𝐝𝐨 𝐥𝐚𝐛𝐨𝐫𝐚𝐥.
Este año, la Licenciatura en Comunicación Social en Santiago del Estero cumple 37 años desde su creación en el año 1989. A casi medio siglo de existencia, parecería persistir un diagnóstico que incomoda: la carrera atravesaría una profunda crisis de identidad profesional.
La formación universitaria habilita a los egresados como licenciados con incumbencias estratégicas: diseñar, planificar y gestionar procesos de comunicación que ordenen y mejoren las relaciones humanas, organizacionales y comunitarias. Sin embargo, la realidad laboral mostraría otra cara: intrusismo, precarización, subocupación y un mercado que no reconoce esa habilitación.
En la práctica, los egresados rara vez encuentran búsquedas laborales específicas para licenciados en Comunicación Social en Santiago del Estero. En muchos casos, terminan reinsertándose en otros campos, regresando a estudiar nuevas carreras o aceptando empleos técnicos vinculados a oficios como fotografía, diseño gráfico o producción audiovisual.
El contraste es evidente: una carrera universitaria que promete habilitación profesional, pero que en la experiencia concreta no lograría traducirse en estabilidad ni reconocimiento laboral. Para muchos egresados, el retorno de la inversión —en tiempo, dinero y esfuerzo— habría sido mínimo o incluso inexistente.
Resulta curioso teniendo en cuenta que la propia Universidad que la imparte, la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE), guía sus principios por la Doctrina Social de la Iglesia, donde hay un antecedente claro del año 1981, es decir, ocho años antes de la creación de la carrera: la Encíclica Laborem Exercens, publicada por el Papa Juan Pablo II, donde el mismo hace referencia al trabajo como factor de la dignidad humana, y todo lo que conlleva no poder acceder a él.
Asimismo, es importante recalcar que el plan de estudios que venía siendo dictado provenía del año 2000, habiéndose cambiado el año pasado aparentemente sin una convocatoria de participación pública a graduados. Dicha habilitación contemplaba también un Profesorado, aunque su primera cohorte se abrió el año 2015, bajo el nombre “Profesorado Universitario en Comunicación Social”, para cambiarse de manera poco transparente para la segunda cohorte, abierta el año 2016, en la cual el nombre había cambiado a “Profesorado de Comunicación Social”, lo que generaría la sospecha de que no contaban con las habilitaciones pertinentes para el primer dictado y por ello habrían tenido que recurrir a algún recurso “gráfico” en las publicaciones promocionales destinadas a potenciales interesados.
Esto lleva a un punto especialmente polémico de la carrera, que es el dictado de clases por parte de técnicos, o inclusive docentes con muy poco tiempo de egresados, a veces con menos de un año, que habrían cursado sus respectivas carreras con el plan 2000, dando ahora hasta cátedras del plan 2025 que no existían en el mismo.
Esto puede ser consultado en las propias publicaciones oficiales en redes sociales, donde por un lado se felicita a los graduados, indicándose la fecha en que se recibieron, y por otro se puede comparar con la planta docente publicada por los mismos canales.
Esto abriría interrogantes sobre la idoneidad académica: ¿cómo es posible que quienes no han transitado suficiente experiencia profesional validada posterior a su graduación sean quienes guíen a nuevos estudiantes? ¿Cómo, habiendo egresados con títulos habilitantes para ejercer como Profesores, expedidos por la propia institución, no tienen estos espacios? Algunos podrían defender estas designaciones de recién recibidos (inclusive en algunos casos con tesis hechas de a dos personas, una modalidad implementada hace unos años para facilitar la graduación, pero que claramente “bajaría la vara” del mérito académico frente a alumnos que tuvieron que hacerla solos) con el argumento de que podrían tener “experiencia previa” en oficios relacionados o cursos fuera del ámbito de la educación formal y, sobre todo, superior.
Sin embargo, aceptar esa lógica implicaría que la universidad valida el oficio por encima de la profesión, contradiciendo la esencia misma de los estudios superiores, y haciendo cuestionarse si realmente deberían existir o no, porque el mensaje podría ser que “en esencia, la carrera valida cosas que no necesitan validación, entonces… ¿por qué estudiarla y no formarse en otros ámbitos sin estándares de calidad aprobados, sin profesores tomando exámenes, sin tesis y con menor costo?”.
Este podría haber sido el camino elegido por muchos que desertaron de la carrera, ya que podrían haber preferido invertir “por fuera”, por ejemplo en tecnología o cursos cortos, compitiendo luego en un mercado sin la existencia de regulaciones con profesionales universitarios con título habilitante. Es decir, estarían incurriendo en intrusismo profesional.
A esto se sumaría la confusión generada por los títulos intermedios (tecnicaturas) que estarían fragmentando la identidad profesional. Mientras que en otras disciplinas la diferencia entre título intermedio y licenciatura es clara —procuradores y abogados, decoradores de interiores y arquitectos, por ejemplo—, en Comunicación Social esa frontera parecería difusa, reforzando la percepción de que la carrera “no define claramente qué hace un comunicador profesional”.
Uno de estos títulos intermedios que venía dictándose en el Plan 2000, Tecnicatura en Periodismo, podría incluso ser el responsable de la imposibilidad de colegiación que tiene esta profesión, ya que la propia institución confundiría ambas disciplinas, que tienen incumbencias profesionales distintas, llegando incluso a haber firmado convenios con la Escuela Superior de Periodismo Mariano Moreno (Santiago del Estero) y el Colegio Universitario de Periodismo (Córdoba), por el cual sus graduados podrían hacer un ciclo complementario breve para recibirse también de Licenciados en Comunicación Social.
En ese contexto, los intentos de colegiación habrían sido varios durante estos 37 años, pero todos fracasaron.
Esto es particularmente importante ya que, si las incumbencias profesionales publicadas por la misma Universidad en sus comunicaciones oficiales se muestran diferentes, en la práctica luego las estarían confundiendo, lo que provocaría un terreno difícil para los licenciados al pensar en una colegiación que proteja sus intereses, tal y como están amparados por la ley, ya que se argumenta que esto atentaría contra la libertad de expresión y el derecho a la información. Sin embargo, si entendemos que las incumbencias de un licenciado son estratégicas y trascienden al periodismo, no se enfrentarían a ese problema.
Hay algo que también vale la pena mencionar con respecto al nuevo plan de estudios del año 2025: no parece haber evidencia de una convocatoria abierta para su formulación en los canales oficiales de la carrera, así como tampoco una presentación formal y pública a los graduados posterior a su implementación.
Esto plantearía aún más dudas si se accede a los canales digitales de la carrera, donde las publicaciones parecen haberse volcado más a difundir incumbencias relacionadas al periodismo y al cine, que contrastándolas con la planta docente que sí se publicó por medios oficiales como ya mencionamos, mostraría una concentración de cátedras en docentes específicos de estas áreas, así como también la apertura de espacios para los mismos, como un cineclub o un programa de radio destinado al cine, los cuales serían bastante difundidos en dichas redes.
No se trata de acusar a nadie, pero sí de visibilizar posibles conflictos de intereses dentro del ámbito académico.
Si estos docentes hubieran formado parte de la elaboración del nuevo plan de estudios, y como resultado de ello ocuparían varias cátedras así como también la dirección de estos espacios extracurriculares, podríamos estar ante un conflicto de intereses, ya que se habrían beneficiado del proceso.
Sumado a esto, se habrían firmado convenios publicados en las redes oficiales en donde se ofrece a los estudiantes hacer sus prácticas pre-profesionales, requisito obligatorio para acceder al título intermedio, en espacios donde docentes mismos que dictan cátedras son los directores o titulares.
Con todo esto, sería lógico preguntarse si todos los estudiantes tienen realmente las mismas oportunidades de acceder a dichos títulos intermedios, ya que estarían siendo evaluados por las mismas personas que los estarían guiando en sus prácticas, lo cual los pondría en una posición de ser “juez y parte” en algo tan delicado: estos docentes tendrían al alcance de la mano la posibilidad de aprobar a quienes estén bajo su supervisión, así como de desaprobar a quienes se formen en otros espacios, con el consecuente bloqueo de su titulación, lo que ofrecería un poder desleal de control de la competencia en el mercado laboral.
En ese sentido, se supone que una universidad debería ser, ante todo, un espacio de formación plural, transparente y equitativo, donde las decisiones académicas no se confundan con intereses personales o conveniencias particulares.
Por otro lado, la subvaloración local agravaría el problema. Mientras se contrataría y se estaría pagando cifras elevadas a profesionales formados en otros lugares, como Córdoba o Buenos Aires, porque se supone que su formación es “diferente y por ello, superior”, los licenciados santiagueños, con igual o mayor preparación, son relegados. Este complejo de inferioridad terminaría condenando a los profesionales locales a la precarización.
Esta subvaloración podría tener su origen en la propia forma de comunicar que la carrera ha adoptado para sí misma: la llamada Semana de la Comunicación, que se lleva a cabo cada octubre y proviene también de “ferias” que se realizaban con anterioridad y hoy siguen vigentes pero dentro del marco más amplio de dicha Semana como evento, donde se muestra a los estudiantes con stands de emprendimientos de alimentos, dibujos, artesanías y más. Asimismo, también se incluyen juegos, expresiones artísticas (teatro, danza, acrobacias en telas) y conversatorios que desvirtuarían la licenciatura, ya que mayormente abordan temas incumbentes a las tecnicaturas, así como también parecería no haber una curaduría pertinente (con ejemplos como conversatorios sobre la elaboración de juegos de mesa, la moda y una “joda” que se realiza en la provincia, por citar algunos casos).
La situación no sólo plantea un dilema académico, sino también ético: ¿qué mensaje se estaría transmitiendo a los estudiantes y a las familias que invierten en educación superior si después de cuatro años, una tesis y, como reconocimiento a su esfuerzo, un título universitario que debería ser habilitante, la salida laboral es prácticamente inexistente?
La crisis podría no radicar en la falta de talento ni de vocación, sino en la falta de un debate público y profundo sobre el lugar del comunicador profesional en la sociedad. Callar el problema es perpetuarlo; hablarlo es el primer paso para transformarlo.
Hoy, a 37 años de la creación de la carrera en la provincia, el desafío es claro: redefinir la identidad profesional, exigir reconocimiento laboral real y dignificar una profesión que, hasta ahora, parecería atrapada entre la confusión y la invisibilidad, con consecuencias reales en la calidad de vida de quienes en su momento confiaron en ella esperando a futuro tener estabilidad laboral y seguridad económica, tanto para ellos como para sus familias, como ocurre con otras profesiones que sí gozan de reconocimiento social y laboral porque, en definitiva, para eso se invierte en una carrera universitaria.
Y somos generaciones enteras los que habríamos invertido, confiamos, y hoy, nos sentimos defraudados.
Lic. Diego J. Bossi - Graduado con honores en el año 2016 - Tesis defendida y aprobada con calificación 10 - Beca Banco Santiago del Estero años 2011, 2012 y 2013, otorgada a los 10 mejores promedios de la universidad // Instagram:
