10/05/2026
Investigación revela que Abelardo de la Espriella hizo negocios con testaferro del Cártel del Norte del Valle
Una investigación periodística de CasaMacondo reveló que el candidato presidencial Abelardo de la Espriella realizó negocios con Santiago Barón Soto, un empresario señalado por la Fiscalía como testaferro del Cártel del Norte del Valle, vinculado a los narcotraficantes Álvarez Meyendorff.
El hallazgo se desprende del análisis de los registros notariales del patrimonio de De la Espriella. En mayo de 2010, el abogado hipotecó el apartamento 101 del edificio Lawyers Center en Bogotá —su centro de operaciones— a favor de Barón Soto. En agosto de ese mismo año, firmó una escritura de aclaración en la que se reconoció deudor del empresario por 300 millones de pesos, una cifra que superaba en 90 millones el valor de compra del inmueble, un margen de endeudamiento inusual para un activo recién adquirido.
Lo que los registros notariales no revelaban, pero sí los expedientes de la Fiscalía, es la identidad de Santiago Barón Soto. Un informe de policía judicial de 2020 lo vincula como propietario de un lote en la Parcelación Santillana, en Guaymaral, un bien que tiene inscrito un embargo por extinción de dominio desde 2013. La medida surgió tras las investigaciones contra los hermanos y narcotraficantes palmiranos Álvarez Meyendorff, quienes radicaron su sede criminal en Argentina para evadir a los tribunales colombianos.
Documentos federales en Estados Unidos señalan que el clan de los Álvarez Meyendorff, históricamente vinculado con el Cártel del Norte del Valle, utilizó tecnología de punta, como minisubmarinos, para exportar toneladas de co***na, mientras Barón Soto aparecía en el radar doméstico como propietario de bienes relacionados con investigaciones patrimoniales derivadas de esa estructura criminal.
El ahora candidato presidencial, que se presenta como un "independiente" que no le debe favores a nadie, administra hoy su patrimonio por medio de un fideicomiso civil, una figura jurídica que garantiza que el control sobre sus activos permanezca en el núcleo familiar protegido frente a eventualidades legales.