06/08/2026
El 4 de agosto el Gobierno expidió el Decreto 0997 de 2026 y, aunque se anunció como la norma de la compra pública sostenible, en realidad son tres reformas distintas dentro de un mismo texto: sostenibilidad, anticorrupción y Registro Único de Proponentes. La diferencia importa, porque cada una empieza a regir en un momento distinto.
Lo que ya está rigiendo, desde el día siguiente a la publicación, es lo que más rápido se siente en el día a día. Impugnar una inscripción en el RUP ahora tiene un precio cierto: caución del 10 % de la utilidad operacional del último registro, o del 1 % de los ingresos operacionales cuando no hay utilidad, sin caución cuando quien recurre es el propio inscrito. Las entidades quedaron obligadas a reportar a las cámaras de comercio las sentencias ejecutoriadas que declaren responsabilidad civil por la actuación contractual, y esa inhabilidad queda visible en el certificado durante diez años. Los pliegos deben incorporar la minuta con cláusulas anticorrupción y exigir el pacto anticorrupción con la oferta, y las entidades deben consultar las listas restrictivas de organismos multilaterales.
