17/09/2018
EXAMEN HABILITANTE PARA ABOGADOS YA GRADUADOS!!
A raíz de la promulgación de la ley 1905 de 2018 por medio de la cual se adiciona otro requisito para la obtención de la tarjeta profesional de abogado, el cual consiste en la aprobación de un examen de suficiencia a cargo del Consejo Superior de la Judicatura o el órgano que haga sus veces, un ciudadano demanda la constitucionalidad de dicha normatividad por encontrarse vulnerado el derecho a la igualdad entre los nuevos abogados y los que ya se encuentran ejerciendo.
Nuestra postura sobre el particular es que la Corte Constitucional debería declarar la exequibilidad de la norma, bajo los siguientes supuestos; los abogados ya graduados y que se encuentren ejerciendo con su tarjeta profesional vigente ya accedieron a la misma bajo los requisitos exigidos por la ley en el momento de su grado, es por ello que su derecho adquirido no podría vulnerarse o modificarse por crearse nuevos requisitos.
El principal fundamento de la demanda de constitucionalidad fue el deber de evaluar a los abogados que se encontraban ejerciendo, esto en aras a buscar la idoneidad en el desarrollo de nuestra profesión, argumento que para nuestra firma es infundado pues en nuestra profesión se realizan controles de eficacia constantemente sin necesidad de un examen, si bien es cierto, un examen sería un método idóneo para calificar la eficiencia, por lo cual avalamos la finalidad de la ley anteriormente mencionada, el abogado se encuentra inmerso en constantes revisiones por parte de sus clientes, los jueces de la república, las entidades estatales y principalmente el Consejo Superior de la Judicatura.
Finalmente resaltar que la eficacia y excelencia en el desempeño jurídico depende exclusivamente del abogado o firma que busque la honorabilidad en la profesión, la ayuda constante a la comunidad, la prevalencia de la justicia y la colaboración al prójimo; teniendo siempre en consideración que no se debe necesitar la aprobación por parte de un examen, persona o entidad para ejercer de la forma correcta y siempre defendiendo los intereses de los clientes sin utilizar el trafico de influencias o la corrupción.
Una reciente demanda admitida por la Corte Constitucional aduce el criterio de igualdad para sostener que, al igual que los nuevos abogados, se debería evaluar a los juristas que ejercen en la actualidad.
