25/08/2026
VIVIENDA EN COLOMBIA: UNA REFLEXIÓN NECESARIA FRENTE A LA INFORMALIDAD, EL RIESGO Y LA RECONSTRUCCIÓN
Por Jorge Agustin Rojas Soto
La situación actual de la vivienda en Colombia debería llevarnos, más que a buscar culpables inmediatos, a reflexionar sobre la manera como durante décadas hemos ocupado el territorio, construido nuestras ciudades y permitido el crecimiento de la vivienda informal.
En Colombia, como ocurre en buena parte de América Latina, numerosas construcciones se desarrollan al margen de los procedimientos legales y técnicos establecidos por el Estado. Son viviendas que no siempre cuentan con licencia, diseños estructurales adecuados, estudios técnicos suficientes ni supervisión profesional, y que con frecuencia terminan consolidándose en sectores donde las condiciones del territorio no son aptas para la urbanización.
La informalidad no es solamente un problema jurídico o administrativo. Es, ante todo, un problema de seguridad humana.
Una vivienda levantada sin criterios técnicos puede poner en riesgo a quienes la habitan, especialmente cuando se localiza en zonas expuestas a inundaciones, movimientos de tierra, erosión, avenidas torrenciales o pendientes pronunciadas.
Durante décadas, la necesidad de vivienda ha llevado a muchas familias a ocupar terrenos sin una planificación urbana previa. En algunos casos, se construye primero y después se intenta resolver la legalización, la prestación de servicios públicos, la mitigación del riesgo y la formalización urbanística.
Ese modelo no puede continuar.
La vivienda digna también debe ser una vivienda segura
Cuando ocurre una emergencia y cientos o miles de familias pierden sus viviendas, surge una pregunta legítima: ¿cuándo serán entregadas las nuevas viviendas?
La respuesta no puede reducirse simplemente a una fecha.
Una vivienda permanente debe responder a estudios de suelo, diseños arquitectónicos y estructurales, redes de servicios públicos, condiciones urbanísticas, accesibilidad, espacio público, gestión del riesgo y normas de construcción sismorresistente.
Los proyectos deben diseñarse, revisarse, tramitarse ante las autoridades competentes y ejecutarse conforme a los planos y especificaciones aprobados.
Las licencias urbanísticas y de construcción no son un obstáculo. Son instrumentos para garantizar que las viviendas puedan ser habitadas sin poner en peligro a sus ocupantes.
Por eso, la reubicación de familias damnificadas no puede resolverse de la noche a la mañana. Primero es necesario identificar terrenos adecuados; luego realizar los estudios, desarrollar los diseños, obtener las aprobaciones, contratar las obras y verificar que la construcción corresponda a lo proyectado.
Todo esto requiere tiempo, recursos, coordinación institucional y capacidad técnica.
Ese tiempo no significa necesariamente ineficiencia. Muchas veces significa hacer las cosas correctamente.
El problema no comenzó con la emergencia
La dificultad para disponer rápidamente de viviendas para las familias damnificadas no puede analizarse únicamente a partir del desastre reciente. Colombia arrastra desde hace décadas un déficit habitacional y un problema estructural de informalidad.
El Ministerio de Vivienda ha reconocido que el déficit cualitativo —viviendas que requieren mejoramientos para alcanzar condiciones adecuadas— es considerablemente superior al déficit cuantitativo de hogares que necesitan una vivienda nueva. Para 2024, el déficit habitacional nacional se ubicó en 26,8 %, según los datos reportados por el Ministerio a partir de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida del DANE. (Minvivienda)
Esto demuestra que el problema no consiste únicamente en construir más viviendas. También es necesario mejorar las existentes, intervenir barrios, controlar la expansión urbana y reducir la exposición de las comunidades al riesgo.
La construcción de vivienda necesita una política pública estable
La vivienda depende de un ecosistema completo: suelo urbanizable, servicios públicos, financiación, subsidios, crédito hipotecario y constructor, confianza inversionista, materiales, mano de obra, proyectos viables y hogares con capacidad de acceso.
Cuando alguno de estos componentes se debilita, disminuyen la construcción y la oferta habitacional.
Por eso, cualquier gobierno que pretenda reducir el déficit debe mantener una política estable y previsible de promoción de vivienda, particularmente de Vivienda de Interés Social —VIS— y Vivienda de Interés Prioritario —VIP—.
No resulta técnicamente correcto afirmar que un solo gobierno “hizo desaparecer” la construcción de vivienda en Colombia, pues el comportamiento del sector responde a múltiples variables económicas, financieras y regulatorias. Sin embargo, sí es legítimo discutir las decisiones de política pública que hayan reducido, modificado o ralentizado los mecanismos de subsidio y financiación.
El programa Mi Casa Ya, por ejemplo, ha experimentado cambios en su funcionamiento y en el esquema de preasignación de subsidios. El Ministerio estableció un modelo que busca vincular la asignación de los subsidios con el avance de los proyectos y facilitar la articulación entre hogares, entidades financieras y constructores. (Minvivienda)
Más que convertir el problema de la vivienda en una discusión partidista, deberíamos preguntarnos cómo garantizar una política de Estado que tenga continuidad durante varios gobiernos y permita al sector constructor planificar inversiones a mediano y largo plazo.
No podemos seguir construyendo el riesgo
La emergencia debería convertirse en una oportunidad para cambiar nuestra relación con el territorio.
No podemos permitir que las familias más vulnerables terminen ocupando los terrenos más peligrosos ni que la necesidad de vivienda se utilice para justificar el incumplimiento de las normas urbanísticas y técnicas.
La solución exige planificar el territorio, controlar la ocupación de zonas de riesgo, fortalecer las oficinas de planeación y las curadurías urbanas, producir suelo apto, impulsar la vivienda formal VIS y VIP y acompañar a las familias en el acceso a soluciones legales y dignas.
También es indispensable fortalecer el control urbano y aplicar correctamente las normas de sismorresistencia. Prevenir siempre será menos costoso y doloroso que reconstruir después de una tragedia.
La reconstrucción debe hacerse rápido, pero bien
Las familias damnificadas tienen todo el derecho a exigir soluciones. Su necesidad es urgente y el Estado debe responder con celeridad.
Pero rapidez y seguridad no son conceptos contradictorios.
Debemos construir rápidamente, pero no de cualquier manera.
La eficiencia consiste en coordinar estudios, diseños, trámites, contratación y ejecución para reducir tiempos innecesarios sin eliminar los controles esenciales.
Una vivienda entregada con rapidez, pero ubicada en un terreno inadecuado o construida sin respaldo técnico, podría convertirse en el próximo problema.
Y eso sería inaceptable.
Este debe ser un llamado de atención para todo el país
Lo ocurrido debe servirnos como una advertencia.
Colombia necesita recuperar el respeto por la planificación urbana, la arquitectura, la ingeniería, los estudios de suelo y las normas de construcción.
Las normas no existen para impedir que las personas tengan vivienda.
Existen para que puedan tenerla sin poner en riesgo su vida.
La discusión no puede limitarse a cuántas casas se construyen. También debemos preguntarnos dónde se ubican, cómo se diseñan, con qué materiales, bajo qué condiciones del suelo, con qué servicios públicos y mediante qué controles.
Una vivienda no es simplemente una edificación. Es el lugar donde una familia duerme, crece, educa a sus hijos y construye su proyecto de vida.
Por eso, frente a la emergencia actual, debemos exigir soluciones legales, planificadas, técnicamente diseñadas y seguras.
Al mismo tiempo, debemos asumir una responsabilidad colectiva: dejar de normalizar la construcción informal, fortalecer el control urbano y promover una política nacional que permita producir suficiente vivienda formal para que ninguna familia se vea obligada a construir su hogar en un lugar donde su vida esté en riesgo.
La vivienda digna no es solamente tener un techo.
Es contar con un lugar seguro, planificado y construido para proteger la vida.
Ese debería ser el verdadero aprendizaje de esta emergencia.
