21/08/2026
Si, ahí tienen su nefasto gobierno🤮🤮
| La nueva gerente del Sistema de Medios Públicos del Estado, Ángela María Mora Soto, comienza con su gestión acallando todo lo que, para ella y sus jefes, se considere propaganda en contra de su Gobierno.
El 17 de agosto, un día después de decir que ‘se acababa el acababa el aparato de propaganda dentro del Estado’, funcionarios de la Radio Nacional de Colombia decidieron silenciar a los periodistas que trabajaban informando a cada uno de los oyentes que sintonizan las 20 emisoras de Paz en todo el país.
A partir de ese día, todas las emisoras de Paz se enlazaron con la frecuencia central de Bogotá para la Radio Nacional de Colombia, que solo transmite música. Con esta decisión, toda la información de interés general para la población colombiana fue acallada, con el leve argumento gerencial de que era propaganda.
Información difundida al medio digital ‘El Armadillo’ por medio de periodistas de las emisoras de Paz, asegura que a partir del cubrimiento mediático del terremoto del pasado 10 de agosto, la gerencia del Sistema de Medios Públicos definió nuevas estrategias para censurar la línea editorial hasta ese día implementada.
“La gerente puso a Diego Fajardo, que ni siquiera estaba contratado, de policía para mirar qué sacar al aire. Empezó a darnos órdenes y a meterse a los consejos de redacción. En uno de ellos alguien propuso buscar las voces de los indígenas y las negritudes en Cauca que podían haber quedado afectadas. Él dijo que indígenas no porque politizaban la información”, dijo un periodista que pidió no ser nombrado.
Esta medida es profundamente reprochable y peligrosa para la paz nacional. Las 20 emisoras de Paz y las 70 frecuencias que de ellas emanan están amparadas por el Estado. Fueron creadas por medio de Acuerdo de Paz entre Colombia y las FARC, en 2016. Su censura, así como la minimización de su uso e importancia ponen en riesgo el cumplimiento del punto mencionado en el Acuerdo.
Las emisoras de Paz responden a una necesidad estatal, no a un capricho gubernamental que promueve el silencio sistemático de voces que impidan denunciar lo que al Gobierno le disguste.
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