24/01/2026
Veintiún años. Ese es el tiempo que un mismo nombre ha estado vinculado a la Sala Constitucional. Jorge Araya García llegó como magistrado suplente en 2005. En 2018 pasó a ser magistrado propietario. Su período actual vence en octubre de 2026.
En total, acumula 21 años dentro del órgano que define los límites del poder político.
Su llegada a la magistratura propietaria no ocurrió en un momento cualquiera. La plaza estuvo vacante por casi tres años. Fue electo tras varias rondas de votación en la Asamblea Legislativa, con los 38 votos mínimos, y juramentado de forma inmediata en medio de una de las decisiones más sensibles de ese momento: la consulta constitucional sobre la Reforma Fiscal.
Desde entonces, ha participado en resoluciones que marcaron dos ciclos políticos distintos: en 2018, en el cierre del debate fiscal; y más recientemente, en los límites constitucionales a reformas impulsadas por el Ejecutivo. No es una discusión de nombres. Es de diseño institucional y de tiempo. Porque el próximo Congreso no solo legislará. También decidirá si una magistratura con más de dos décadas dentro del sistema continúa resolviendo las consultas más pesadas del país en pleno año electoral.
Cuando el árbitro ha estado en la cancha durante tanto tiempo, la pregunta muy seria deja de ser jurídica y pasa a ser ciudadana:
¿quién decide cuándo ese ciclo se renueva?.
