10/08/2026
Cuando todos reclamen al mismo tiempo
Todo costarricense tiene su historia con un trámite. La fila desde las cinco de la mañana, la copia que faltaba, el sello que solo pone un funcionario que anda incapacitado, el clásico “vuelva en quince días”. Hemos aprendido a convivir con eso, casi con resignación. Por eso me llamó la atención una nota que publicó The Economist esta semana, reproducida por Infobae, sobre lo que está pasando en el Reino Unido. Allá el problema es el contrario: no es que el ciudadano no pueda con el Estado, es que el Estado ya no puede con el ciudadano.
¿Qué pasó? Que la gente descubrió que la inteligencia artificial es buenísima para pelear con la burocracia. Le pide uno a la IA que le redacte una apelación de una multa de parqueo, un reclamo de impuestos o una demanda laboral, y en segundos sale un escrito impecable, como hecho por un profesional. Gratis y sin hacer fila. El resultado: los tribunales laborales británicos acumularon en un año un 55% más de casos atrasados, las solicitudes de medidas urgentes se multiplicaron por cien y conseguir una audiencia puede tardar cuatro años. Al fenómeno ya le pusieron nombre: la inundación agéntica. Los agentes de inteligencia artificial, a diferencia de nosotros, nunca se cansan, nunca se aburren y nunca dejan un reclamo a medio camino.
Y esto no es cosa de allá.
Hace unos días, en una página que sigo, alguien publicó: “busco abogado que revise escrito elaborado con inteligencia artificial”. La respuesta de muchos colegas fue al unísono: qué irresponsable. Yo lo leí distinto: es una fotografía exacta de lo que ya está sucediendo. En nuestra firma lo notamos todos los días; algunas consultas llegan preelaboradas o “investigadas” con inteligencia artificial. ¿Es eso malo o peligroso? Mi primera respuesta es que no. Es parte de la dinámica que vamos a enfrentar rutinariamente, y en lugar de escandalizarnos, al abogado le toca prepararse mejor, guiar en debida forma a su cliente y ser más preciso, a un costo más bajo de sus servicios. El que crea que esto se detiene regañando gente en redes sociales va a llevarse una sorpresa.
Ahora bien, la nota advierte algo que da que pensar. Que cualquier persona, sin necesidad de contratar a nadie, pueda defenderse por escrito igual que el que más tiene, es exactamente lo que siempre quisimos que pasara. Pero si todos reclamamos todo al mismo tiempo, ante oficinas que resuelven a mano y en papel, nadie obtiene nada. El que tenía razón termina esperando cuatro años, igual que el que no. Todos pierden.
Y aquí es donde uno vuelve a ver a Costa Rica y se preocupa. Nuestro sistema es todavía más generoso que el británico con el que reclama. La Ley General de la Administración Pública dice que un recurso no necesita redacción especial: basta con que se entienda qué pide la persona, y si se equivoca, hay que interpretarlo a su favor. La Constitución garantiza el derecho de petición, el acceso a la información pública, el debido proceso y la justicia pronta y cumplida. Cualquiera puede poner un amparo sin abogado y sin pagar un colón. Nada de eso está mal; al contrario, es de lo mejor que tiene nuestro ordenamiento. Pero fue diseñado pensando en que poca gente iba a tener el tiempo y la paciencia de usarlo a fondo. La inteligencia artificial acabó con ese supuesto de la noche a la mañana.
Ahora pongamos las dos piezas juntas. Del lado del ciudadano, una herramienta que produce recursos, peticiones y solicitudes de información sin límite y bien escritas. Del lado del Estado, expedientes de cartón, sistemas que no conversan entre sí, procedimientos que por ley deberían resolverse en dos meses y tardan años, y una simplificación de trámites que llevamos veinticinco años prometiendo desde que se aprobó la Ley 8220. Si allá, con un Estado bastante más digitalizado que el nuestro, la marea los tiene contra las cuerdas, aquí ni quiero imaginar el aguacero.
La salida no es ponerle candado a los derechos ni cobrar por reclamar, como ya insinúan algunos en Inglaterra. Eso aquí no pasaría el filtro de la Sala Constitucional, y qué bueno. La salida está en la otra ventanilla: la administración tiene que resolver en tiempo y ser eficiente. Simplificar los trámites de verdad, digitalizar en serio y contestar cuando la ley manda, no cuando se pueda. Y algo más de fondo: que en cada caso se imponga la verdad real, que gane el que tiene razón y no el que más aguanta. Porque cuando la apuesta, confesada o no, es cansar al ciudadano para que desista, el resultado es exactamente el contrario al que se busca: más recursos, más amparos y más demandas contra el Estado, que al final pagamos todos.
Un Estado que resuelve pronto, resuelve bien y le da la razón a quien la tiene, no necesita temerle a ciudadanos mejor equipados. Simplemente los atiende. El que sí tiene motivos para preocuparse es el Estado que apuesta al cansancio: el de la fila, la copia y el “vuelva en quince días”. A ese, la marea le va a pasar por encima
