15/05/2026
Fiscalía de Ecuador solicita condena para el expresidente Abdalá Bucaram por delincuencia organizada
En el marco de los alegatos finales del juicio por presunta corrupción durante la crisis sanitaria, la Fiscalía General del Estado de Ecuador solicitó formalmente una sentencia condenatoria contra el expresidente Abdalá Bucaram Ortiz y su hijo Jacobo Bucaram Pulley y otros dos implicados.
Se les acusa del delito de delincuencia organizada, vinculado a la comercialización irregular de insumos médicos y pruebas de diagnóstico para la COVID-19 en el año 2020.
De acuerdo con la tesis del Ministerio Público, los procesados formaron parte de una estructura delictiva que operó entre marzo y agosto de 2020. Esta red habría obtenido importantes réditos económicos mediante la distribución ilícita de 21,000 pruebas PCR y otros materiales sanitarios, evadiendo los controles fiscales y la emisión de facturas en diversas provincias del país.
Las investigaciones y los testimonios de los peritos presentados ante el tribunal revelaron una compleja red operativa que incluyó el uso indebido de bienes públicos. Según el informe oficial de la Fiscalía, la organización utilizó vehículos y personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) de Quito para garantizar el traslado seguro de los insumos.
La logística de movilización estuvo presuntamente a cargo de dos ciudadanos de nacionalidad israelí, quienes contaban con la escolta de agentes de tránsito para transportar los cargamentos hasta la residencia del exmandatario en Guayaquil.
En dicho inmueble no solo se recibieron las pruebas de diagnóstico, sino que también se almacenaron mascarillas y lancetas médicas.
Cabe recordar que uno de los ciudadanos extranjeros implicados fue asesinado en 2020 en el interior de la Penitenciaría del Litoral. Antes de su deceso, el imputado rindió un testimonio anticipado en el que afirmó que Jacobo Bucaram efectuó un pago en efectivo de 321,600 dólares por la mercancía.
El esquema delictivo también contempló el uso de credenciales falsas. La investigación señala que varios de los involucrados se hicieron pasar de forma fraudulenta por miembros del cuerpo diplomático y agentes de la Administración de Control de Dr**as de Estados Unidos (DEA) para evadir las restricciones de movilidad vigentes durante el confinamiento.