06/06/2024
DESCABELLADO INTENTO DE CONVERTIR EL MINISTERIO DE LA MUJER EN MINISTERIO DE LA POLÍTICA CRIMINAL
El Ministerio de la Mujer se creó en noviembre de 2022 mediante Decreto 608 firmado por el presidente Guillermo Lasso, cumpliendo así compromisos internacionales adquiridos por el estado ecuatoriano por ser suscriptor de la CEDAW, CONVENCIÓN de las Naciones Unidas para erradicar toda forma de violencia contra las mujeres e implementar medidas estructurales para cerrar las brechas de género en todos los ámbitos, las discriminaciones y violencias, la vulneración de derechos y de las libertades individuales de grupos vulnerables.
La finalidad fue convertir a este Ministerio en ente rector para coordinar y facilitar la transversalización de la igualdad de género en las políticas públicas; aplicar la Ley Orgánica de Prevención y Erradicación de la violencia contra la Mujer; asegurar que las necesidades, demandas y propuestas de las mujeres y las niñas sean tenidas en cuenta en la formulación y ejecución de las políticas públicas; garantizar por parte del Estado, la protección integral de los derechos de las mujeres, niñas, niños, adolescentes frente a todo tipo de violencia; y, promover su empoderamiento para facilitar su inserción en los procesos de desarrollo social, económico y político.
La planificación de las políticas, estrategias y acciones del Ministerio, debía hacerse en base a la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, documento extenso y didáctico que cubría toda la extensa problemática que viven las mujeres en el Ecuador, que toma como valores y principios las normas de las Convenciones Internacionales y la Constitución del Ecuador.
Es necesario anotar que se crea a raíz del as*****to de María Belén Bernal, caso emblemático de la violencia contra las mujeres en Ecuador, femicidio en el que son cómplices la sociedad y el Estado.
El pretender que la política criminal sea parte de este Ministerio, es un retroceso de los avances que han conquistado las mujeres del Ecuador, a raíz de la Constitución Alfarista que nos dio por primera vez la categoría de ciudadanas, la participación irruptora de la Dra. Matilde Hidalgo de Procel, las diversas leyes que se ha logrado poner en vigencia a favor de los derechos de libertad, derechos de protección, derechos sociales, derechos económicos, derechos de participación de las mujeres, venciendo obstáculos culturales y estructurales.
Parece que los asesores del señor Presidente de la República vienen de otra galaxia y desconocen la realidad del 51% por ciento de la población del Ecuador. La Política Criminal es totalmente otra cosa y es descabellado que se pretenda confundirla con la Secretaría de Estado que vela por los derechos humanos. La violencia –física, psicología, sexual, patrimonial, gineco-obstetra, simbólica- sicológica - que sufren las mujeres y niñas del Ecuador no tiene la misma causa ni circunstancia ni consecuencias que los crímenes que combate el Gobierno en este proceso de guerra que ha declarado. La política criminal debe ir al Ministerio de Justicia.
Lo que si necesita el Ministerio de la Mujer es tomar conciencia de lo que significa ser el ente rector de la equidad de género y la prevención de las violencias en las políticas públicas del estado ecuatoriano y, ponerse a trabajar seriamente en ello, con una planificación por objetivos y estrategias que incidan trasversalmente en las políticas públicas de secretarías de Estado en los diversos ámbitos. Para empezar, tiene este Ministerio una gran herramienta: la Encuesta Nacionales sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contras las Mujeres, documento que arroja luces sobre la dolorosa realidad de exclusión e inequidad de la mayoría de mujeres y niñas del país pero que hasta ahora, parece estar de adorno.
Necesita este Ministerio ser más eficiente, a través del fortalecimiento de la descentralización de los servicios de protección integral y centros de atención y casas de acogida, que deberían ser impartidos con la participación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados pues, desde la capital no se siente el dolor que viven cuotidianamente las mujeres en los territorios.
Necesita este Ministerio convocar a instituciones del Estado y la Sociedad Civil para hacer un Pacto Fiscal que provea de recursos a los programas y servicios derivados de la rectoría que le corresponde.
Urge a este Ministerio, convocar a las organizaciones de mujeres de la sociedad civil para coordinar con ellas las tareas que sean pertinentes y lograr de este modo eficacia en los procesos.
Pedimos al señor Presidente que dé marcha atrás de su descabellada idea.
