Alejandro Urdiales

30/05/2026

El karma institucional y los DP

Estos días seguimos un juicio clave sobre cómo un antiguo ministro del Interior y su equipo utilizaron recursos del Estado en una operación parapolicial, mientras impulsaban una etapa de endurecimiento contra los DP. Pocos años después, el principal artífice policial de la LSP 5/2014 desapareció.

Impresiona ver cómo quienes participaron en semejante atropello hacia un colectivo profesional han sufrido los efectos del karma.

En los últimos meses también ha dejado su cargo el máximo responsable de la unidad policial encargada de someter a los DP, que durante años aplicó una política basada en la sospecha permanente y la ausencia de colaboración. Su salida abre, al menos, la posibilidad de repensar ese enfoque.

En mi caso, también he conocido cómo funciona ese ‘karma institucional’. El burdo intento de endosarme una sanción de 60.000 € por regentar un supuesto despacho de DP ‘clandestino’ —cuando en realidad se trataba de un despacho de abogados— terminó volviéndose contra quien lo avaló. Aquel secretario de Estado de Seguridad (SES) que dio por bueno el montaje construido desde Málaga acabó presentando su dimisión precisamente el día de mi cumpleaños, víctima de su propia paranoia represiva.

Hoy ha vuelto a la judicatura, y sinceramente me alegro por él: ha elegido un rumbo profesional que siempre será más digno que dedicarse a la despreciable tarea de oprimir a un colectivo de profesionales liberales.

Con el tiempo, la nueva SES rectificó aquella decisión, algo que siempre he reconocido y que demuestra que incluso dentro del sistema hay capacidad de corregir excesos cuando se analizan los casos con rigor jurídico y buena fe.

Por todo ello, invito a la actual SES a reflexionar a fondo sobre la política seguida durante años hacia los DP y a dar un paso claro: reconocer, de una vez, nuestros derechos como verdaderos profesionales liberales. Mantenerse en la inacción o apostar por las vías represivas solo ha demostrado que el ‘karma’ institucional acaba pasando factura.

Por pura justicia histórica ha llegado el momento de corregir el rumbo.

21/05/2026

Hoy es el Día de la Seguridad Privada. Respeto el trabajo de ese sector, pero como DP no tengo nada que celebrar ahí dentro. Mi batalla va por otro lado: defender que el DP es un profesional liberal con identidad propia, no un apéndice del subsistema de seguridad.

19/05/2026

Qué es ser un intruso (y qué no)

Los guardianes del régimen imperante, en sus propuestas de sanción y a través de sus voceros en RRSS, llaman “intruso” a quien no se pliega y se atreve a cuestionar el sistema que ellos mismos han diseñado.

Sin embargo, el art. 403 CP dice otra cosa: intrusismo es ejercer una profesión sin el título académico exigido, no sin un número en un registro creado para las empresas de SP ni sin una tarjeta de plástico pensada para el personal de SP.

Por tanto, intruso es quien se presenta como profesional sin haber obtenido la formación que la ley exige. Y yo sí poseo esa cualificación académica: uno de los títulos (universitarios) más exigentes del derecho comparado, por cierto.

Mientras tanto, casi nadie habla de los verdaderos invasores: aquellos funcionarios que, con la pi***la al cinto, asaltan los despachos y los domicilios de los DP cuando les viene en gana para revisar nombres de clientes e investigados, contratos y hasta el contenido de los informes, vulnerando la confidencialidad que protegen el art. 199 CP y el art. 5 LOPD, y estirando sus competencias mucho más allá de lo que su propia ley les permite (art. 54.5 LSP).

Si alguien merece el calificativo de “intruso”, es quien entra donde no debe y hace lo que no le corresponde; no quien ejerce con su título, al igual que cualquier otro profesional liberal, y se limita a recordar lo que dice la ley.

Ante todo esto solo cabe una pregunta sencilla: si tan claro tenéis que soy un intruso, ¿por qué no me lleváis ante un juez?

Porque, por muchas veces que se repita una mentira, no deja de ser una mentira.

11/05/2026

Tras la separación, toca reconstruir

Tras mi emancipación formal del subsistema de SP, llega el momento importante: reconstruir los pilares básicos de la identidad de esta profesión. Durante años, la LSP, con su modelo TIP+RNSP y el resto de normas comunes al personal de SP han diluido quiénes somos los DP, reduciéndonos a una categoría más dentro de un estatuto creado y pensado por y para otros.

Un DP no es un vigilante, ni una empresa de SP, ni un auxiliar de la policía. Nuestra función natural está más cerca de la abogacía y de la pericia judicial: trabajamos con prueba, con derechos fundamentales y con la confianza de las partes. Si se nos regula solo como “personal/empresa de SP”, se desfigura esa identidad y se sacrifica lo esencial: el secreto profesional, la autonomía técnica y la responsabilidad directa ante los tribunales.

Esta nueva etapa, ya fuera del perímetro de la LSP, la quiero dedicar precisamente a eso: a poner por escrito cuáles deberían ser los pilares de un verdadero estatuto del investigador libre. No para crear otro gremio corporativo, sino para recordar algo muy sencillo: sin una identidad propia, clara y respetada, esta profesión seguirá siendo tratada como mano de obra disciplinada, en lugar de como lo que puede llegar a ser: una pieza clave en la protección de derechos y en la calidad de la justicia.

Hace tiempo que renuncié a la idea de una rebelión colectiva. La mayoría del sector ha elegido (resignada) adaptarse al modelo LSP–UCSP, y lo asumo sin drama: que les vaya bien en ese marco. Mi camino es otro, el de reconstruir en solitario —y a la vista de todos— una identidad profesional distinta, más cercana a las profesiones jurídicas que al personal de SP.

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04/05/2026

Por qué entregué mi TIP y qué significa esta nueva etapa

El pasado 28 de abril procedí a la entrega formal de mi TIP, acreditativa de mi condición de DP sometido a la LSP, ante la UTSP de Málaga. La actuación se desarrolló a las 16:00 h, en la puerta de la comisaría de C/ Virgen del Gran Poder n.º 40, con un trato exquisitamente correcto y profesional por parte de los agentes actuantes, a quienes quiero agradecer expresamente su actitud en un expediente que todos sabíamos sensible.

La coordinación previa se hizo por los cauces adecuados: llamada desde el número oficial de la unidad y confirmación por correo electrónico, dejando por escrito que el trámite se realizaría en el exterior de la comisaría, sin necesidad de acceder al interior de las dependencias. Ese marco de garantías básicas permitió que todo se desarrollara con normalidad: entrega de la TIP, firma del acta de retirada y constancia documental de la extinción de la habilitación profesional n.º 3875 como personal de SP.

La UCSP puede tener mi palabra de que no voy a realizar ninguna de las actividades de SP definidas en el art. 5 LSP ni aquellas investigaciones privadas reguladas expresamente bajo ese subsistema en el art. 2 LSP; es decir, las que tienen como finalidad "garantizar la seguridad de las personas, proteger su patrimonio y velar por el normal desarrollo de sus actividades". Eso incluye también renunciar a colaboraciones con despachos que operan estrictamente bajo ese paraguas y a las supuestas ventajas que pueda ofrecer esa integración.

Sí seguiré desarrollando, en cambio, investigaciones sobre asuntos estrictamente privados, sin relación alguna con la seguridad de bienes o personas, así como trabajos de aportación de pruebas para procedimientos judiciales al amparo de la LEC, desde una óptica técnico‑jurídica y bajo el control judicial correspondiente.

Mi objetivo a medio plazo es que se reconozca, también a nivel normativo, que este tipo de funciones pueden y deben ejercerse con garantías fuera del subsistema de SP: como actividad profesional autónoma de DP titulados, sin tener que pasar por el filtro policial.

En definitiva, entregar la TIP no ha sido un final, sino el inicio de esa nueva etapa.

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28/04/2026

Título universitario, colegiación y habilitación administrativa: una analogía entre peritos y DP

En el ámbito pericial, la LEC parte de una premisa clara: lo relevante es la cualificación técnica de la persona que dictamina. El artículo 340 LEC exige que los peritos tengan “el título oficial que corresponda” o, en su defecto, sean “personas entendidas en la materia”, sin imponer en ningún momento la colegiación como requisito general.

El artículo 341 LEC refuerza esta idea cuando regula la designación judicial de perito y prevé expresamente el supuesto en que “no exista Colegio Profesional” de la materia correspondiente, permitiendo a los tribunales acudir a listas elaboradas por asociaciones, sindicatos u otras entidades adecuadas.

Esto evidencia que la función pericial puede ejercerse por titulados o expertos no colegiados, siempre que cumplan las exigencias de capacidad técnica previstas en la ley.

Si trasladamos este esquema al campo de la investigación privada, encontramos una diferencia formal y una similitud de fondo. La LSP configura al DP como personal de SP, sometido a habilitación administrativa por parte del MIR y a inscripción en el RNSP.

Al mismo tiempo, la propia norma reconoce que el acceso a esta actividad exige una titulación universitaria específica en Investigación Privada, es decir, un título académico que acredita la capacitación técnica del profesional.

Desde un punto de vista estrictamente jurídico, la titulación universitaria de DP cumple en su ámbito una función análoga a la del título oficial del perito: es el elemento que garantiza conocimientos y competencias, mientras que la colegiación (en el caso de muchos peritos) o la habilitación como personal de SP (en el caso de los DP) actúan como mecanismos adicionales de organización y control del ejercicio, no como la única fuente posible de legitimidad técnica.

Esta lectura plantea una cuestión relevante para el debate profesional: hasta qué punto debemos identificar “profesión” con el sometimiento a un determinado subsistema corporativo o administrativo, cuando el propio ordenamiento reconoce que el núcleo de la cualificación reside en el título académico y en la capacidad pericial o investigadora de la persona que presta el servicio.

21/04/2026

Los Colegios DP (CD), una auténtica banda de traidores

Los CD tendrían que ser un dique frente a los abusos del sistema impuesto a los DP. En cambio, hoy actúan como correa de transmisión del régimen LSP‑UCSP que nos tiene cogidos por el cuello.

El CD catalán acaba de publicar que “sin TIP no se puede ejercer. Así de claro”. Es el mismo eslogan simplista que usan Interior y la UCSP para meter miedo y cerrar cualquier debate. Se oculta que la LSP realmente solo puede regular la investigación conectada con la SP (art. 48.1.b), no todo trabajo de investigación aplicada al Derecho de carácter probatorio.

Es el mismo CD que en su web tiene la desvergüenza de asegurar que la LSP era la norma que los malogrados DP esperábamos como agua de mayo. Los resultados objetivos: no han conseguido ni un solo avance para el bien de esta profesión.

Que un CD use su autoridad para repetir “TIP o nada”, llamar a denunciar a quien no se pliega al corral LSP y legitimar el actual "status quo" no es defensa profesional: es colaboración activa con una estrategia de guerra destinada a mantener a los DP asustados, divididos y sometidos.

Yo acepto que quien quiera jugar al juego LSP‑UCSP necesite TIP y RNSP. Lo que no acepto es que se nos califique de intrusos a aquellos que nos negamos cuando tenemos un título universitario que por pura lógica tiene mayor peso que cualquier habilitación policial y que nos legitima para aportar pruebas en investigaciones de carácter no securitario (art. 48.1.a) y c).

Si los CD siguen alineados con la propaganda opresiva del régimen, el debate y la batalla sobre qué puede y debe ser un DP en España habrá que darlo fuera de los canales oficiales (luchar desde fuera lo llaman algunos). Y eso, precisamente, es lo que más nervioso pone al sistema.

08/04/2026

¿Por qué tantos DP abandonan la profesión?

En España se han expedido alrededor de 7.000 TIP de DP desde que existe la regulación actual. Sin embargo, apenas 1.400 profesionales siguen hoy en activo (un 20%). La tasa de abandono es la más alta de todas las profesiones liberales.

El contraste es aún más llamativo si miramos fuera. En Singapur, con ocho veces menos población, hay un número de DP ejercientes muy similar al español (dato que, por sí solo, debería hacernos reflexionar sobre nuestro modelo).

¿Cuáles son las razones principales de esta sangría silenciosa?

- Una regulación pensada para empresas de seguridad, no para profesionales individuales.

- Un régimen sancionador desproporcionado que equipara, mediante la figura del "despacho", a un DP autónomo con enormes empresas de SP.

- Falta de medios reales: sin acceso a bases de datos, sin canales de colaboración efectivos y con una desconfianza institucional que nos ve más como problema que como aliado.

- Un clima de sospecha permanente, inspecciones y expedientes que desgastan más que cualquier caso complejo de trabajo de campo.

Es hora de abrir un debate serio: ¿queremos DP fuertes, libres y colaborando con la justicia, o preferimos seguir teniendo una profesión infravalorada, atenazada por el miedo y en permanente huida?

Quizá haya llegado el momento de repensar el modelo desde cero: estatuto propio, enfoque de profesional liberal y un marco de colaboración bidireccional basado en la confianza recíproca.

31/03/2026

En España hemos inventado algo único: la policía de SP multifunción.

Sirve para todo. Hoy te inspecciona como si fuera Inspector de Trabajo o de la Seguridad Social: revisa informes, contratos, cuotas, seguro de RC… y si falta un papel, levanta acta, obviando la posibilidad de subsanación en diez días que contempla la ley.

Mañana actúa como Hacienda: te pide certificados de estar al corriente con la AEAT.

Pasado mañana decide, como si fuera juez, cuándo existe “interés legítimo”, si tu investigación es “proporcional” o si tus medios “atentan contra la intimidad”.

Y, por si fuera poco, también hace de notario (da fe de si te falta un documento o no) y de fiscal, porque es quien formula la acusación en los expedientes sancionadores.

Y cuando no encuentran pruebas sólidas para sostener ciertas infracciones, el relato de los hechos se ‘estira’ hasta que encaja con la sanción que se quiere justificar.

Incluso puede interrogarte extensamente cada vez que abres o cierras un despacho, como si el simple hecho de ejercer tu profesión fuera en sí mismo sospechoso.

Tambien pueden situarse por encima del propio Código Penal a la hora de acceder a los nombres de tus clientes y al contenido íntegro de tus informes, como si el secreto profesional fuera un adorno.

Para mantener el chiringuito, reparten tarjetas entre DP invitándoles a delatar a los compañeros que trabajan sin RNSP, convirtiendo nuestra profesión en un corral donde unos vigilan a otros.

Y últimamente incluso se atreven con amenazar con visitas de cortesía...

Todo concentrado en los mismos funcionarios, bajo la misma LSP con capacidad para empujar sanciones que pueden arruinarte económicamente y tirar por tierra tu esfuerzo de sacarte una carrera universitaria por una simple discrepancia jurídica.

Conmigo, por suerte, no hizo falta: yo no necesito su habilitación.

Y como aquí seguimos sin reglamento que ponga orden, al final se aplica el que ellos se inventan sobre la marcha.

Luego nos preguntamos por qué algunos hablamos de “dictadura policial” para los DP.

Quizá sea porque, en la práctica, tenemos la mejor policía del mundo: lo hacen todo ellos.

25/03/2026

El inicio del conflicto: cuando el sistema te convierte en un delincuente

Mi conflicto con el sistema empezó el día en que una simple baliza, una herramienta de trabajo, bastó para que el Estado me tratara como a un delincuente.

En noviembre de 2022 me detuvieron por utilizar un dispositivo de seguimiento en una investigación real. Yo estaba habilitado, inscrito en el RNSP, sometido a inspecciones y cumpliendo todas y cada una de las obligaciones que se exigen a un DP.

Y, aun así, decidieron que aquel día yo ya no era un profesional, sino un delincuente. Pero calcularon mal porque resulta que al final me creí el papel.

¿Qué necesidad había, teniendo en cuenta que existe una ley “ad hoc” para sancionar administrativamente esos mismos hechos?

La segunda vuelta de tuerca llegó pronto. La UTSP abrió un expediente sancionador administrativo en paralelo al procedimiento penal, sabiendo perfectamente que ambos caminos no podían sostenerse a la vez (non bis ídem).

Me notificaron la sanción propuesta y, acto seguido, me ofrecieron la rebaja por pronto pago. Traducido: reconoce que eres culpable, paga rápido y aquí no ha pasado nada. Lo que no se explica es que, si después el asunto se sobresee —como efectivamente ocurrió—, ese dinero ya no se puede reclamar.

En base a mis conocimientos de Derecho me negué, alegando la existencia de un procedimiento penal paralelo. Pero la filosofía era clara: “si cuela, cuela”. Una especie de extorsión legalizada elevada a método de trabajo. Esa es la filosofía de la Admón que gobierna sobre los DP.

Mientras tanto, ahí fuera había jurisprudencia, existía y existe un Código Penal que no tipifica esa conducta como delito y, sobre todo, había una realidad incómoda para ellos: yo estaba actuando dentro del marco legal que ellos mismos exigen. No era un intruso sino un DP habilitado, con RNSP, utilizando medios legítimos para investigar.

Ese fue el punto exacto en el que entendí que cumplir la ley y estar dentro del sistema no te protege de nada.

A día de hoy, el CNP sigue deteniendo ilegalmente a DP y la UCSP incoando procedimientos sancionadores por estos mismos hechos.

La paradoja es demoledora: si no estás habilitado en el subsistema de SP, no pueden hacer lo segundo.

Qué mínimo gesto sería reconducir estos conflictos a la jurisdicción civil, donde realmente pertenecen. Pero ni siquiera de eso parecen ser capaces.