02/05/2018
LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, UN DESASTRE PARA LA RESTAURACIÓN Y LOS RESTAURADORES
No encuentro mejor paño de lágrimas que esta página de “Titulados en Conservación y Restauración de BBCC por nuestros derechos”, que tuvo su origen en ser un foro de información y de aproximación para los restauradores en sus reivindicaciones sobre sus titulaciones y sus problemas. Y hoy como veo, parece llegar ya casi a dos mil compañeros.
Como lo próximo que cumpla serán sesenta años, si Dios quiere, y llevo en esta profesión desde los veinte, veo la línea del horizonte del futuro bastante próxima. Eso si, miro hacia atrás y contemplo un paisaje con infinidad de escenarios; y en muchos de ellos luchas y reivindicaciones sobre titulaciones y deseos de anteponer un título sobre otro. Afortunadamente hace mucho tiempo que entendí que las titulaciones oficiales no son más que un trampolín de inicio, y que la figura del restaurador se forma posteriormente desarrollando su trabajo en talleres y obras de la mano de compañeros más avanzados. Aunque otra cosa son los requerimientos de un título en detrimento de otro por parte de la administración para formalizar un contrato, y que tanto esfuerzo, agotamiento y frustración nos ha causado y nos causa a los restauradores en general.
Aun así, este problema “cansino” de los títulos parece una tontería ante lo que va a suponer ya la aplicación de “Ley de Contratos del Sector Publico” para la restauración y los restauradores (también para otros sectores de la sociedad), y en general para el restaurador autónomo y las pequeñas empresas de restauración, las cuales irán desapareciendo.
Para que os hagáis una idea de lo que el desarrollo de la nueva Ley supone, un ejemplo: si en cinco años una empresa de restauración o un restaurador autónomo no hace pintura mural, porque ha estado restaurando retablos, la administración entiende que ya no puede superar la “Solvencia Técnica” que se le exige para un contrato de restauración de murales (aunque seis años atrás hubiera restaurado los murales del Panteón de San Isidoro de León); es como si entendiese que se te ha olvidado todo pasado cinco años. Y si en uno de los últimos tres años no has facturado el doble de lo que una licitación oferta, no tienes “Capacidad Económica”, es decir que para licitar a una obra de trescientos mil euros, tienes que haber facturado en unos de esos tres años seiscientos mil.
Una pausa para la risa.
Como comprenderéis la aplicación a rajatabla de esta funesta Ley acabará con la posibilidad de que los restauradores podáis formar y prolongar en el tiempo vuestra pequeña empresa, o desarrollaros como profesionales autónomos, ofertando calidad, innovación y profesionalidad. La restauración y los restauradores (el grueso de compañeros que pasa su vida en iglesias, excavaciones y conjuntos monumentales) queda ahora en manos de grandes constructoras para quienes la restauración no es otra cosa que una cuenta de resultados económicos. Nada más lejos de esta profesión vocacional que todos amamos, la cual la vivimos con verdadera pasión, pues no hay otra forma de ejercerla, dado el tiempo y la dedicación que exige en su ejercicio.
La Ley, en lo que respecta a “Solvencia Técnica” y “Capacidad Económica” parece estar redactada por las grandes constructoras, aunque deja algún recurso para que los restauradores salvemos la perversa “Capacidad Económica”, como es la petición del órgano licitador de un seguro que avale a la dichosa cifra exigida del doble del presupuesto de licitación, cosa que ya hemos vistos con alivio, en su aplicación, en las últimas licitaciones de la Consejería de Cultura de la Comunidad de Castilla y León, dando un ejemplo notorio de sensibilidad ante el problema que se les presenta a los restauradores. No es el caso del Ministerio de Cultura, en concreto de la mesa de contratación, que sabiendo del doloso problema (porque se le ha informado) ha obviado ponerle solución, actuando con sus Pliegos Administrativos sin ninguna sensibilidad en las pocas licitaciones de restauración de bienes muebles que ha presentado.
Hay que recordar que los restauradores contábamos hasta hace poco tiempo en Hacienda con una clasificación particular para restaurar obras de arte y bienes muebles que nos blindaba ante el avasallamiento y abuso de las empresa de la clasificación K; Hacienda la suprimió alegando que era una medida para favorecer el acceso a las licitaciones del mayor número de restauradores. Ahora vemos que esa medida sólo favorece a las constructoras con clasificación K y que los restauradores no podemos tener acceso a esas licitaciones de restauración de obras de arte y bienes muebles por las duras condiciones que se nos exige.
Un ejemplo: se van a restaurar dos cúpulas con pinturas murales en San Francisco el Grande de Madrid, el órgano licitador es La obra Pía de los Santos Lugares, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, el proyecto y la ejecución está tutelada por el Instituto del Patrimonio Cultural de España, que ha redactado el proyecto y llevará la dirección técnica. La licitación está abierta a empresas del grupo K, y en caso de no tener la clasificación se exigirá que se haya tenido una facturación anual en los últimos tres años de 600000 euros (la licitación es de 350000). ¿Cuántas empresas de restauradores o restauradores autónomos en España se pueden presentar a esta licitación?
Otro ejemplo: el año pasado la Diputación de Sevilla saca a licitación la restauración de diecisiete cuadros, como requisito se pide una solvencia técnica en donde los restauradores autónomos necesitan acreditar la restauración cinco obras similares en los últimos cinco años. El resultado es que grandes profesionales de más de treinta años de profesión con extensos historiales de restauración de lienzos no se pueden presentar a esa licitación por no cumplir con ese absurdo requisito de los últimos cinco años.
Pero imaginaros, y llegamos al paroxismo, hasta donde puede ser inhumana esta Ley: si una restauradora decide tener un par de hijos de manera consecutiva, y dejar (en el uso legítimo de su libertad) su profesión aparcada cinco o seis años para criar a sus hijos, cuando quiera volver a retomar su vida profesional solo podrá hacerlo con mucha dificultad, ya que para la administración a la hora licitar y competir en alguna obra sus trabajos anteriores a los últimos cinco años no existe.
Una pausa, ahora, para llorar.
El futuro se presenta oscuro y duro, no sólo porque la cuantía económica a los restauradores vaya a depender ahora de la generosidad de las empresas del grupo K, si no porque la figura del restaurador vocacional amante de su trabajo esforzado por adquirir conocimientos y desarrollar a conciencia su profesión, pasa a ser una figura de “asimilado a la construcción”, un ser servil de la cuenta de resultados económicos de una constructora, en donde se le apreciará por lo rápido que haga su trabajo, y ya sabéis lo que supone el poco tiempo en el desarrollo de nuestras tareas.
Sin duda, bien se pudiera comparar la labor de los redactores de esta Ley y de los órganos administrativos que la aplican, con los efectos sobre el patrimonio histórico artístico de las termitas, carcomas, humedades, la desidia y otros desastres naturales. Y sobre las personas que nos dedicamos a este fin, como un virus pernicioso y fatal.
La solución a esta grave situación pasa por enderezar el timón antes de que el barco se estrelle definitivamente en los acantilados, creando conciencia del problema mediante la explicando del grave error y el paso a tras, que supone para el patrimonio la extinción de las empresas de restauradores y la dificultad para que los restauradores autónomos puedan desarrollar su trabajo en libre competencia. Esta denuncia hay que hacerla de manera organizada y constante ante el Ministerio de Cultura, las Consejerías de Cultura de las Comunidades, la administración en general, universidades, escuelas, museos y hasta en los partidos políticos. Necesitamos estar más unidos que nunca por nuestros derechos como restauradores y por nuestra excelencia en la labor, denunciando este descaro y falta de sensibilidad de la administración hacia nuestro colectivo, en definitiva hacia el patrimonio.
Desde aquí invito a todos y en general a los más jóvenes, para que toméis conciencia del problema, os organicéis y defendáis la figura del restaurador independiente, consecuente y amante de su labor, que trabaja con conciencia vocacional desde su figura de autónomo o desde una pequeña empresa de restauradores. Así como a los compañeros que trabajando en las administraciones, en los museos y en los entes públicos tienen el deber de solidarizarse con los compañeros afectados, porque de esta manera dignifican la profesión que todos amamos y ejercemos y ayudan a salvaguardar el patrimonio.
Saludos a todos.
Juan Aguilar
Restaurador
