08/03/2026
España bloquea el oxígeno fiscal a los autónomos… y Canarias vuelve a pagar el precio.....
Hay decisiones políticas que revelan con claridad cómo entiende un Gobierno la economía real. El retraso en la aplicación de la directiva europea que permitiría eximir de IVA a millones de pequeños autónomos es una de ellas. No es un simple retraso administrativo. Es una declaración de prioridades.
Mientras Alemania, Francia o Italia ya han aplicado la directiva europea 2020/285 —pensada precisamente para aliviar la carga fiscal y burocrática de los pequeños profesionales—, España sigue sin trasponerla. Y no por incapacidad técnica. El motivo es mucho más prosaico: el Gobierno teme perder entre 3.000 y 5.000 millones de euros de recaudación.
Dicho de otro modo: se prefiere seguir exprimiendo al pequeño empresario antes que facilitar la actividad económica.
La lógica es conocida. Cuando el gasto público crece sin freno, el Estado busca ingresos donde sabe que no habrá grandes mecanismos de defensa: en el pequeño empresario, en el profesional autónomo, en el microemprendedor que no tiene un departamento fiscal ni un ejército de asesores.
Son ellos los que sostienen buena parte del tejido productivo de proximidad. Los que levantan la persiana cada mañana. Los que crean empleo local. Los que mantienen viva la economía de barrios, pueblos y ciudades.
Y, sin embargo, siguen siendo tratados como una simple fuente de recaudación.
Una España que compite peor
La directiva europea permite que los pequeños autónomos queden exentos de IVA hasta determinados niveles de facturación, con un límite máximo de 85.000 euros anuales.
Italia ha optado precisamente por ese máximo.
Francia aplica el sistema para determinados sectores.
Alemania mantiene también su propio umbral.
España, en cambio, sigue anclada en la inacción.
El resultado es evidente: los autónomos españoles compiten en peor posición que sus colegas europeos. Más burocracia, más obligaciones fiscales, más tiempo dedicado a cumplir con la Administración que a desarrollar su actividad.
En un mercado europeo abierto, esta desventaja no es menor. Es estructural.
Canarias: el doble problema
Si el retraso ya es perjudicial en el conjunto de España, en Canarias adquiere una dimensión aún más preocupante.
El archipiélago tiene una estructura económica especialmente basada en pequeños autónomos, microempresas, profesionales independientes y negocios de proximidad, muchos de ellos vinculados al turismo, al comercio o a los servicios.
Es decir, exactamente el tipo de tejido empresarial que la directiva europea pretendía proteger.
Además, Canarias ya cuenta con un sistema fiscal propio —el IGIC— que, sobre el papel, debería facilitar la actividad económica y compensar la insularidad. Pero en la práctica, la carga burocrática sigue siendo elevada para los pequeños negocios.
La consecuencia es evidente: mientras en otros países europeos se simplifican las obligaciones fiscales para los pequeños emprendedores, en Canarias miles de profesionales siguen atrapados entre modelos trimestrales, obligaciones formales y costes administrativos que para un negocio pequeño resultan desproporcionados.
En un territorio donde la pequeña empresa es la norma y no la excepción, esta inacción legislativa pesa aún más.
El miedo a perder recaudación
El argumento del Gobierno es conocido: la exención podría reducir los ingresos por IVA.
Pero la experiencia de otros países indica justo lo contrario. Simplificar obligaciones fiscales suele aumentar el cumplimiento voluntario y reducir la economía sumergida.
Cuando la burocracia se vuelve asfixiante, muchos pequeños negocios terminan funcionando en los márgenes del sistema. Cuando el sistema se simplifica, la actividad aflora.
Pero para comprender esto hay que conocer cómo funciona la economía real.
Y ahí está el problema.
El autónomo como sospechoso fiscal
España sigue arrastrando una vieja cultura administrativa: la de considerar al empresario —especialmente al pequeño— como un potencial defraudador al que hay que vigilar, en lugar de como un actor esencial para el crecimiento económico.
De ahí la obsesión normativa, la burocracia interminable y la presión fiscal constante.
El resultado es un país donde emprender sigue siendo más difícil que en muchos de nuestros vecinos europeos.
Una señal preocupante
Que la Comisión Europea haya abierto expediente sancionador a España por no aplicar la directiva debería ser una llamada de atención.
Pero lo preocupante no es solo la sanción. Es lo que revela sobre la orientación de la política económica.
Mientras en Europa se entiende que apoyar al pequeño empresario es fortalecer la economía, en España sigue prevaleciendo la lógica inversa: recaudar primero, pensar después.
Y mientras tanto, millones de autónomos —muchos de ellos en lugares como Canarias, donde la pequeña empresa es la columna vertebral de la economía— siguen esperando algo tan simple como poder trabajar con menos obstáculos.
No están pidiendo subvenciones.
Solo piden que se les deje respirar.
Porque cuando el Estado asfixia al pequeño empresario, no solo pierde el autónomo.
Pierde toda la economía.
Sergio R.
