02/07/2015
Cuando la única solución es el divorcio, el convenio regulador puede evitar la eterna batalla judicial.
Enfrentarse a un procedimiento de divorcio puede en ocasiones convertirse en una batalla judicial que parece no tener fin.
Sin embargo, conciliar posturas es la mejor opción, y un reto que como profesional me empeño en conseguir, porque en un procedimiento de familia, no solamente entran en juego los rigores procesales de todo procedimiento civil, sino también, y en mayor medida los sentimientos. Sentimientos no solamente de los cónyuges que se enfrentan a esa nueva situación, sino también la de sus hijos, que verán condicionada su vida futura a situaciones que no llegan a comprender y que en ocasiones, demasiadas quizá, les va a marcar en un futuro, sin que en muchos casos, sobre todo cuando son muy pequeños tengan la oportunidad de decidir. En éstos casos un divorcio no es solamente una cuestión de dos.
Para los cónyuges llegar a ese consenso a veces se torna difícil, pero los profesionales estamos para ello, conocemos la ley, la aplicación de esa ley, y el procedimiento judicial. Somos también conocedores de cantidad de resoluciones que no obedecen a ningún criterio de los que se han planteado en el pleito. Otras muchas sí.
Un buen procedimiento de divorcio comienza, –según mi opinión profesional- por una evaluación de la situación personal, familiar y económica del matrimonio e intentar encausarlo por la vía de ese consenso. Y la mejor manera de conseguirlo es a través del convenio regulador, muchas veces pieza clave para el éxito del procedimiento. Todo se puede regular a través de un convenio entre las partes, hasta los más mínimos detalles de cómo queremos que sea nuestra relación familiar después de la declaración del divorcio, sobre todo cuando existen hijos menores, que lo queramos o no, nos obligará a continuar con una relación exigible.
No debe a mi entender favorecer a ninguna de las partes en particular y siempre debe procurar salvaguardar el interés de los hijos. Debe ser minucioso, abarcar todos los ámbitos que queremos regular. Porque lo que no quede regulado será posiblemente objeto de conflictos futuros. Y sobre todo, regular situaciones que se puedan cumplir, sin perjuicio de que pueden cambiar sustancialmente las circunstancias y posteriormente se necesite de alguna modificación.
Las mayores desavenencias generalmente vienen dadas por la regulación del aspecto económico del matrimonio tras el divorcio.
Y dentro de este aspecto económico, la primera partida que suscita controversias es el establecimiento de la pensión de alimentos a los hijos menores. Siempre suelo hacer la precisión a mis clientes que para establecerlas hay que evaluar dos aspectos fundamentales: las necesidades del menor y la capacidad económica del cónyuge que deberá abonar esa pensión. Con esto siempre les quiero hacer notar que no se debe pedir por pedir una determinada cantidad. La pensión correctamente calculada, evita posteriores procedimientos de ejecución de la sentencia por impago.
Otro aspecto que se debe regular al detalle son las cargas del matrimonio, quien debe abonar la hipoteca de la vivienda familiar, los préstamos personales que pueda tener el matrimonio, el pago del IBI, la comunidad de propietarios, etc procurando que todos estos compromisos económicos deban de ser asumidos – a ser posible- por ambos cónyuges de manera tal, que ninguno de los dos se vea perjudicado económicamente por causa del divorcio. Imaginemos que uno de los dos debe abandonar el domicilio familiar, ha de procurarle a éste que pueda a su vez disfrutar de una vivienda adecuada para disfrutar del régimen de visitas que se establezca en el caso de tener hijos en común, y si no los hubiera, que igualmente tenga la posibilidad económica de una cierta independencia.
Un convenio regulador estructurado, que tenga en cuenta todos los aspectos que van a condicionar la vida futura de la familia, es muchas veces la solución ideal y la oportunidad para evitar que el procedimiento de divorcio se convierta en esa batalla eterna en los tribunales, que conlleva además elevados costes económicos para el matrimonio y un desgaste de la familia que muchas veces conlleva la frustración de todos sus componentes y a la larga, un sacrificio en vano.
