24/09/2026
COMUNICADO DE GRADUADOS SOCIALES SOBRE LA ENTRADA EN VIGOR DEL REAL DECRETO 723/2026
Los graduados sociales que suscribimos este comunicado queremos trasladar públicamente nuestra
preocupación por las dificultades que plantea la aplicación del Real Decreto 723/2026, de 9 de
septiembre, relativo a unas condiciones laborales transparentes y previsibles.
La norma se publicó el 15 de septiembre de 2026 y entrará en vigor el 5 de octubre de 2026. Entre
ambas fechas transcurren únicamente veinte días naturales.
Compartimos el objetivo de mejorar la información que reciben las personas trabajadoras sobre sus
condiciones laborales. Precisamente porque queremos garantizar ese derecho de forma correcta,
consideramos necesario advertir de las dificultades reales que su implantación inmediata está
generando en empresas y despachos profesionales de toda España.
1. Un plazo insuficiente para adaptarse
La aplicación del real decreto exige estudiar sus disposiciones, revisar los documentos que se entregan a
las personas trabajadoras, adaptar los procedimientos de contratación y comunicación, comprobar su
encaje con los distintos convenios colectivos, formar a los equipos e informar a las empresas clientes.
Estas tareas deben realizarse en apenas veinte días y al mismo tiempo que se atiende la actividad
ordinaria de los despachos. Una reforma que pretende aportar transparencia y previsibilidad a las
relaciones laborales necesita un calendario que permita aplicarla con rigor.
2. Inseguridad jurídica y dudas de aplicación
La información que debe facilitarse varía según las circunstancias de cada relación laboral: jornada,
distribución del tiempo de trabajo, retribución, convenio aplicable, modalidad contractual y organización
de la empresa, entre otras.
Los profesionales necesitamos criterios claros y homogéneos para resolver las dudas que surgirán en la
práctica. De lo contrario, empresas y despachos tendrán que tomar decisiones inmediatas que podrían
recibir después interpretaciones diferentes por parte de la Administración o de los órganos judiciales.
El propio real decreto prevé que el SEPE ponga a disposición un modelo de documento informativo, pero
establece que la publicación de ese modelo no condiciona la exigibilidad de las obligaciones. Esto hace
especialmente necesaria la disponibilidad temprana de modelos, instrucciones y ejemplos prácticos.
3. Riesgo de colapso de los despachos profesionales
Los graduados sociales gestionamos diariamente altas y bajas, contratos, nóminas, cotizaciones,
prestaciones, incapacidades temporales, despidos, sanciones, vacaciones y multitud de incidencias
laborales.
A esa carga ordinaria se añade ahora la necesidad de revisar procedimientos, preparar documentación
adecuada para cada caso y asesorar individualmente a las empresas. No se trata de cambiar una frase
en un contrato: se trata de implantar correctamente nuevas obligaciones de información en relaciones
laborales muy diversas.
Sin tiempo suficiente, esta acumulación de tareas puede provocar un colapso operativo, especialmente
en los despachos pequeños y medianos, y dificultar la atención que merecen tanto las empresas como
las personas trabajadoras.
Comunicado colectivo · RD 723/2026 1
4. También hay que preparar la respuesta para los contratos vigentes
El real decreto establece una regla transitoria para las relaciones laborales que ya estén vigentes
cuando entre en vigor. La empresa deberá facilitar la información inicial a la persona trabajadora que la
solicite, si no obra ya en su poder, en el plazo de treinta días hábiles desde la solicitud. Las
modificaciones posteriores deberán comunicarse conforme a los plazos de la norma.
Esta previsión evita tener que entregar de oficio toda la información inicial de todos los contratos
vigentes el 5 de octubre, pero no elimina la necesidad de preparar desde ahora procedimientos para
recibir solicitudes, revisar la información disponible y responder dentro de plazo.
5. Las reformas necesitan medios y planificación
Cada nueva obligación documental exige estudio, adaptación informática, cambios en la organización
del trabajo, formación y asesoramiento a los clientes. Cuando los plazos son mínimos, ese esfuerzo recae
de forma inmediata sobre las empresas y los profesionales que las asesoran.
Los graduados sociales somos una pieza esencial en la aplicación diaria de la normativa laboral y de
Seguridad Social. Para desempeñar esa función con responsabilidad necesitamos tiempo, criterios claros
y herramientas adecuadas.
POR TODO ELLO, SOLICITAMOS:
1. A los colegios oficiales de graduados sociales, que recojan las dificultades comunicadas por sus
colegiados y las trasladen con urgencia al Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados
Sociales de España.
2. Al Consejo General, que actúe como interlocutor del colectivo y solicite al Ministerio de Trabajo y
Economía Social medidas urgentes para una implantación ordenada del Real Decreto 723/2026.
3. Que se promueva un periodo de adaptación suficiente, establecido por la vía jurídica adecuada, antes
de exigir plenamente las nuevas obligaciones, de modo que empresas y profesionales puedan
adecuar sus procedimientos con seguridad.
4. Que se publiquen con urgencia el modelo de documento informativo previsto en la norma, criterios
interpretativos, guías prácticas y ejemplos que permitan una aplicación homogénea.
5. Que se habilite un canal de comunicación con los colegios profesionales para trasladar y resolver las
dudas e incidencias que aparezcan durante la aplicación.
6. Que se solicite a las autoridades competentes que, dentro de los límites legales, durante la fase
inicial se prioricen la información, la asistencia y la subsanación de incumplimientos meramente
formales vinculados a la adaptación.
7. Que en futuras reformas que afecten directamente a la gestión laboral diaria se escuche a los
profesionales encargados de aplicarlas y se establezcan plazos de adaptación acordes con el trabajo
que requieren.
No cuestionamos el derecho de las personas trabajadoras a recibir información clara sobre sus
condiciones laborales. Reclamamos las condiciones necesarias para garantizarlo de forma efectiva y con
seguridad jurídica.
Pedimos a los graduados sociales de toda España que compartan este comunicado y hagan llegar esta
preocupación a sus respectivos colegios profesionales. Una petición común tendrá más fuerza para conseguir una respuesta urgente.
Graduados sociales de España
Referencia normativa: BOE-A-2026-19200 · www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2026-19200
Comunicado colectivo · RD 723/2026
BOE-A-2026-19200 Real Decreto 723/2026, de 9 de septiembre, por el que se transpone la Directiva (UE) 2019/1152 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a unas condiciones laborales transparentes y previsibles en la Unión Europea.
