22/10/2026
El "socio mayoritario" del sector inmobiliario del que poco se habla.
El debate sobre el acceso a la vivienda en España suele centrarse casi en exclusiva en la ley de la oferta y la demanda, los tipos de interés o el suelo. Sin embargo, a menudo pasamos por alto el enorme impacto de la fiscalidad en el precio final.
Un análisis reciente del economista Fernando Trías de Bes pone sobre la mesa un dato demoledor: en la venta de una vivienda de 400.000 euros, la Administración Pública puede llegar a ingresar unos 148.000 euros. Esto significa que el Estado recauda, a través de la acumulación de figuras tributarias (IVA, ITP, IRPF, plusvalías, IBI, tasas municipales y licencias), aproximadamente el triple del beneficio neto que obtiene el promotor.
Ante este escenario, surge una paradoja importante:
Mientras millones de ciudadanos se enfrentan a serias barreras de entrada al mercado inmobiliario, las cargas impositivas siguen encareciendo artificialmente lo que debería ser un bien de primera necesidad.
Si el objetivo real es garantizar el acceso a una vivienda digna, ¿no deberíamos empezar por revisar y racionalizar la presión fiscal que soporta el sector?
¿Qué opináis vosotros? ¿Qué medidas estructurales creéis que serían más eficaces para aliviar esta situación?
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