29/09/2026
¿CUÁNTO PESA EN UN PROCEDIMIENTO JUDICIAL UNA CERTIFICACIÓN POR EL MERO HECHO DE PROCEDER DE UN “ORGANISMO DE CONTROL AUTORIZADO, ACREDITADO POR ENAC”?
Hoy, desde Nasting Asesores Abogados & Economistas, queremos compartir un caso real en el que continuamos trabajando y que, a nuestro juicio, plantea un debate interesante para abogados, jueces, peritos, ingenieros y profesionales relacionados con la prueba técnica.
No publicamos este asunto para anticipar responsabilidades, sino porque la documentación obtenida hasta el momento plantea algunas cuestiones que creemos merecen una profunda reflexión.
En un procedimiento judicial en el que se discutía el estado y el correcto funcionamiento de una maquinaria industrial de nuestro representado (la parte actora), se confrontaron, esencialmente, dos documentos técnicos. Por nuestra parte, se aportó un informe detallado sobre el estado de la máquina, las comprobaciones realizadas, la metodología utilizada y el análisis de los distintos componentes de la maquinaria, sus averías y las reparaciones necesarias. Mientras de contrario se aportó una certificación de una sola página, emitida por una entidad que se presentaba expresamente como: “Organismo de Control Autorizado, acreditado por ENAC” (OCA).
Dicha certificación de la OCA se limitaba a indicar que se había puesto en marcha la máquina y probado determinadas funciones de mecanizado, concluyendo que esas funciones operaban correctamente, no constando mediciones, protocolo o metodología de ensayo, norma técnica aplicada, registros de las pruebas, fotografías ni una explicación técnica desarrollada que permitiera conocer cómo se alcanzó aquella conclusión, y si las comprobaciones se realizaron sobre la maquinaria en su conjunto o solo una parte de ella.
En la sede judicial la sentencia atribuyó una especial relevancia a la certificación de OCA. El Juzgado consideró a la entidad emisora como una empresa “homologada para la emisión de certificados de calidad y funcionamiento industrial” y “totalmente independiente” respecto de las partes y de la Administración Concursal. Además, destacó que el técnico de OCA no parecía tener relación con las partes, mientras que el autor del informe presentado por nuestra representada era técnico de la propia actora. Considerando, de este modo, que la certificación emitida por un “técnico homologado de OCA” acreditaba el correcto funcionamiento de la máquina.
Y aquí aparece un primer elemento que nos hizo profundizar en el asunto. La propia certificación de la OCA señala expresamente que fue emitida “a petición” de una persona perteneciente a la empresa concursada (la demandada por nuestro cliente).
Que una certificación sea solicitada por una de las partes no determina por sí solo la falta de independencia de quien la emite. Pero sí creemos que plantea una pregunta relevante: ¿Hasta qué punto debe presumirse la independencia de una certificación sin analizar previamente quién la encargó, cuál era exactamente el objeto del encargo y bajo qué condiciones se realizó la comprobación?
Ante las dudas surgidas sobre el alcance de la acreditación invocada en el documento, promovimos las correspondientes actuaciones ante la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC). La respuesta recibida fue especialmente significativa. ENAC nos comunica expresamente que la entidad actuante de la OCA “no está acreditada por ENAC para la actividad a la que se refiere dicho escrito”. Y añade expresamente que: “existe una referencia incorrecta tanto en lo referente a que la entidad actúa como Organismo de Control como a que se encuentra acreditada por ENAC”.
De este modo, la empresa actuante como OCA, en el momento de emitir la certificación por su técnico, no estaba realmente acreditada para la actividad concreta objeto de nuestra reclamación.
El asunto ya ha sido puesto en conocimiento de la Administración competente en materia de Industria, a quien corresponderá ahora investigar los hechos y determinar, en su caso, las consecuencias que procedan. Por nuestra parte, no anticipamos ninguna conclusión, pero el caso sí nos deja una reflexión que creemos especialmente importante compartir desde la perspectiva de la prueba: ¿Qué es lo que realmente debe otorgar fuerza a una prueba técnica? ¿Una certificación de una página emitida supuestamente por un Organismo Acreditado puede recibir una mayor credibilidad que un informe técnico extensamente motivado simplemente por la condición institucional que aparece junto al nombre de quien la emite? Y, sobre todo: ¿A quién corresponde comprobar o demostrar que la habilitación o acreditación invocada cubre precisamente la actividad sobre la que se está certificando?
Porque cuando la referencia a una determinada condición institucional puede influir decisivamente en la confianza que un tercero —especialmente un órgano judicial— deposita en un documento, comprobar su verdadero alcance deja de ser una cuestión meramente formal. Consideramos que la autoridad aparente del emisor no debería sustituir nunca al análisis crítico del contenido, metodología, alcance y fundamento de una prueba técnica.
Este procedimiento continúa abierto y, precisamente por ello, nos interesa especialmente conocer las opiniones de otros profesionales: abogados, ingenieros, peritos, arquitectos, técnicos y demás que trabajáis habitualmente con prueba técnica: ¿Qué valoración os merece un supuesto como este? ¿Os habéis encontrado alguna vez con certificados o informes cuya habilitación o acreditación, al comprobarla detenidamente, no alcanzaba exactamente la actividad certificada? ¿Creéis que en la práctica judicial concedemos demasiado peso a determinadas denominaciones, sellos o acreditaciones sin analizar suficientemente su alcance?
Nos encantará leer vuestras opiniones y, especialmente, conocer experiencias similares. Abrimos debate en comentarios. Gracias.
