28/06/2026
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715 ciervos y 572 jabalíes en una sola finca, y un mes para cumplir el cupo. La fotografía del Parque Nacional de Cabañeros, ese espacio protegido que debería ser un santuario de la naturaleza, se convierte en la de un matadero al aire libre donde la administración, con la torpeza de quien improvisa, autoriza la caza de 5.000 ungulados en 30 días. La escena es la del despropósito: los propietarios de los cotos, que antes gestionaban la caza comercial con ganancias, se niegan a participar, porque la captura en tan poco tiempo es "imposible de todo punto". Al otro lado, los ecologistas acusan a los propietarios de no querer solucionar el problema, y la administración regional, con un plan de control sin aprobar y un calendario que choca con el celo de las aves, intenta poner parche a un desequilibrio ecológico que lleva años gestándose. Esta no es una foto de gestión ambiental, sino de la guerra de todos contra todos, donde el animal, el ciervo o el jabalí, es el rehén de intereses económicos y políticos, convertido en un número en una hoja de cálculo, en una pieza de un puzle que nadie sabe armar.
Este conflicto en Cabañeros, un parque nacional que representa la esencia del monte mediterráneo, es el espejo de un fracaso sistémico. La causa raíz no es la sobrepoblación, sino el modelo de gestión que, durante años, permitió la caza comercial y la ganadería intensiva en fincas privadas dentro del parque, creando un desequilibrio artificial. Los ciervos y jabalíes, sin depredadores naturales y con alimentación suplementaria, se reprodujeron sin control. Cuando la Ley de Parques Nacionales prohibió la caza comercial en 2020, el problema se agravó, pero la administración, sin un plan de gestión claro, recurrió a la solución más sencilla: autorizar una matanza masiva en tiempo récord, sin indemnizar a los propietarios, y sin considerar el impacto en la fauna y la flora. Es la misma lógica que lleva al elefante al vertedero o a los burros a la inanición: una visión cortoplacista, reactiva y desconectada de la realidad ecológica. El parque, que debería ser un modelo de conservación, se convierte en un campo de batalla donde la ciencia y la política chocan, y los animales pagan el precio.
El impacto ecológico de esta decisión es, como mínimo, dudoso. Cazar 5.000 animales en un mes, sin los métodos adecuados, puede alterar el comportamiento de las especies, afectar a otras que dependen de ellos, y no soluciona el problema estructural de la falta de depredadores y la fragmentación del hábitat. Pero el impacto moral es más profundo: nos revela una administración que no sabe gestionar la vida, que prioriza la inmediatez y la presión de los intereses creados sobre la planificación a largo plazo. La reflexión ética es ineludible: ¿de verdad creemos que una matanza relámpago es la solución a la sobrepoblación, o es la confesión de que hemos perdido el control sobre el espacio que nos han confiado? La esperanza realista, aunque empañada, pasa por un plan de gestión integral que incluya la restauración de la conectividad ecológica y la reintroducción de depredadores naturales, como el lobo, que puedan regular las poblaciones de forma natural. La comunidad autónoma habla de reducir la cifra a la mitad en el futuro, y los acuerdos entre administración y propietarios son posibles si se basan en la transparencia y la compensación justa. Pero la pregunta que debe resonar en cada despacho y en cada asamblea es: si no podemos gestionar un parque nacional sin caer en la violencia y el conflicto, ¿qué nos queda para el resto del planeta? ¿Acaso hemos convertido la conservación en un campo de tiro donde los animales son dianas y los intereses, las balas? Porque la imagen final no es la del ciervo abatido, sino la de una humanidad que ha perdido la capacidad de mirar un paisaje sin ver un recurso, y que, en su ceguera, cree que la solución a sus propios errores es siempre más de lo mismo: más muerte, más prisa, más números.
