29/01/2020
El “software” de la discordia
elPeriódico denunció en noviembre pasado, que el entonces ministro de Ambiente, Alfonso Alonzo, ordenó adquirir un software para la gestión de licencias ambientales a un costo de Q14.9 millones. El mismo no funcionó y las nuevas autoridades ambientales han solicitado a la Contraloría General de Cuentas una auditoría especial de esta contratación anómala.
Por: Investigación [email protected]
Unos 2 mil 500 estudios ambientales están sin resolver en el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) debido a que el exministro Alfonso Alonzo recortó a más de 200 personas, la mayoría consultores que se encargaban de analizar y dar trámite a los instrumentos que presentan empresas y particulares para ejecutar proyectos y/o construcciones.
Además de ello, el exministro Alfonso Alonzo ordenó la adquisición de un software para la gestión de licencias ambientales a un costo de Q14 millones 946 mil, el cual no funcionó y ahora las nuevas autoridades ambientales deben resolver el problema que les heredó.
Empresarios advierten que sistema es inviable
El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) y la Cámara de Industria (CIG) enviaron cartas al nuevo ministro de Ambiente, Mario Rojas Espino, para pedirle que reconsidere la implementación del “sistema de información en arquitectura web, para la gestión de licencias ambientales”, conocido como SILA.
“A finales del año 2019, el SILA fue contratado por medio del MARN. Como CIG, se brindaron recomendaciones al respecto por la falta de viabilidad del sistema, debido a diferentes carencias técnicas, legales y que es oportuno que podamos compartir con su equipo de trabajo”, señala la misiva firmada por Javier Zepeda, director ejecutivo de la CIG.
Por su parte, la carta enviada por CACIF expone que “en varias ocasiones como sector privado organizado se brindaron recomendaciones al respecto por la falta de viabilidad del sistema”.
La nota de CACIF está firmada por su director ejecutivo Roberto Ardón y ahonda sobre las razones por las que el sector privado organizado tiene reservas. “Nuestra legislación no está diseñada para otorgar permisos temporales, lo que generaría riesgos para la inversión privada”.
Los empresarios también consideran que “el sistema que impulsa el MARN contradice lo que las Cortes y el mismo Congreso han promovido, como el Convenio 169, ya que no genera la consulta respectiva de parte de las mismas autoridades”.
Finalmente, CACIF argumenta la “falta de levantamiento de áreas territoriales y definición de objeto del uso y tenencia de la tierra para la correcta ejecución del sistema”.
Un capricho de Alfonso Alonzo
La compra de dicho software fue un capricho del anterior ministro de Ambiente Alfonso Alonzo, quien forzó para que su cartera adjudicara el 25 de octubre del año pasado, un millonario contrato para la adquisición del sistema de información a la empresa Programación de Sistemas Aplicativos, Sociedad Anónima, de Capital Variable (Prosap), una empresa cuya sede se encuentra en Honduras y fue inscrita para operar en Guatemala hasta junio pasado. El precio ofertado por la empresa que puso como sede una oficina de abogados en la zona 4 de la ciudad, fue de Q14 millones 946 mil.
La licitación del software ya se había publicado en diciembre de 2017 en el portal electrónico de compras públicas Guatecompras y había sido adjudicada a un proveedor local por Q11 millones 904 mil, pero fue declarada desierta en febrero de 2018, ya que según la Junta de Licitación, el proveedor no presentó la documentación requerida. Entre ella, documentación bancaria de soporte, como “promedio de cifras antes del decimal”, si la empresa poseía créditos, entre otros que no fueron requeridos a la empresa hondureña recién creada.
La empresa Programación de Sistemas Aplicativos inscrita en Honduras, presentó ante el Registro Mercantil documentación contable que acredita que en el año 2017 manejó proyectos en aquel país por US$125 mil y señala que sus resultados financieros para finales de año fueron de alrededor de US$5 mil.
Mientras en Guatemala, la empresa tendría un negocio equivalente a US$1.9 millones como su primer contrato sin contar con personal ni oficinas para realizar dicho sistema.
A contrarreloj
El sistema fue recepcionado el 5 de diciembre de 2019 por una comisión de servidores públicos que laboran en el MARN. Dicha comisión estuvo integrada por Roger Fernando Dardón Flores, el viceministro Otoniel Barrios Toledo y Leonel Sebastián Casasola Echeverría.
Posteriormente, el 26 de diciembre, fue elaborada el acta de liquidación 057-2019 en la que la comisión receptora del software avaló que se le cancelara mediante un pago único cuando corresponda a la empresa Programación de Sistemas Aplicativos, S.A. de acuerdo con lo convenido en el contrato firmado entre la entidad de capital hondureño y el MARN.
Ese mismo día Programación de Sistemas Aplicativos, S.A. emitió una factura a nombre del Ministerio de Ambiente por Q14 millones 946 mil por la adquisición del sistema para la gestión de licencias ambientales.
El 30 de diciembre, el ministro de Ambiente Alfonso Alonzo firmó la Resolución Ministerial 242-2019 en la que aprobó todo lo actuado por la Comisión Receptora y Liquidadora del software y ordena remitir el expediente a quien corresponde para continuar con el procedimiento administrativo establecido para el pago.
Pero debido al cierre de año, el MARN ya no pudo tramitar el pago a la empresa hondureña por lo que este quedó como una deuda de arrastre y ahora deberán ser las nuevas autoridades de Ambiente quienes determinen si avalan lo actuado por Alonzo y sus funcionarios y realizan el pago.
CGC auditará proceso
Consultado sobre el caso, una vocera de la oficina de prensa del MARN, indicó que el miércoles pasado las nuevas autoridades solicitaron a la Contraloría General de Cuentas (CGC) que realice una auditoría especial sobre el proceso que se realizó para la compra del sistema de información para la gestión de licencias ambientales.
La portavoz agregó que “como Ministerio no tenemos contemplado pagarlo”. Agregó que “se realizó una prueba y hubo un fallo. Como se dice coloquialmente el programa no corrió”.
La brasa del pago del software se traslada ahora a la Contraloría que deberá determinar mediante una auditoría especial si se cometieron ilegalidades en la contratación del ‘software’ y si procede una denuncia penal en contra del exministro Alfonso Alonzo y los miembros de la Comisión Receptora y Liquidadora del software.
Las autoridades de Ambiente confirmaron que entre noviembre y diciembre pasados hubo un recorte de personal en la Dirección de Gestión Ambiental lo que ha generado que se forme una presa de 2 mil 500 instrumentos ambientales que no han sido analizados para resolver sobre su aprobación, por lo que estos proyectos o construcciones se encuentran detenidos.
“Entre los despidos hubo personal técnico que tenía 10 o 12 años de experiencia. Se ha procedido a convocar a ese personal para recontratarlo. También se detectaron contrataciones 029 de última hora. En estos momentos se está avanzando en un diagnóstico sobre toda la situación en que se encontró a la Institución”, indicaron en la oficina de prensa del MARN.
