CISA Soluciones - División Agua Potable

CISA Soluciones - División Agua Potable Especialistas en la administración de empresas o entidades responsables de prestar los servicios de agua potable.

29/08/2020
19/05/2020

EL NUEVO MODELO DE GESTIÓN
(Parte 4)

En el diseño del nuevo MODELO DE GESTIÓN se deberá fortalecer las funciones estratégicas de planeación administrativa, estratégica y financiera, obligando a las funciones de organización, integración de personal y dirección (funciones tácticas y operativas), a cumplir con las normas y políticas establecidas.

Con el fortalecimiento de la planeación a través de la tecnología de información (TI) se pretende garantizar que el ejercicio del gasto corriente se ajuste estrictamente a los montos presupuestados, y las inversiones se regulen a través un programa estratégico de inversiones conformado por acciones y proyectos de inversión orientados a cumplir con los estándares de operación de procesos completos. Por lo tanto, el funcionario que las haya propuesto será responsable de que las metas se cumplan. De esa manera se erradicaría la costumbre de invertir en decisiones aisladas y unilaterales que solo generan resultados fragmentados.

Como complemento imprescindible se deben fortalecer las funciones de evaluación y control, para que la medición de los resultados obtenidos se realice de manera automática y en tiempo real, evitando la discrecionalidad y permitiendo que las autoridades y la sociedad puedan acceder a la información pública desde cualquier dispositivo móvil o estación remota y verificar que se esté cumpliendo con las normas, políticas, estándares de operación y metas establecidas en la planeación. Para lograrlo, solo se necesita VOLUNTAD POLÍTICA.

06/05/2020

En el diseño del nuevo MODELO DE GESTIÓN para las entidades responsables de prestar los servicios públicos de agua potable el Órgano de Gobierno debería estar integrado por igual cantidad de representantes de las instituciones el sector público municipal y de las organizaciones privadas locales. Los representantes del sector público no podrán ser funcionarios ni ostentar puestos de elección popular y los del sector privado tampoco podrán presidir ninguna organización de la sociedad civil organizada. Ambos deberán cumplir con un perfil profesional definido en el reglamento interior del organismo.

Los miembros del Órgano de Gobierno deberían recibir contraprestaciones por los servicios que presten, pues serían responsables de diseñar las estrategias orientadas a cumplir con los estándares de operación y metas de resultados orientadas a alcanzar la autosuficiencia financiera y la cobertura total de los servicios.

Cuando en un periodo fijo prestablecido no lograran cumplir con la obligación constitucional de los municipios de prestar los servicios de manera suficiente, salubre, aceptable y asequible, serían remplazados de sus cargos. En cambio, si el organismo cumple con esa obligación podrían permanecer de manera indefinida como consejeros. Por supuesto que la designación y/o sustitución del Director General dependerá de ellos y este último tendrá la responsabilidad de contratar los servicios de sus colaboradores y personal en general.

Para deslindar responsabilidades, un consejero presidiría cada una de las comisiones de operación, comercialización, administración y construcción, de esta manera se fortalecen las funciones estratégicas (olvidadas en la actualidad) y se fomentaría en la organización una nueva cultura organizacional basada en la administración por resultados.

Para lograrlo, se requiere VOLUNTAD POLÍTICA, pues los organismos dejarían de ser instrumentos generadores de empleo para los participantes en las campañas políticas cada tres o seis años.

03/05/2020

En el diseño del nuevo MODELO DE GESTIÓN para las entidades responsables de prestar los servicios públicos de agua potable deben converger la interconectividad, la interoperatividad y la consistencia semántica entre todos los procesos que conforman la organización, apoyándose con la tecnología de información y comunicación para generar información confiable y oportuna que simplifique y mejore las decisiones tácticas y estratégicas.

Los procesos que hoy se ejecutan de manera manual deben sustituirse por procesos diseñados con base tecnológica para lograr su estandarización y homologar toda la información que se genera y procesa. Este cambio debe aprovecharse para profesionalizar el recurso humano incluyendo competencias profesionales y habilidades técnicas, y en el mediano plazo erradicar la discrecionalidad en los procesos de selección y reclutamiento del personal.

En el nuevo MODELO DE GESTIÓN debe medirse el desempeño y los resultados por medio de indicadores cuyos índices de operación se actualicen automáticamente y en tiempo real, para eliminar la discrecionalidad en las funciones de evaluación. Además, se deberán distinguir los propósitos de los indicadores de desempeño y de resultados, pues los primeros miden la eficiencia y la productividad de cada uno de los procesos y los segundos son el resultado de haber cumplido con los estándares de operación esperados de los primeros. Es decir, si los resultados esperados no se cumplen, quiere decir que uno o varios procesos no cumplieron con su estándar de operación afectando la cadena de valor.

Para el diseño del nuevo MODELO DE GESTIÓN no se necesitan grandes inversiones, pues las teorías y las tecnologías están disponibles en este siglo XXI, solo se necesita VOLUNTAD POLÍTICA para revertir las tendencias financieras de las entidades responsables de prestar esos servicios públicos esenciales para la vida civilizada. Continuare publicando sobre el mismo tema.

29/04/2020

Un modelo de gestión es un esquema o marco de referencia para la administración de una entidad pública o privada, ese marco de referencia contiene políticas y normas orientadas a alcanzar los objetivos esperados.

Entre 1948 y 1983, las entidades responsables de prestar los servicios públicos de agua potable en México operaron con un modelo de gestión centralista, donde la federación las operaba y administraba directamente. Este modelo no consideraba la comercialización de los servicios, pues, los subsidios federales cubrían el gasto corriente y las inversiones.

En 1983, se emprende un movimiento para promover el federalismo y se inicia la transferencia de esas entidades a los estados y municipios, modificando el modelo de gestión para incorporar en su organización los procesos relacionados con la comercialización de los servicios y ampliar los alcances del proceso de administración de los recursos humanos, materiales y financieros. A partir de esta transferencia, estas entidades tenían que generar sus propios recursos para financiar su gasto corriente y sus inversiones.

En 1999 se modifica la Constitución General para establecer que los municipios tendrán a su cargo esos servicios públicos eliminado de su texto la frase “con la concurrencia del Estado”, es decir, que la obligación constitucional de prestar los servicios de agua potable de manera suficiente, salubre, aceptable y asequible sería, a partir de entonces, una responsabilidad exclusiva de los municipios.

Esta modificación a la Constitución General no provocó cambios al modelo de gestión, pues en la práctica, la gran mayoría de esas entidades, siguen siendo administrados por los municipios con la concurrencia del estado, pues los primeros, no han podido, por si solos, cumplir con su obligación constitucional.

El actual modelo de gestión está supeditado a los cambios de los periodos constitucionales de la administración estatal o municipal, adoptando políticas que no contribuyen con el mejoramiento de la eficiencia y la productividad, la rendición de cuentas y la trasparencia en la información. Además, la planeación tiene una visión de corto plazo orientada a cumplir objetivos aislados y unilaterales. Es por eso, que la gran mayoría de esas entidades operan con déficit financieros crecientes que se traducen en una mala calidad de los servicios y una pésima imagen institucional.

La contingencia sanitaria y económica es una oportunidad para cambiar de modelo de gestión. Esa transformación no requiere recursos financieros importantes, solo necesita VOLUNTAD POLÍTICA. Pero la VOLUNTAD POLÍTICA debe ser exigida por la sociedad civil organizada, pues los intereses de esta última trascienden a los periodos constitucionales de las administraciones estales y municipales.

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