Lorenzo Abogados LAW FIRM SAS

29/05/2026

La Evolución Dogmática y Procesal de la Compensación Económica en México: Un Análisis Exhaustivo de las Tesis 2032154 y 2032155 a la Luz de la Perspectiva de Género

1. Introducción al Nuevo Paradigma del Derecho de Familia y la Justicia Patrimonial
El derecho de familia en México ha experimentado una profunda reconfiguración estructural durante las últimas dos décadas, transitando de un modelo predominantemente moralista, formalista e institucional hacia un paradigma garantista, fundamentado en el libre desarrollo de la personalidad, la igualdad sustantiva y la protección irrestricta de los derechos humanos de las personas en situación de vulnerabilidad. En el epicentro de esta transformación tectónica se encuentra la figura de la compensación económica, un mecanismo de naturaleza resarcitoria diseñado específicamente para equilibrar las asimetrías patrimoniales generadas durante la vigencia del matrimonio o concubinato, de manera particular cuando las partes se han sometido al régimen patrimonial de separación de bienes.

La Evolución Dogmática y Procesal de la Compensación Económica en México: Un Análisis Exhaustivo de las Tesis 2032154 y 2032155 a la Luz de la Perspectiva de Género

31/03/2026

El Derecho a la Salud y el Reembolso de Gastos Médicos Extrainstitucionales


Introducción a la Justiciabilidad del Derecho a la Salud y el Paradigma Restitutorio
El desarrollo dogmático, normativo y jurisprudencial del derecho a la protección de la salud en el Estado constitucional mexicano ha experimentado una transformación sistémica y profunda durante las últimas cuatro décadas. Tradicionalmente concebido en la doctrina clásica como una norma de carácter eminentemente programático, sujeta de manera estricta a la disponibilidad presupuestaria y a la realización progresiva por parte de la administración pública, su justiciabilidad directa enfrentó, durante un prolongado periodo histórico, severos obstáculos procesales y sustantivos. Sin embargo, la evolución del control de constitucionalidad y convencionalidad, acentuada en el marco de la Undécima Época del Semanario Judicial de la Federación, ha consolidado un modelo de tutela judicial efectiva que dota de operatividad material a la obligación estatal de garantizar el más alto nivel posible de salud física y mental.

En el centro de esta evolución paradigmática se encuentra la problemática derivada de las deficiencias operativas en las instituciones de seguridad social, las cuales, ante la sobredemanda, la escasez de insumos o las fallas orgánicas, incurren frecuentemente en omisiones, negativas o retrasos en la prestación de servicios médicos urgentes y especializados. Estas fallas institucionales trasladan de facto la carga de la atención médica al patrimonio del derechohabiente, quien se ve forzado a acudir al sector privado para salvaguardar su vida o su integridad física. En este intrincado contexto, la publicación de las tesis con registro digital 2031936 y 2031880, correspondientes al 20 de marzo de 2026, marca un hito jurisprudencial insoslayable en la definición precisa de los alcances restitutorios del juicio de amparo frente a la inactividad del Estado.

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El Derecho a la Salud y el Reembolso de Gastos Médicos Extrainstitucionales

15/03/2026

Restitución de Fondos de Seguridad Social a Trabajadores Extranjeros No Residentes en los Estados Unidos Mexicanos

1. Introducción al Marco Constitucional y la Realidad Migratoria en el Sistema de Pensiones Mexicano

El fenómeno contemporáneo de la globalización económica ha transformado de manera irreversible las dinámicas del mercado laboral internacional, incrementando exponencialmente la movilidad de profesionales, técnicos y trabajadores transfronterizos. En este intrincado contexto geopolítico y económico, los Estados Unidos Mexicanos han fungido históricamente no solo como un país emisor de fuerza laboral hacia el norte del continente, sino también, y de manera cada vez más acentuada, como una nación receptora de talento extranjero. Los trabajadores foráneos que ingresan al territorio nacional de manera formal y se integran al sector productivo formal adquieren, por mandato expreso del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus leyes reglamentarias, los mismos derechos laborales y de seguridad social que los trabajadores nacionales.

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Análisis Dogmático, Jurisprudencial y Procesal sobre la Restitución de Fondos de Seguridad Social a Trabajadores Extranjeros No Residentes en los Estados Unidos Mexicanos

09/02/2026

Derechos de infancia en gestación subrogada ante la Secretaría de Relaciones Exteriores

La evolución de la tutela cautelar en el sistema jurídico mexicano ha experimentado una transformación paradigmática a raíz de la reforma constitucional de 2011 y la posterior Ley de Amparo de 2013. Esta metamorfosis ha desplazado el enfoque tradicional de la suspensión del acto reclamado, que históricamente se limitaba a una función meramente conservativa, hacia una concepción de tutela efectiva que permite, en casos excepcionales, efectos restitutorios provisionales. En este contexto, la resolución de la Contradicción de Criterios 103/2025 por el Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte se erige como un pilar fundamental para la protección de los derechos de los menores nacidos mediante técnicas de reproducción asistida, específicamente la gestación subrogada. El núcleo del debate jurídico reside en determinar si la suspensión provisional es la vía idónea para paralizar requerimientos adicionales de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que, al no estar contemplados expresamente en la normativa aplicable, obstaculizan el derecho a la identidad y al libre tránsito de los infantes.

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Derechos de infancia en gestación subrogada ante la Secretaría de Relaciones Exteriores

29/11/2025

La Nueva Arquitectura Jurídica de la Extorsión en México: Análisis Dogmático, Constitucional y Procesal del Decreto del 28 de Noviembre de 2025

Introducción: La Crisis de Seguridad y el Cambio de Paradigma Legislativo
La publicación del Decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión en el Diario Oficial de la Federación (DOF), edición vespertina del 28 de noviembre de 2025 , constituye uno de los momentos más trascendentales en la historia reciente de la política criminal mexicana. Este instrumento legislativo no es simplemente una reforma más; representa la culminación de un esfuerzo estatal por reconfigurar la respuesta punitiva ante un fenómeno que ha mutado de ser un delito patrimonial esporádico a convertirse en una industria criminal sistematizada que erosiona la gobernabilidad y el tejido económico del país.

El contexto en el que emerge esta legislación es de urgencia nacional. Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelaban, previo a la reforma, una acumulación de más de 10,804 víctimas oficiales al cierre de 2024, una cifra que, según estimaciones de organizaciones como la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) y el INEGI, ap***s rozaba la superficie de una realidad donde la "cifra negra" superaba el 97%. La extorsión, en sus modalidades de "cobro de piso", secuestro virtual y ciber-chantaje, había superado la capacidad de respuesta de los códigos penales locales, caracterizados por una heterogeneidad normativa que generaba asimetrías punitivas y paraísos de impunidad procesal.

El Decreto del 28 de noviembre de 2025 responde a esta fragmentación mediante la centralización normativa. Al amparo de la reforma constitucional al artículo 73, fracción XXI, publicada en octubre de 2025 , el Congreso de la Unión asumió la facultad de expedir una Ley General, desplazando la competencia legislativa de los congresos estatales en la definición sustantiva del delito. Este reporte jurídico disecciona minuciosamente las implicaciones de este nuevo ordenamiento, analizando desde la dogmática penal del nuevo tipo básico hasta las controversias constitucionales derivadas de la prisión preventiva oficiosa, pasando por las innovaciones tecnológicas en la investigación y los retos operativos del sistema penitenciario.

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La Nueva Arquitectura Jurídica de la Extorsión en México: Análisis Dogmático, Constitucional y Procesal del Decreto del 28 de Noviembre de 2025

29/11/2025

¿Sabías que los "Montachoques" y el uso de IA para chantaje ya tienen p***s específicas de hasta 40 años? 🚨⚖️

​El pasado 28 de noviembre de 2025 se publicó la nueva Ley General contra la Extorsión. Este decreto centraliza la lucha contra el delito y endurece drásticamente las consecuencias legales.

​Puntos clave que analizamos en nuestro blog:
​Montachoques: Tipificado como extorsión agravada, ya no es un simple choque.
​Tecnología: Agravantes por uso de Deepfakes y activos virtuales (criptomonedas).
​Economía: Sanciones específicas para quien imponga precios o proveedores ("Cobro de piso").
​Proceso: Prisión Preventiva Oficiosa automática para imputados.

​Infórmate sobre cómo estos cambios afectan tus derechos y tu seguridad. 👇
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22/11/2025

¿Sabías que se puede detener un desalojo si pone en riesgo la vida de un adulto mayor? ⚖️👴

​En México, la nueva tesis sobre "Modulación de Sentencias" obliga a los jueces a proteger los derechos humanos antes de usar la fuerza pública. No se trata de ignorar la deuda, sino de evitar que un abuelo termine en situación de calle. El juez debe coordinarse con instituciones sociales para buscar alternativas dignas.
​La justicia no debe ser ciega ante la vulnerabilidad.
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20/11/2025

La Modulación Constitucional de la Ejecución de Sentencias Frente a la Vulnerabilidad de las Personas Mayores: Análisis Crítico de la Tesis I.4o.C.54 C (11a.) y la Reconfiguración de la Cosa Juzgada en el Sistema Jurídico Mexicano

Resumen Ejecutivo
El presente informe jurídico despliega un análisis exhaustivo, dogmático y jurisprudencial en torno a la reciente Tesis Aislada I.4o.C.54 C (11a.), con registro digital 2031475, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Este criterio, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, marca un hito en la interpretación del derecho procesal civil y constitucional en México, al introducir la figura de la "modulación" en la ejecución de fallos cuando estos involucran el desalojo o afectación patrimonial severa de personas adultas mayores.

El documento disecciona la tensión irresoluta entre dos principios rectores del Estado de Derecho: la seguridad jurídica, manifestada a través de la inmutabilidad de la cosa juzgada y la ejecución estricta de las sentencias (artículo 17 constitucional), y la tutela judicial efectiva con perspectiva de derechos humanos, que obliga a salvaguardar la dignidad e integridad de grupos en situación de vulnerabilidad (artículo 1 constitucional y la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores). A lo largo de este tratado, se contrasta la nueva doctrina de la "modulación" con criterios tradicionales de "inejecución improcedente" y "rigor procesal", evidenciando cómo el Poder Judicial de la Federación (PJF) transita hacia un modelo de justicia sustantiva que prioriza la "posibilidad existencial" del cumplimiento sobre la mera "posibilidad lógica". Se integran, además, referencias de derecho comparado y las directrices del Manual para juzgar casos de personas mayores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), estableciendo una hoja de ruta para la aplicación práctica de este precedente.

El análisis revela que la aplicación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, ratificada por México, obliga a los operadores jurídicos a abandonar la visión mecanicista de la ejecución. El informe propone una relectura de la "cosa juzgada" no como un dogma inamovible, sino como una institución que debe dialogar con la realidad social y biológica de los justiciables. Se examina la jurisprudencia comparada de Colombia, Argentina y el sistema europeo para demostrar que la "imposibilidad material" de ejecución ha evolucionado para incluir barreras humanitarias. Finalmente, se ofrece un protocolo de actuación judicial y estrategias de litigio para la invocación efectiva de este criterio, advirtiendo sobre los riesgos de abuso procesal y la necesidad de ponderación caso por caso.

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02/11/2025

El acoso escolar o ​ no es "cosa de niños", es una grave violación a los derechos de la niñez. ⚖️

​¿Sabías que las escuelas (públicas y privadas) tienen una responsabilidad legal de garantizar un entorno seguro? Su negligencia u omisión al no prevenir, detener o atender el acoso puede tener consecuencias jurídicas.

​La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que las instituciones educativas tienen un deber de cuidado reforzado.

Cuando fallan, existen herramientas como el juicio de amparo para obtener protección inmediata y buscar una reparación integral del daño.

​Un entorno escolar seguro no es negociable. Es un derecho fundamental.

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30/10/2025

El Acoso Escolar en México: Análisis Integral del Marco Jurídico, Criterios Jurisprudenciales Fundamentales y la Procedencia de la Suspensión en el Juicio de Amparo

Introducción

El acoso escolar, comúnmente referido por el anglicismo bullying, constituye un fenómeno pluriofensivo que trasciende la esfera de la convivencia social para erigirse como una grave violación a un catálogo extenso de derechos humanos fundamentales. Lejos de ser un mero conflicto interpersonal, el acoso sistemático en el entorno educativo atenta contra la dignidad, la integridad personal, el sano desarrollo y el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes (NNA). El Estado mexicano, en su rol de garante, se encuentra vinculado por un deber de protección reforzado, emanado tanto del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como de los tratados internacionales de los que es parte, para prevenir, investigar, sancionar y reparar dichas violaciones.

Este informe se origina a partir de la necesidad de realizar una rectificación y un análisis exhaustivo sobre la materia, motivado por una observación precisa y jurídicamente correcta que señaló una interpretación errónea de la jurisprudencia y su mecánica de formación. Específicamente, se aclarará de manera definitiva el entramado procesal relativo a la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo indirecto cuando se alegan actos de acoso escolar. Se reconoce que la Jurisprudencia con registro digital 2028905, emitida por un Pleno Regional, no resolvió ni pudo haber resuelto una contradicción de criterios con tesis aisladas de un circuito judicial distinto y de publicación posterior. Uno de los objetivos primordiales de este documento es, por tanto, proporcionar una clarificación técnica y doctrinalmente sólida sobre la relación —o la ausencia de ella— entre estos y otros criterios judiciales, desentrañando así las complejidades procesales para la obtención de una tutela judicial efectiva.

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