Ociel Lua

22/05/2026

21/05/2026

En derecho administrativo mexicano hay un error muy común: creer que toda norma redactada con expresiones como “podrá”, “podrá determinar” o “podrá ejercer” implica una facultad discrecional absoluta.

No siempre es así.

La Suprema Corte, la doctrina administrativa y el propio principio de legalidad nos enseñan que existen supuestos donde una facultad aparentemente discrecional se convierte, en realidad, en una obligación jurídica de actuar, cuando la ley fija:

✔️ Un supuesto de hecho determinado.
✔️ Una finalidad pública concreta.
✔️ La tutela de un derecho o interés jurídicamente protegido.
✔️ Límites de razonabilidad, proporcionalidad y motivación.

Es decir: la Administración no puede esconder una omisión detrás de la palabra “podrá”.

Un ejemplo interesante puede analizarse en el artículo 20-A de la Ley del SAT. Aunque su redacción parece conceder margen de apreciación a la autoridad, cuando se actualizan los supuestos legales y la finalidad de la norma exige protección efectiva del interés público y del gobernado, la “facultad” deja de ser una opción política y se transforma en un deber jurídico de actuación.

En otras palabras:

👉 No toda discrecionalidad es libertad.
👉 No toda facultad es optativa.
👉 Cuando la ley fija el fin, la autoridad no puede simplemente no hacer.

Ese es uno de los grandes controles del derecho administrativo moderno: evitar que la discrecionalidad se convierta en arbitrariedad.

08/05/2026

La diferencia central es que la tipicidad fiscal sancionadora exige una lectura estricta de la ley para delimitar la infracción y la sanción, mientras que la tipicidad penal opera con una dogmática más intensa en clave de taxatividad, garantía y restricción máxima del ius puniendi. El artículo 5 del Código Fiscal de la Federación impone aplicación estricta a las disposiciones que establecen cargas, infracciones y sanciones, pero la Suprema Corte ha sostenido que ello no excluye acudir a métodos interpretativos cuando el texto genera incertidumbre, siempre sin desbordar la hipótesis legal.

Tipicidad fiscal

En materia fiscal administrativa, la tipicidad no se agota en la mera conducta; comprende también la infracción y la sanción previstas por la ley, de modo que la autoridad solo puede actuar dentro del supuesto legal exacto. La dogmática administrativa sancionadora parte de que las infracciones fiscales se rigen por los principios del derecho administrativo sancionador y, en lo compatible, por garantías del derecho penal, especialmente legalidad y tipicidad.

Desde esta perspectiva, la tipicidad fiscal cumple una función de cierre: impide que la administración amplíe por analogía o por extensiones creativas el ámbito de la infracción. José de Jesús Gómez Cotero subraya que, en infracciones tributarias, no toda vulneración normativa genera automáticamente infracción; debe existir una adecuación precisa entre hecho, tipo y sanción.

Tipicidad penal

En derecho penal, la tipicidad es una categoría dogmática más rigurosa porque constituye el presupuesto de la punibilidad y el primer filtro de legitimidad del castigo. Raúl Plascencia Villanueva explica que el tipo penal evoluciona desde la idea material del corpus delicti hacia una construcción que integra elementos objetivos, normativos y subjetivos, superando cualquier visión puramente externa o fragmentaria del hecho.

La tipicidad penal tiene una función de garantía mucho más intensa: solo aquello que encaja de forma exacta en el tipo puede ser reprochado penalmente, porque de lo contrario se afectaría el principio nullum crimen, nulla poena sine lege. En otras palabras, en penal no basta con que la conducta “se parezca” al tipo; debe coincidir con la descripción legal en todos sus elementos relevantes.

Literalidad y límites

La literalidad es el punto de partida en materia fiscal, pero no puede convertirse en una coartada para la arbitrariedad ni para el vaciamiento del sentido normativo. La jurisprudencia de la Suprema Corte ha precisado que la aplicación estricta del artículo 5 del CFF no impide acudir a métodos de interpretación jurídica cuando el texto legal sea ambiguo, siempre que el resultado siga atado a la voluntad normativa del legislador.

Esto significa que la interpretación sistemática no está proscrita en materia fiscal, pero sí está limitada por el mandato de exacta aplicación.

Dicho de otro modo, el intérprete puede desentrañar el alcance de la norma, pero no reconstruir una infracción inexistente ni ampliar una sanción por integración analógica.

En sede penal, la exigencia es todavía más estricta: la interpretación debe respetar con mayor severidad la taxatividad, porque está en juego la restricción más intensa de derechos fundamentales.

30/04/2026

La tipicidad en el derecho administrativo sancionador no puede comprenderse con la misma rigidez estructural del derecho penal clásico, pero tampoco puede diluirse al grado de permitir que la autoridad construya infracciones a partir de conceptos abiertos, ambiguos o valorativos sin un parámetro normativo verificable.

La verdadera discusión no está en si la tipicidad administrativa admite cierta flexibilidad —porque evidentemente la admite—, sino en determinar hasta dónde esa flexibilidad sigue siendo compatible con los principios de legalidad, seguridad jurídica y previsibilidad de la sanción.

En materia administrativa sancionadora, la tipicidad implica que la conducta reprochable debe encontrarse previamente delimitada por el orden jurídico de manera suficiente para que el gobernado pueda conocer, anticipadamente, qué comportamiento genera una consecuencia sancionadora. No basta la sola existencia de facultades regulatorias amplias ni la invocación abstracta del interés público.

Aceptar que la administración pueda completar discrecionalmente el contenido de la infracción equivale a desplazar el centro del poder normativo desde la ley hacia la autoridad aplicadora, debilitando el control jurídico del acto sancionador.

Por ello, la tipicidad administrativa debe entenderse como una garantía material frente al poder punitivo del Estado: una exigencia de predeterminación razonable de la conducta infractora y no un simple requisito formal susceptible de integrarse posteriormente mediante interpretación administrativa expansiva.

La eficacia administrativa nunca debe construirse a costa de la certeza jurídica.

28/03/2026

Hoy concluimos la cátedra del Sistema de Justicia Penal en la maestría de UNITEC. Más allá de las aulas, esta materia nos recuerda que el proceso penal no es solo un conjunto de reglas, sino la herramienta viva para materializar la presunción de inocencia y el debido proceso.

En cada debate y en cada análisis de caso, el objetivo siempre fue el mismo: entender que la justicia solo es real cuando se ejerce con respeto absoluto a la dignidad humana y bajo el amparo de los derechos fundamentales.

14/01/2026

Un recuerdo de aquel invierno de 2019 en Pisa, Italia.

Tener la oportunidad de aprender directamente de Luigi Ferrajoli fue un punto de inflexión en mi visión de los derechos humanos.

A veces, la academia se vuelve experiencia viva en lugares así. 

De vuelta a las bases del garantismo.

"Il diritto serve a proteggere il più debole contro il più forte" Luigi Ferrajoli

(El derecho sirve para proteger al más débil contra el más fuerte)

01/01/2026

Cerrando un 2025 inolvidable... 📈

Dicen que el éxito se mide en resultados, pero este año aprendí que el verdadero éxito está en la evolución constante. Me siento sumamente afortunado por las lecciones aprendidas, por los retos que nos obligaron a ser mejores y por el crecimiento que hoy celebramos.

Gracias por acompañarme en este muro y en la vida profesional. Mi deseo para este 2026 es que sigamos cultivando relaciones auténticas y alcanzando metas que nos hagan sentir orgullosos.

¡Que sea un año lleno de salud, innovación y sueños cumplidos! 🌟

17/12/2025

En una reciente charla con mi estimado colega, el Maestro Ambriz Irving, pusimos sobre la mesa una interrogante que sacudirá los cimientos de la praxis judicial: ¿Es vinculante, para efectos de fundamentación en un juicio de amparo, lo expresado por un juzgador durante su campaña?

Mi postura es un SÍ rotundo. No por un deseo de politizar la justicia, sino por una exigencia de coherencia sistémica y lealtad democrática.

Aquí mis fundamentos:

1. La Teoría de los Actos Propios y la Confianza Legítima

Desde la filosofía del derecho, el principio Ve**re contra factum proprium non valet (nadie puede ir válidamente contra sus propios actos) es un pilar de la seguridad jurídica. Si un candidato a la judicatura accede al poder mediante una plataforma discursiva específica, esos argumentos generan una expectativa legítima en el justiciable.

En el Amparo, donde buscamos la protección contra la arbitrariedad, citar el discurso del juzgador no es retórica; es recordarle al Estado su propio compromiso interpretativo.

Romper esa línea sin una justificación técnica superior vulnera la seguridad jurídica.

2. El Desplazamiento de la "Boca de la Ley" a la "Voluntad Representativa"

Kelsen hablaba de la Grundnorm como el fundamento último. En un sistema de elección popular, la legitimidad de la sentencia ya no emana solo de la delegación técnica del legislador, sino del mandato democrático directo.

Si la interpretación de un derecho humano (como el acceso a la justicia) fue el eje de su campaña, ese discurso se convierte en una norma programática individualizada.

No utilizarlo como parámetro de control constitucional sería ignorar la voluntad soberana que lo colocó en esa silla.

3. La Transparencia como Elemento de la Debida Motivación

De acuerdo con la teoría de la argumentación jurídica de Robert Alexy, la decisión judicial debe ser racional y transparente.

• Si un juzgador ganó prometiendo una visión pro-persona extrema, esa visión es ahora parte de su precomprensión jurídica.

• Al invocar sus discursos en el Amparo, el abogado está obligando al juez a cumplir con la exhaustividad y congruencia.

4. El Discurso como "Precedente Ético-Político"

Aunque el formalismo clásico diría que solo la ley y la jurisprudencia vinculan, la Filosofía del Derecho Poscrítica nos dice que el derecho es un proceso comunicativo. (Habermas, Häberle, Finish etc…)

El discurso de campaña es la fijación de un criterio antes del caso concreto. Negar su valor vinculante sería aceptar que la campaña es un espacio de "vacío legal" donde la palabra no tiene valor, lo cual es incompatible con un Estado Constitucional de Derecho.

Conclusión:

Invocando la doctrina de la Democracia Deliberativa, el discurso de la persona juzgadora no es solo política; es la interpretación auténtica que el pueblo eligió. Por lo tanto, es perfectamente válido —y necesario— utilizar esas propuestas como fundamento en la demanda de Amparo para exigir una justicia coherente con su propio origen.