Lic. Jerzy Mazón

Lic. Jerzy Mazón Asesoría y consultoría en asuntos de materia civil, mercantil y familiar.

09/02/2026

La feria más chingona

Voy a dar mi opinión sobre el eslogan que se ha utilizado para la Feria de la Bandera en Iguala, Guerrero. Quizá a nadie le importe lo que pienso —no soy influencer ni aspiro a serlo—, pero sí soy igualteco. Y lo digo con claridad: cuando alguien me pregunta de dónde soy, antes que mexicano digo que soy de Iguala.

Ese orgullo no es exclusivo. Los guerrerenses tenemos fama de ser gente bravía, entrona, luchona, directa, de no rajarnos. Así nos hemos construido una identidad, para bien y para mal, en el imaginario nacional. Cuando un guerrerense viaja a otros estados, ya va estereotipado desde antes.

Esa identidad también se expresa en el lenguaje. Basta ver a los paisanos de la Costa o de Tierra Caliente, o a los múltiples personajes que circulan en redes sociales: hablan como hablan y lo hacen con orgullo, porque es parte de lo que son. No es pose, es pertenencia.

Aquí conviene hacer una precisión incómoda: el “pueblo” suele invocarse como concepto abstracto en discursos políticos y demagógicos. Se le idealiza o se le desprecia según convenga. La realidad es otra. El rezago educativo que existe en amplios sectores no es culpa del pueblo, sino consecuencia de estructuras políticas históricas que, gobierne quien gobierne, han sido incapaces —o poco interesadas— en corregirlo. Y aun así, el pueblo no es tonto. Escucha discursos, algunos los compra, otros simplemente los deja pasar y manda al diablo a quien los dice.

Además, el pueblo es incluyente. En él cabemos todos: razas, etnias, creencias, clases sociales. Y eso nos lleva al punto central: la Feria de la Bandera.

Es cierto que el evento conmemora la confección del lábaro patrio. Pero también es una feria. Tiene una parte cívica y cultural, sí, pero también una parte festiva, de espectáculo, de palenque, de gallos, de alcohol. Eso no es nuevo ni exclusivo de Iguala. Pretender lo contrario es fingir ingenuidad.

La Bandera representa a todos los mexicanos: a los cultos y a los que no lo son, a los educados y a los que no tuvieron acceso a educación formal, al pueblo de a pie. Nada de eso la demerita. Tampoco demerita que exista una festividad pensada para amplios sectores de la población, aunque no coincida con el estándar cultural de quienes se asumen como guardianes del “buen gusto” o de la “pureza del lenguaje”.

Por eso resulta hipócrita rasgarse las vestiduras por un eslogan, como lo hizo una regidora —casualmente profesora—, olvidando que en otros contextos ha tenido expresiones igual o más desafortunadas. No se trata de atacar personas, sino de evidenciar la incongruencia entre el discurso público y la práctica privada.

Decir que una feria es “la más chingona” no ofende a la patria ni degrada a la Bandera. Si alguien se asume chingón, que lo demuestre; pero también que lo celebre. El orgullo puede venir de la formación académica, de la fe, del trabajo, o simplemente del hecho de ser: ser guerrerense, ser mexicano, ser igualteco.

La Bandera, como símbolo nacional, no pertenece a una élite cultural ni a un grupo que se arrogue la corrección del lenguaje. En el plano jurídico-político, los símbolos patrios cumplen una función integradora: representan la unidad dentro de la diversidad, no la uniformidad del pensamiento ni la asepsia del discurso. Su fuerza no radica en la solemnidad permanente, sino en su capacidad de ser reconocidos, apropiados y resignificados por el pueblo al que representan.

Iguala no es un escenario neutro. Es el lugar donde la Bandera nació como proyecto de nación, no como ornamento. Aquí, el símbolo tiene raíz histórica, identidad territorial y memoria colectiva. Ser igualteco no es un dato menor ni un accidente geográfico: es una pertenencia cívica. El orgullo de ser paisano de la Bandera no se ejerce solo en actos oficiales, sino también en la manera en que una comunidad celebra, se reconoce y se nombra a sí misma.

Desde una lógica pública, la cultura no se impone por decreto ni se depura a partir de criterios morales selectivos. La cultura se vive. Y el lenguaje popular —aunque incomode a ciertos sectores— también es una forma legítima de expresión social. Pretender lo contrario es confundir función pública con corrección estética, y responsabilidad institucional con superioridad moral.

El Estado no honra a la Bandera cuando censura al pueblo; la honra cuando lo incluye. Cuando entiende que la identidad nacional no se construye desde el púlpito del buen decir, sino desde el reconocimiento de lo que somos: diversos, contradictorios, formales e informales, solemnes y festivos. El simbolismo patrio no se debilita porque una feria se asuma con orgullo popular; se debilita cuando se desconecta del pueblo que le da sentido.

En México cabemos todos. Los que se asumen chingones y los que no; los que presumen cultura y los que la viven sin nombrarla; los que hablan con academicismo y los que hablan como pueblo. La Bandera no exige pureza de lenguaje, exige pertenencia. Y en Iguala, esa pertenencia no se discute: se celebra.

27/01/2026

¿Por qué cierra un negocio local?

Cada vez que un negocio local cierra sus puertas, el debate público se llena de explicaciones inmediatas, emocionales y, sobre todo, simplificadoras. Se habla de “progreso mal entendido”, de la llegada de grandes empresas como si fueran fuerzas devastadoras inevitables, y se anticipan escenarios de catástrofe económica con preguntas diseñadas más para inquietar que para comprender.

Este tipo de explicaciones, aunque frecuentes en la opinión pública y en ciertas columnas periodísticas, no resisten un análisis jurídico serio. No porque el problema no exista, sino porque se diagnostica mal.

Desde una perspectiva jurídico-económica municipal, un negocio local no cierra por la mera presencia de otro más grande. Pensarlo así implica incurrir en un error lógico elemental: atribuir causalidad directa a un fenómeno complejo, ignorando el entramado normativo, institucional y económico que lo rodea.

1. El cierre de negocios no es un fenómeno espontáneo

El mercado no opera en el vacío. Opera dentro de un marco jurídico determinado, y ese marco, en el ámbito local, es responsabilidad primordial del municipio.

De conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el municipio es un orden de gobierno con personalidad jurídica y patrimonio propio, responsable, entre otras materias, de:
• la administración de su hacienda,
• la regulación del uso de suelo,
• la planeación del desarrollo urbano,
• y la regulación de actividades comerciales dentro de su territorio.

Estas atribuciones no son decorativas. Son facultades constitucionales que inciden directamente en la vida económica local. Cuando no se ejercen con planeación, visión y reglas claras, los efectos no aparecen de inmediato, pero terminan manifestándose: cierre de negocios, desplazamiento económico y concentración del mercado.

Sin embargo, en el discurso público rara vez se señala esta responsabilidad institucional. Es más sencillo construir un relato donde el “culpable” tiene nombre comercial y logotipo visible, que reconocer que la omisión normativa, la falta de planeación y la inacción administrativa también generan quiebras económicas.

2. La falacia de la competencia destructiva

Otro error recurrente consiste en presentar la competencia económica como sinónimo de expulsión injusta.
Desde el punto de vista jurídico, esta afirmación es insostenible.

La competencia económica es un principio reconocido y protegido por el orden constitucional mexicano. El artículo 28 constitucional prohíbe los monopolios y protege la libre concurrencia, no para favorecer a los grandes actores, sino para evitar distorsiones del mercado y prácticas indebidas.

Además, la Ley Federal de Competencia Económica parte del supuesto de que la competencia es benéfica cuando se desarrolla bajo condiciones de legalidad y equidad. El problema no es la competencia en sí, sino la ausencia de reglas locales que la ordenen y la integren al desarrollo municipal.

Cuando un negocio local no logra sostenerse frente a nuevos actores, el análisis correcto no es identificar al competidor, sino revisar si el municipio generó condiciones mínimas para competir, tales como:
• incentivos fiscales diferenciados,
• programas de fortalecimiento al comercio local,
• políticas de modernización y capacitación,
• regulación efectiva del uso de suelo y de la concentración de giros comerciales.

Si nada de esto existe, entonces no hay una falla del mercado, sino una falla del gobierno municipal como regulador del desarrollo económico local.

3. El discurso del miedo como sustituto del análisis

En el espacio público se ha normalizado un estilo de argumentación que apela al temor preventivo: “¿qué pasará si llega tal empresa?”. Este recurso puede ser eficaz para generar atención, pero carece de valor jurídico y técnico.

El derecho no opera con escenarios hipotéticos desprovistos de sustento normativo. La planeación económica municipal, conforme a las leyes de desarrollo urbano y a las leyes orgánicas municipales, exige criterios objetivos, reglas previas y decisiones fundadas, no alarmas discursivas.

Anticipar consecuencias sin explicar qué disposiciones legales las permitirían o impedirían no es advertir: es especular.
Y cuando esta especulación se presenta como análisis, se empobrece el debate público y se elude la pregunta central:
¿qué está haciendo el municipio —en ejercicio de sus atribuciones legales— para regular, condicionar o integrar la llegada de nuevos actores económicos?

4. La responsabilidad del discurso público

Quien escribe opinión pública sobre asuntos económicos y sociales no solo ejerce libertad de expresión; ejerce influencia.

No se trata de censurar la crítica, sino de exigirle mínimos de rigor argumentativo, sobre todo cuando se abordan temas que involucran derechos, competencias gubernamentales y efectos económicos reales.

Normalizar falacias argumentales, sustituir el análisis estructural por anécdotas y omitir sistemáticamente el papel del poder público local no fortalece al comercio local: lo debilita, porque impide exigir responsabilidades donde jurídicamente sí existen.

5. El verdadero punto de partida

Si de verdad se busca defender la economía local, el debate debe desplazarse del señalamiento emocional al diseño institucional.

No se trata de preguntar quién llega, sino:
• qué reglas existen,
• quién las emite,
• quién las aplica,
• y qué modelo de desarrollo económico municipal se está construyendo conforme al marco constitucional y legal vigente.

Un negocio local no cierra porque el “progreso” toque la puerta.
Cierra cuando el municipio abdica de su función constitucional de planear, regular y equilibrar el desarrollo económico de su territorio.

Conclusión

El problema no es la llegada de nuevas empresas.
El problema es explicar el fracaso del desarrollo local sin mirar al derecho, a las instituciones y a las decisiones —o indecisiones— del gobierno municipal.

Mientras sigamos confundiendo análisis con alarma, seguiremos discutiendo consecuencias sin atrevernos a señalar causas.

Este análisis se sustenta en las atribuciones conferidas al municipio por el artículo 115 constitucional, en los principios de libre concurrencia y competencia económica del artículo 28 constitucional, así como en el marco legal aplicable en materia de desarrollo urbano, hacienda municipal y regulación de actividades comerciales.

17/01/2026

𝗖𝘂𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗲𝗹 “𝗵𝗼𝗻𝗼𝗿” 𝘀𝗲 𝘃𝘂𝗲𝗹𝘃𝗲 𝗿𝗲𝗴𝗹𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼: 𝘂𝗻𝗮 𝗮𝗹𝗲𝗿𝘁𝗮 𝘀𝗼𝗯𝗿𝗲 𝗲𝗹 𝗕𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗲𝗻 𝗜𝗴𝘂𝗮𝗹𝗮

En Iguala de la Independencia se ha encendido una polémica que, si se mira con calma, rebasa el chisme político y toca una fibra constitucional. Me refiero a la intención de modificar el Bando de Policía y Gobierno —así se denomina oficialmente, sin el adjetivo “Buen”, que más que describir, prescribe, como si bastara nombrar la virtud para volverla realidad— en la administración encabezada por el presidente municipal Erick Catalán Rendón, particularmente en el punto donde se pretende sancionar a comunicadores que “dañen la honorabilidad” del presidente o de funcionarios públicos.

Para hablar con seriedad del asunto, hay que empezar por lo aparentemente obvio: ¿qué es “honorabilidad”? La palabra suena a vitrina decimonónica, a novela de capa y espada, a esa escena repetida donde el “honor mancillado” se lava con un duelo al amanecer. En el cine, la ofensa cabe en una mirada; en la vida pública, la noción es más resbaladiza, y por eso mismo más peligrosa cuando se vuelve norma.

El problema no es moral, sino jurídico y político: “honorabilidad” es un concepto con un margen amplio de subjetividad. Si una autoridad puede decir, sin parámetros verificables, qué crítica “daña” su honor, entonces la regla deja de orientar conductas y comienza a administrar silencios. La norma se convierte en espada decorativa que, cuando conviene, resulta tener filo.

En un Estado de derecho, las sanciones exigen certeza: qué conducta está prohibida, en qué condiciones, con qué procedimiento, ante qué autoridad, con qué posibilidades de defensa y con qué criterios de proporcionalidad. Si el criterio es una sensación —“me dañaron”—, la puerta queda abierta a la arbitrariedad. Y cuando la arbitrariedad se institucionaliza, el derecho deja de ser dique y se vuelve corriente.

Ahora bien, el municipio sí tiene facultades para emitir normatividad reglamentaria en su ámbito, y el cabildo no es un adorno. Pero la competencia no es omnipotencia. Un bando municipal no puede contradecir, en la práctica, los derechos que la Constitución y los tratados reconocen, ni puede crear castigos que funcionen como censura encubierta bajo el disfraz de “orden” o “respeto”.

Aquí conviene recordar que la libertad de expresión no es una concesión graciosa para periodistas, ni un privilegio corporativo para quien trae micrófono o administra una página. Es, antes que nada, un derecho humano de todas las personas. Si el estándar para sancionar es “dañar la honorabilidad” del gobernante, el efecto inhibidor alcanza al reportero, sí, pero también al ciudadano que cuestiona, al vecino que denuncia, a la activista que documenta, al contribuyente que exige cuentas.

Y no se trata de idealizar al gremio de la comunicación. En lo local abundan prácticas discutibles: notas editorializadas como si fueran hechos, protagonismos, adjetivos que sustituyen pruebas y una confusión frecuente entre el derecho a opinar y la pretensión de que toda opinión valga lo mismo. Como se atribuye a un filósofo —y la idea, más que la firma, es lo importante—: todos pueden opinar, pero no por eso toda opinión es sólida, informada o justa.

Sin embargo, una cosa es criticar la mala práctica periodística y otra, muy distinta, es regular la crítica desde el poder con amenazas sancionatorias. Porque el poder, cuando se siente ofendido, rara vez distingue entre injuria y escrutinio. Y cuando la norma le entrega esa distinción al propio ofendido, el conflicto de interés es evidente: juez y parte, toga y piel.

Además, en democracia opera un principio básico: quien ejerce función pública está sometido a mayor escrutinio que un particular. No porque sea “menos persona”, sino porque administra recursos, toma decisiones y representa institucionalmente a la comunidad. La crítica a su desempeño, incluso la crítica severa, forma parte del oxígeno de la rendición de cuentas. Pretender castigarla por “daño al honor” equivale a confundir la institución con la susceptibilidad.

Eso no significa que todo valga. La libertad de expresión no es licencia para difamar, inventar delitos o reducir la política al insulto personal. Hay límites, sí, pero esos límites deben construirse con legalidad, necesidad, proporcionalidad y debido proceso, no con conceptos nebulosos que permiten castigar lo que incomoda y tolerar lo que adula.

Por eso el debate no es “prensa contra gobierno”, como si fuera pelea de ring. El debate es más profundo: ¿queremos un municipio donde la autoridad administre el discurso público mediante sanciones ambiguas? Porque en ese escenario, el ciudadano termina hablando como quien pisa vidrio: con miedo a cortarse. Y cuando la conversación pública se llena de miedo, la democracia se queda sin lenguaje.

Dicho en términos menos solemnes y más populares: el poder local, cuando se encierra en sí mismo, corre el riesgo de creerse señor feudal y confundir crítica con traición, como si la plaza pública fuera su patio trasero. Esa tentación siempre aparece; la diferencia está en si se la combate con instituciones o se la alimenta con reglamentos. En Game of Thrones los feudos terminan mal, no por falta de “honor”, sino por exceso de impunidad.

Lo sensato sería que cualquier reforma al Bando se ajuste a un estándar claro: protección del orden público sin convertir el “respeto” en mordaza; reglas precisas sin zonas grises; procedimientos garantistas; y, sobre todo, una comprensión madura de que la autoridad no se honra castigando críticas, sino gobernando mejor y rindiendo cuentas.

Ojalá, entonces, que esta reforma no se use para jugar con el poder. Porque el poder, cuando se usa para callar, suele firmar su propia condena política. Y porque un gobierno que teme a la palabra termina temiendo, tarde o temprano, a la ciudadanía que esa palabra representa.

P. D. Que el reglamento se llame “Bando de Policía y Gobierno” y no “de Buen Gobierno” no es un detalle menor: la virtud no se decreta con adjetivos, se acredita con actos, y cuando el poder se autoetiqueta “bueno”, suele estar más cerca de la propaganda que de la rendición de cuentas.

Dirección

Izancanac 11
Iguala De La Independencia
40000

Horario de Apertura

Lunes 9am - 5pm
Martes 9am - 5pm
Miércoles 9am - 5pm
Jueves 9am - 5pm
Viernes 9am - 5pm

Página web

Notificaciones

Sé el primero en enterarse y déjanos enviarle un correo electrónico cuando Lic. Jerzy Mazón publique noticias y promociones. Su dirección de correo electrónico no se utilizará para ningún otro fin, y puede darse de baja en cualquier momento.

Contacto La Empresa

Enviar un mensaje a Lic. Jerzy Mazón:

Atajos

Compartir

Categoría