21/06/2026
La entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares tendrá un impacto relevante en la función notarial mexicana. Aunque el notariado conserva su naturaleza de institución de fe pública regulada principalmente por las leyes notariales locales, el nuevo Código Nacional modifica el entorno procesal dentro del cual muchos actos notariales producen efectos, se incorporan a juicio, se ejecutan, se impugnan o sirven para desjudicializar determinados asuntos civiles y familiares.
El primer impacto es de homologación nacional. El artículo 1 del CNPCyF establece que sus disposiciones son de orden público, interés social y observancia general en todo el territorio nacional, con el objeto de regular los procedimientos civiles y familiares. Esto significa que los notarios dejarán de operar frente a una pluralidad de reglas procesales locales cuando sus instrumentos deban utilizarse en juicio. A partir de la implementación del Código, habrá un lenguaje procesal común para valorar escrituras, actas, testimonios, copias certificadas, expedientes electrónicos, documentos digitales y actuaciones relacionadas con sucesiones. La transición será gradual, pero con fecha límite: el régimen transitorio prevé que la entrada en vigor no podrá exceder del 1 de abril de 2027 y que, llegado ese momento, se abrogará la legislación procesal civil y familiar local correspondiente.
Un segundo impacto se advierte en la fuerza probatoria de los instrumentos notariales. El artículo 312 reconoce expresamente como documentos públicos las escrituras públicas, pólizas y actas otorgadas ante corredor público, notaria o notario público, así como los testimonios y copias certificadas de dichos documentos. Esto reafirma una función clásica del notariado: producir documentos dotados de autenticidad, certeza y eficacia probatoria. Además, el artículo 344 dispone que los documentos públicos hacen prueba plena, salvo objeción procedente o incidente de impugnación probado. La consecuencia práctica es clara: la calidad técnica del instrumento notarial será decisiva, porque su eficacia probatoria puede sostener o desarmar una estrategia procesal civil o familiar.
El tercer impacto se relaciona con la digitalización de la justicia. El CNPCyF incorpora una visión procesal orientada al expediente electrónico, la firma electrónica avanzada, el documento digitalizado, el procedimiento en línea y las audiencias virtuales. El artículo 2 define el archivo o documento electrónico, la digitalización, el certificado digital y la firma electrónica avanzada. Por su parte, el artículo 137 exige que los expedientes judiciales se integren electrónicamente en todos los casos y que las promociones puedan firmarse de manera autógrafa o mediante firma electrónica avanzada. Esto tendrá consecuencias directas para las notarías: no bastará con producir instrumentos en papel; será indispensable fortalecer sistemas de digitalización, conservación, cotejo, trazabilidad documental y comunicación electrónica con autoridades.
El cuarto impacto se encuentra en el valor procesal de documentos electrónicos y digitalizados. Los artículos 947, 948 y 949 establecen reglas para la autenticación de promociones y documentos mediante firma electrónica avanzada, así como para la digitalización de actuaciones físicas, garantizando integridad, conservación y disponibilidad. El artículo 950 permite el uso de FIREL, firmas electrónicas de los poderes judiciales y firmas reconocidas mediante convenios. Esto obligará a las notarías a convivir con un ecosistema probatorio en el que el soporte físico pierde centralidad y en el que la autenticidad depende cada vez más de evidencias criptográficas, certificados digitales, repositorios autorizados y mecanismos de validación.
El quinto impacto, quizá el más visible, se dará en las sucesiones tramitadas ante notario público. El artículo 805 permite tramitar ante notaria o notario público todas las sucesiones testamentarias o intestamentarias, siempre que no exista controversia. El artículo 806 regula la sucesión testamentaria notarial: comparecencia de herederos y albacea, exhibición del acta de defunción, documentos relativos al matrimonio, concubinato o convivencia, testamento o protocolización, y obtención de informes sobre existencia o inexistencia de testamento. El artículo 807 regula la sucesión intestamentaria ante notario, incluyendo testigos idóneos y declaraciones bajo protesta de decir verdad. Estas reglas fortalecen al notariado como instancia de tramitación extrajudicial, pero también le imponen un deber reforzado de control de legalidad, verificación documental y prevención de conflictos.
El CNPCyF también delimita con precisión cuándo debe terminar la intervención notarial. El artículo 809 dispone que, si existe oposición de algún aspirante a la herencia o de cualquier acreedor, la notaria o notario deberá suspender su intervención y remitir el asunto a la autoridad jurisdiccional correspondiente. Esta regla es fundamental: el notario puede actuar cuando hay acuerdo, certeza y ausencia de controversia; pero no sustituye al juez cuando surge conflicto. La función notarial se potencia como vía de eficiencia, no como mecanismo para resolver litigios.
El artículo 702 también es importante porque permite que, iniciado un juicio sucesorio y reconocidos los derechos hereditarios, las partes encomienden a una notaria o notario la continuación de inventarios, avalúos, liquidación, partición y adjudicación de la herencia, siempre de común acuerdo. Si hay niñas, niños o adolescentes, deberán estar debidamente representados y no existir oposición del Ministerio Público o autoridad competente. Esta previsión convierte al notariado en un auxiliar relevante para descongestionar juzgados, pero exige especial cuidado cuando existan personas en situación de vulnerabilidad.
Finalmente, el CNPCyF incidirá en la planeación patrimonial y preventiva. La titulación notarial de adquisiciones derivadas de testamento público simplificado o testamento sobre vivienda de interés social o popular, prevista en el artículo 810, muestra que el Código no sólo regula litigios: también abre espacios para soluciones ágiles, documentadas y registrables. El notariado deberá asumir un papel más activo en la prevención de conflictos familiares, la ordenación sucesoria, la documentación patrimonial y la articulación con registros públicos, archivos notariales y sistemas digitales.
En suma, el CNPCyF no debilita la función notarial; la vuelve más estratégica. Le exige mayor capacitación procesal, dominio tecnológico, rigor documental y sensibilidad frente a derechos humanos, grupos vulnerables y conflictos familiares. El notario del nuevo sistema no será solamente fedatario de actos jurídicos: será un operador clave de certeza, prevención, desjudicialización y eficiencia en la justicia civil y familiar mexicana.
Créditos Miguel Carbonelle
