Asociación Nacional de Empresarios Independientes, Avenida I. Morones Prieto 2805 Ote. Piso 2, Monterrey (2026)

08/10/2026

InnovaRH: Cumplir no bastará

Daniel Ordaz C.
(08 octubre 2026)

El cumplimiento laboral lo hemos visto como un asunto relativamente predecible: contratos en orden, expedientes completos, y recibos firmados. Esto se da hoy por palomeado así y solo falta pedirles a todos los santos conocidos que nunca llegue una inspección.
Pero en 2027 esa tranquilidad no será tan fácil de lograr, y puede llegar a costar más trabajo y dinero.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social prevé aumentar de manera importante los recursos destinados a inspección laboral, 80 por ciento nada mas. Al mismo tiempo, entra una de las transformaciones más relevantes de los últimos años: a partir del 1 de enero de 2027 la jornada máxima semanal baja de 48 a 46 horas, como primer paso hacia las 40 horas en 2030.

Pero hay otro cambio que quizá ha recibido menos atención y que para las empresas puede ser igual de importante.
Reloj checador

La reforma también establece el registro electrónico de la jornada laboral: hora de inicio, hora de término y la obligación de proporcionar esa información a la autoridad cuando sea requerida. Las disposiciones que regulan esta obligación entran en vigor en 2027 aunque las reglas aún no se hayan publicado.

Esto nos obliga a cambiar bastante la conversación y ya no será tan fácil darlo por palomeado, porque una cosa es cumplir, pero otra muy distinta es poder demostrar que cumpliste.

Pensemos en algo tan cotidiano como las horas extra, ese recurso al que hoy se recurre malamente de forma muy fácil para compensar falta de gente o picos en demanda.

¿Cuántas empresas saben realmente, todos los días, a qué hora entró y salió cada persona? ¿Cuántas pueden distinguir rápidamente entre jornada ordinaria, horas extraordinarias, descansos, incidencias y modificaciones de horario?

Seguramente muchas responderían que sí, y si son 5 personas espero que sí lo sepan, pero cuando son más de 100, ahí te encargo poder llevar el control diario.

La siguiente pregunta es más difícil:

¿Podrían entregar esa evidencia de manera confiable si mañana se las solicita un
inspector?

Y es ahí donde empiezan los problemas.

Un Excel por aquí, el reloj checador por allá, algunas autorizaciones por WhatsApp, correcciones manuales y excepciones que conoce perfectamente Recursos Humanos, pero que nadie más entiende nos pudieron permitir tener procesos fragmentados. Y mientras nadie cuestione los datos, se vuelve historia patria se archiva, y solo se consulta para la nómina o una demanda.

Cambios obligados

Una inspección nos mueve el tapete siempre, y más ahora que van a cambiar las reglas.

La reforma no dejó el registro electrónico como una recomendación tecnológica para empresas muy tecnificadas. La LFT contempla sanciones de 250 a 5,000 UMA's para los empleadores obligados que incumplan con esta disposición, y es por cada persona, no es "salvación por todos" como en las escondidas.

Por eso creo que estamos viendo el problema desde el ángulo equivocado cuando reducimos la discusión de la reducción de la jornada a preguntarnos cómo reorganizar turnos o cuánto aumentará el costo laboral.

Eso habrá que resolverlo, por supuesto, pero detrás viene otra transformación: la trazabilidad del trabajo.

Quién estuvo, por cuánto tiempo, a qué horas, cuándo hizo tiempo extra, cuándo descansó, y qué puede probar la empresa sobre todo ello.

No sé si el incremento de recursos para inspección tenga un propósito recaudatorio, pero es mucha casualidad que luego de 10 años de bajarlo aumente.

Lo que sí sabemos es que más capacidad de inspección, nuevas obligaciones y sanciones económicas crean una combinación que ningún director de personas debería ignorar.

Digitalizar para tener evidencia

Ahora ya no se trata solo de ser más eficientes. Un software no arregla una mala política laboral ni sustituye una buena gestión, pero intentar demostrar cumplimiento con información incompleta, dispersa o modificada manualmente será casi imposible.

Sugiero que le pidan a su equipo de RH que imagine que mañana, a las nueve de la mañana, llegan inspectores de la STPS a sus instalaciones, y les pregunten:

¿Qué les vamos a poder enseñar para demostrar que cumplimos?

[email protected]

07/10/2026

Coberturas cambiarias y neutralidad fiscal para las mipymes: una agenda concreta

La volatilidad del peso no es un tema abstracto. Para una mipyme que importa insumos o exporta productos, cada movimiento brusco del tipo de cambio se convierte en una amenaza directa a sus costos, a sus márgenes y a su planeación. Mientras las grandes empresas contratan forwards, opciones y swaps con equipos financieros especializados, la mayoría de las pequeñas y medianas queda expuesta sin herramientas. Frente a ese problema, la ANEI presenta dos propuestas con enfoque práctico y acotado: un programa público de coberturas cambiarias para mipymes y un tratamiento fiscal neutral para esas coberturas.

Cobertura Mipyme

La primera medida es crear el programa “Cobertura Mipyme”, con participación de NAFIN, Banxico y el sector financiero. El objetivo es que las mipymes puedan contratar forwards y opciones de tipo de cambio estandarizados, con montos mínimos bajos, documentación simplificada y costos accesibles.

El programa incluiría una ventanilla digital única donde cualquier empresario pueda simular y contratar una cobertura básica. Ahí mismo encontraría módulos de capacitación en administración de riesgos cambiarios. También se contemplan garantías públicas parciales para que bancos y fintechs ofrezcan estos instrumentos a empresas pequeñas, así como apoyos temporales y decrecientes para las de menor tamaño.

La cobertura no sería un instrumento especulativo, sino una herramienta ligada a operaciones reales de importación o exportación. La mipyme sabría con anticipación a cuánto comprará sus insumos o a cuánto venderá su producto. Eso le permitiría planear, invertir y sostener el empleo con mayor certeza.

Neutralidad fiscal para coberturas documentadas
La segunda medida es dar certeza fiscal a las coberturas cambiarias. Hoy, una mipyme que contrata un forward puede enfrentar un tratamiento fiscal que castiga la fluctuación contable del instrumento, incluso cuando la cobertura está protegiendo un riesgo real de su operación.

La propuesta es permitir la deducción de primas y costos de coberturas cambiarias documentadas. También evitar que las fluctuaciones contables de esas coberturas generen un ISR inmediato cuando están vinculadas a operaciones productivas reales. Para ello se establecerían reglas antiabuso claras: coberturas identificadas, montos razonables, relación con flujos comerciales y prohibición de usarlas como vehículo especulativo.

No se trata de un subsidio ni de un régimen especial. Se trata de que el sistema fiscal no trate como ganancia especulativa lo que en realidad es una protección contra un riesgo de mercado. Con reglas transparentes, esta medida reduce la incertidumbre, fomenta la formalización financiera y ayuda a que más mipymes se cubran.

Una agenda acotada

Ambas medidas pueden instrumentarse por separado o en conjunto. La primera atiende el acceso al mercado de derivados. La segunda elimina un desincentivo fiscal que hoy empuja a muchas empresas a no cubrirse. Juntas conforman una agenda concreta, de costo fiscal acotado y compatible con el marco regulatorio mexicano.

La volatilidad cambiaria seguirá existiendo. No se trata de eliminarla, sino de que las mipymes mexicanas dejen de enfrentarla en desventaja. Un programa de coberturas accesibles y un tratamiento fiscal neutral son pasos concretos para que la política económica ponga a la producción nacional en el centro, sin distorsionar la economía ni comprometer la autonomía de Banxico.

Es tiempo de que las propuestas se conviertan en políticas públicas. La base productiva del país no puede seguir esperando.

Asociación Nacional de Empresarios Independientes, A.C.
7 de octubre de 2026

05/10/2026

El monopolio que nos deja a oscuras

El diagnóstico filtrado a EL NORTE sobre el deterioro de la red de CFE en Monterrey confirma lo que los regiomontanos sufren: 41 interruptores dañados, 536 transformadores por reemplazar, 31 mil 472 árboles que provocan apagones y 2 mil 724 postes deteriorados. La causa de fondo es que CFE opera como monopolio sin competencia, y un monopolio no tiene incentivos para invertir.

Un modelo que premia la negligencia

CFE controla de manera exclusiva transmisión y distribución eléctrica —áreas que la Constitución reserva al Estado—, por lo que ningún otro operador puede tender líneas, instalar transformadores ni dar mantenimiento. El informe admite un "rezago de varios años en el mantenimiento y modernización", lo que significa que la empresa sabía lo que se necesitaba y no lo hizo. Desde 2019, la estrategia gubernamental ha fortalecido el papel dominante de CFE, reduciendo inversión privada y competencia; cuando el sector privado se retira o se le impide participar, la inversión total en la red cae.

La competencia como disciplina

La reforma energética de 2013 estableció un mercado mayorista donde CFE debía competir en igualdad con generadores privados, y la Segunda Sala de la Suprema Corte confirmó el 31 de enero de 2024, con votación dividida 3-2, que en generación CFE es un competidor más y no puede entorpecer la libre concurrencia. Ese modelo obligaba a CFE a invertir para no perder clientes industriales frente a opciones privadas; al desmantelarlo, el gobierno eliminó el incentivo más poderoso para que CFE invirtiera en mantenimiento y expansión. Los resultados están a la vista: transformadores viejos sin mantenimiento, apagones prolongados y una red de distribución rebasada, con "abandono estructural" en el Centro de Monterrey.

La trampa constitucional

Ni el Estado de Nuevo León ni los municipios tienen facultad legal para intervenir en competencia eléctrica: la Constitución reserva al Estado federal la planeación y control del sistema eléctrico nacional y del servicio público de transmisión y distribución. La Suprema Corte ha sido tajante: la intervención municipal es inconstitucional, por lo que alcaldes y gobernadores tienen las manos atadas y sus exhortos son "puro teatro para medios". La única institución con facultades para defender la competencia era la COFECE, pero la reforma de simplificación orgánica publicada el 20 de diciembre de 2024 la extinguió y creó la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA), un organismo sectorizado a la Secretaría de Economía que quedó formalmente integrada el 16 de octubre de 2025 con Andrea Marván como presidenta. A diferencia de la COFECE —órgano autónomo desde 2013 con comisionados designados por el Senado—, la CNA depende jerárquicamente del Ejecutivo, carece de autonomía financiera y sus comisionados son nombrados por el Ejecutivo, lo que genera un conflicto de interés estructural frente a CFE; aunque mantiene facultades formales para investigar monopolios, su independencia es cuestionable.

El costo de no competir

El monopolio frena la economía: Nuevo León capta inversión, pero los problemas de abastecimiento eléctrico complican el crecimiento; CFE ha pedido a la industria regiomontana reducir consumo en horas pico, medida que ahuyenta capitales y limita la expansión productiva. Empresas que reducen consumo por caídas en producción son amenazadas con cortes y acusadas de tener "un diablito", y otras enfrentan sobrecobros millonarios que solo logran revertir tras procesos legales costosos. El círculo es vicioso: el monopolio no invierte porque no tiene competencia; la falta de inversión genera apagones; los apagones frenan la inversión privada; y la menor inversión privada elimina cualquier presión competitiva que pudiera forzar a CFE a mejorar.

La salida imposible (por ahora)

El informe de CFE dice que se atendió el 86% de las 52 mil 965 anomalías detectadas, pero atender anomalías no resuelve el problema de fondo: se pueden cambiar transformadores y reparar interruptores, y en dos años la red volverá a deteriorarse porque el modelo que la produjo sigue intacto. La verdadera solución requeriría abrir transmisión y distribución a la competencia, o al menos establecer un regulador verdaderamente independiente con facultades para obligar a CFE a invertir y sancionarla si no lo hace; la CNA, por su diseño institucional, difícilmente podrá cumplir ese papel frente a la empresa estatal. Mientras eso no ocurra, los regiomontanos seguirán documentando cada corte y exigiendo auditorías de la red, porque un servicio público que no funciona no es soberanía: es abandono.

Asociación Nacional de Empresarios Independientes, A.C.
05 de octubre de 2026

Fuentes en primer comentario.

02/10/2026

El fin del "súper peso": una corrección necesaria, pero no una solución

El peso rompió la barrera de los 18 por dólar. No es una corrida contra México: es la corrección de una sobrevaluación artificial que duró demasiado. Pero sería un error celebrarlo como si el problema estuviera resuelto.

El "súper peso" nunca fue fortaleza. Se sostuvo por el diferencial de tasas entre México y Japón, que atrajo capital golondrina. El 84% de las operaciones del peso ocurren fuera de México y el 79.4% del volumen local es especulativo. La inversión productiva apenas representa el 0.1% del mercado. El tipo de cambio no medía la salud de la economía, sino el apetito del especulador.

El daño fue real. En diciembre de 2025 se cancelaron 320,692 empleos en un mes; en mayo de 2026, manufactura y construcción perdieron 514,354 plazas. Los hogares que reciben remesas perdieron 65,000 millones de pesos por cada peso de sobrevaluación: 260,000 millones con 4 pesos, equivalente a cerca de 7 millones de pensiones anuales de adultos mayores. Y el fisco no ganó: Banxico cerró 2025 con pérdidas operativas de 410 mil millones de pesos y capital contable negativo de 320 mil millones, dejando al gobierno sin remanente por segundo año consecutivo.

La corrección tiene causas externas e internas. El endurecimiento de la Fed y la geopolítica fortalecieron al dólar. Pero la sobrevaluación también tuvo causas internas: tasas altas para atraer capital especulativo y una cuenta de capital abierta. La SHCP es corresponsable a través de la Comisión de Cambios (artículo 21 de la Ley del Banco de México) y no puede escudarse en la autonomía de Banxico.

Lo que no debe hacerse: subir tasas para defender el peso. Esa receta atrae más capital golondrina, profundiza el carry trade y vuelve a sobrevaluar la moneda. Es el círculo vicioso que ya vivimos.

Lo que sí debe hacerse: limitar la flexibilidad de la cuenta de capitales, establecer un impuesto de igualación de tasas al estilo Volcker y operar swaps para la cobertura de pasivos. Son medidas probadas internacionalmente para proteger la producción sin renunciar a la integración global.

Con un tipo de cambio sobrevaluado, el Plan México no puede cumplirse. No hay política industrial que resista un diferencial cambiario que castiga a quien produce en México y premia a quien importa.

El fin del "súper peso" no es una tragedia, pero tampoco una solución. Alivia los síntomas, no cura la enfermedad. La enfermedad es la apertura irrestricta de la cuenta de capitales y el carry trade. El tratamiento es la regulación de los flujos de capital. Y la responsabilidad recae en la Comisión de Cambios, donde la SHCP tiene un papel central.

México puede y debe actuar. No para pedir favores, sino para trabajar en condiciones financieras sanas. Conviene a quien produce, a quien trabaja, a quien recibe remesas y al propio gobierno. Esa es, y seguirá siendo, la causa.

Asociación Nacional de Empresarios Independientes, A.C.
2 de octubre de 2026

22/09/2026

El superpeso cede, pero sigue caro: Hacienda prevé 18 pesos para 2027, un nivel que aún no refleja su valor real

Hacienda entregó los Criterios Generales de Política Económica 2027 con un tipo de cambio de 18.00 pesos por dólar, PIB de 1.5% a 2.5%, inflación de 3.0%, petróleo en 62 dólares y déficit de 3.9% del PIB. Aunque 18 pesos es menos fuerte que el “superpeso” por debajo de 17, no significa que el peso haya alcanzado su equilibrio.

Es clave distinguir apreciación de sobrevaluación. En junio de 2026 el peso acumuló una apreciación real anual de 11.6%, pero en ese momento estaba sobrevaluado en 11.4% respecto a su equilibrio de largo plazo. Son conceptos distintos: uno es variación, el otro es nivel. Las estimaciones de Banxico y del consenso (18.4 a 18.7 pesos) parecen optimistas; el desequilibrio externo sugiere un tipo de cambio de equilibrio más alto.

Dani Rodrik ha mostrado que, en países en desarrollo, la subvaluación cambiaria favorece el crecimiento y la sobrevaluación lo frena. Un peso caro abarata importaciones y consumo, pero castiga exportaciones, inversión y empleo manufacturero. Por eso, la sobrevaluación va contra las metas del Plan México: elevar la inversión sobre 25% del PIB, crear 1.5 millones de empleos manufactureros y aumentar el contenido nacional en exportaciones en 15 puntos.

En resumen, los 18 pesos de Hacienda son un ajuste, no una corrección. El peso seguirá sobrevaluado en 2027, y eso es más perjudicial que beneficioso para el crecimiento y la industrialización que México busca.

Asociación Nacional de Empresarios Independientes, A.C.
22 de septiembre 2026

17/09/2026

En memoria de Don Eugenio Garza Sada

Descanse en paz.

09/09/2026

Paquete Económico 2027: el fisco aprieta sin subir tasas, con menos deducciones y fiscalización total.

La austeridad republicana y el combate a la corrupción, como banderas discursivas, ya no rinden frutos fiscales. El mensaje a los contribuyentes es crudo: sin aumentar los impuestos generales, habrá mayor presión vía menores deducciones, nuevos gravámenes sectoriales y una lupa fiscal sin precedentes.

El Paquete Económico 2027, recién turnado al Congreso, no es una actualización inflacionaria menor ni un reacomodo contable. Es un parteaguas estructural que entierra la etapa de la "austeridad pasiva" (recortar gasto corriente y adelgazar la nómina burocrática) para dar paso a una estrategia de recaudación activa y agresiva, enfocada en cerrar todas las válvulas de escape del sistema tributario.

El gran ajuste corporativo: menos deducciones, más base real
El núcleo del paquete impacta de lleno la rentabilidad de las grandes empresas. Se impone un límite draconiano a las deducciones generales, que no podrán exceder el 96.67% o el 99% de los ingresos acumulables, según el régimen, lo que equivale a gravar un porcentaje mínimo de la facturación así no exista utilidad real. A esto se suma un incremento en el coeficiente de utilidad mensual para pagos provisionales, aplicando factores de ajuste de 1.0658 o 2.6162, que elevarán sustancialmente los flujos de efectivo que las empresas deben anticipar al SAT.

El colchón de seguridad que representaban las pérdidas fiscales de años anteriores también se desmorona: ahora solo se podrán acreditar hasta el 50% de la utilidad fiscal del ejercicio.

Paralelamente, el costo financiero se encarece, ya que el límite deducible por intereses netos se recorta del 30% al 20% de la utilidad fiscal ajustada, afectando severamente a empresas apalancadas.

Las operaciones con el extranjero quedan bajo una lupa impenetrable. Para que los pagos a partes relacionadas sean deducibles, ya no bastará con tener la documentación de precios de transferencia; ahora se exigirá que la retención de ISR se haya liquidado y enterado efectivamente al fisco. Los anticipos por servicios y arrendamientos pierden su efecto fiscal inmediato, pues su deducción se difiere hasta que el servicio se preste o devengue. Por su parte, la banca múltiple recibe un golpe directo al perder la deducibilidad del 75% de las cuotas pagadas al IPAB, y se les homogeneiza el tratamiento de créditos incobrables, eliminando el régimen preferencial que gozaban.

En materia de reinversión y capital, la derogación del Régimen Opcional para Grupos de Sociedades (ROGS) obliga a las empresas a enterar el impuesto diferido acumulado de inmediato, mientras que la Cuenta de Capital de Aportación (CUCA) y la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta (CUFIN) sufren ajustes técnicos que encarecen la distribución de dividendos: en CUCA se prohíben intereses no pagados e IVA capitalizado, y en CUFIN se obliga a restar todos los gastos no deducibles, reduciendo artificialmente el saldo disponible para repartir sin impuesto.

La nueva frontera digital: el fisco llega a las plataformas
La economía digital, hasta ahora en un terreno semiprotegido, es uno de los blancos centrales. Se crea una retención de ISR del 2.5% sobre las operaciones de personas morales que utilicen plataformas tecnológicas, y la retención del IVA se eleva al 100% en enajenaciones e intermediaciones con residentes en el extranjero o que involucren cuentas foráneas. Esto elimina cualquier arbitraje fiscal en el comercio electrónico transfronterizo.

El costo de los servicios regulatorios se dispara
Los "derechos" (contribuciones por uso de bienes públicos y servicios) sufren aumentos generalizados que impactan a sectores específicos: la explotación de vías férreas encarece su cuota nacional; los trámites consulares (visas y estancias) incrementan su costo; las tarifas del espacio aéreo suben 10%; la vigilancia bursátil de la CNBV se encarece 16%; la supervisión de AFORE se reestructura con un factor de 0.1750 al millar sobre el capital total; y la COFEPRIS actualiza sus cuotas al costo real, buscando agilizar resoluciones pero a un mayor precio para el regulado.

Fiscalización extrema y control físico de mercancías
La lupa no solo estará en los números, sino también en los activos físicos. El SAT desplegará un programa especial de verificación para organizaciones no lucrativas (Título III), asegurando que sus ingresos no se desvíen a actividades lucrativas. Además, a partir de julio de 2027, se implantarán controles volumétricos y de trazabilidad fiscal obligatoria en combustibles, una medida diseñada frontalmente para combatir el contrabando de gasolinas, que obligará a estrictos registros de entradas, salidas y existencias.

Zanahorias selectivas y fin del dinero ocioso en el sector público
No todo es presión; el paquete incluye un incentivo para la repatriación de capitales, ofreciendo una tasa preferencial del 7.5% de ISR para aquellos recursos del extranjero que retornen y se inviertan productivamente por al menos tres años. Sin embargo, ese estímulo se contrapesa con la focalización de apoyos: el límite de ingresos para que los transportistas accedan a estímulos de diésel y peajes se reduce de 300 a 250 millones de pesos, dejando fuera a muchos del sector.

El mensaje a los gobiernos locales y universidades es igual de tajante: todos los recursos federales no devengados de años previos deberán reintegrarse a la TESOFE, sin posibilidad de reetiquetarlos o ejercerlos en el último momento.

Conclusión: el fin de una era
El Paquete Económico 2027 desnuda la realidad de las finanzas públicas: el discurso de la austeridad no fue suficiente para cubrir el creciente gasto operativo y los compromisos de inversión. La respuesta del Ejecutivo es clara y quirúrgica: no tocarán las tasas generales del ISR ni del IVA, pero desmenuzarán el andamiaje de deducciones, elevarán los costos regulatorios, cerrarán los regímenes preferenciales y desplegarán una capacidad fiscalizadora sin precedentes.

Para el contribuyente, grande o pequeño, el mensaje es uno solo: la fiesta de los resquicios legales terminó; quien quiera operar en México deberá hacerlo con una carga fiscal más alta sobre su utilidad real y con una exposición total a los reflectores del SAT.

Asociación Nacional de Empresarios Independientes, A.C.
9 de septiembre 2026

09/09/2026

Afecta el fisco a las Mipymes

El esquema de retención fiscal que entró en vigor este 2026 atenta contra el objetivo de formalizar a más micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) en el País y aumentar la recaudación tributaria, aseveró la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO).

Pierre-Claude Blaise, director general de la AMVO, explicó en entrevista que la retención de 2.5 por ciento de ISR y 8 por ciento de IVA a las plataformas digitales está perjudicando las ventas, los ingresos y la liquidez de Mipymes que comercializan productos por internet.

Desde que entró en vigor el nuevo esquema de retención fiscal, indicó, los ingresos de los vendedores registran caídas de entre un 20 y un 52 por ciento, casi 8 de cada 10 de los vendedores perciben una afectación a su liquidez y un 68 por ciento siente que tiene una menor capacidad para reinvertir.

“El impacto ha sido tan transversal y significativo que decidimos alertar a la autoridad sobre las consecuencias nefastas de este esquema.

“Quiero dejar muy claro que no estamos buscando privilegios para nada y que estamos a favor de los impuestos, de la formalización de la economía, pero estamos a favor de una digitalización y formalización de toda la economía; no impactar a los pocos que están vendiendo en el día de hoy”, aseveró Claude Blaise.

El esquema de retención fiscal que se implementó este año, abundó el directivo, no incentiva que más empresas se quieran integrar al ecosistema de ventas por plataformas digitales, algo que impacta también en la recaudación.

“El primer impacto que hemos visto de forma transversal es que entre 15 y 30 por ciento de los vendedores dejaron de estar activos en el primer trimestre de este año, entonces son menos negocios digitales.

“Los que se quedan, los que siguen vendiendo, reportaron entre 20 y 52 por ciento en promedio de caída de ingresos, entonces es bastante negativo y 7 de cada 10 reportan menos capacidad de financiación en inventario, en personal o en crecimiento, eso es bastante preocupante”, señaló el directivo.

La AMVO y el resto de cámaras y asociaciones como la ASEM, ALAI, Canieti, Comce, Canirac y AmCham proponen ajustar a la baja las tasas de retención actuales a 2 por ciento de IVA y 1 por ciento de ISR.

“El 44 por ciento de las empresas nos comentaron que estaban considerando activamente dejar de vender en los marketplaces, entonces el impacto es negativo: de un lado hay empresas que dicen que ya no van a vender en línea o que están considerando básicamente salirse no de la formalidad, pero quizás buscando otros canales", señaló.

Charlene Domínguez

Fuente: Grupo Reforma

$Exhibe PISA fracaso educativoMéxico tiene un retroceso educativo de un cuarto de siglo.La prueba PISA 2025 arrojó que 3 ...$

08/09/2026

Exhibe PISA fracaso educativo

México tiene un retroceso educativo de un cuarto de siglo.

La prueba PISA 2025 arrojó que 3 de cada 10 estudiantes mexicanos de 15 años de edad alcanzó el nivel mínimo de competencia básica en matemáticas.

Mientras que el puntaje en el 2022 alcanzó 395, la cifra actual se acerca a la del 2000, que fue de 385.

En ciencias su puntaje ahora fue de 414, cercano al del 2006, de 410, y en lectura su desempeño actual de 408 puntos fue inferior al del 2006, cuando fue de 410.

El 30 por ciento de estudiantes mexicanos que alcanzó el nivel de competencia básico en matemáticas contrasta con el promedio de la OCDE para este mismo nivel en la prueba PISA 2025, que es 65 por ciento.

Coordinada por la OCDE, la prueba PISA (Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes), se aplica cada tres años a jóvenes de 15 años de edad en los 38 países miembros de la organización, aunque en las ediciones 2022 y 2025 se realizó en más de 90 países.

El examen aborda matemáticas, lectura y ciencias para evaluar la eficacia de los sistemas educativos participantes, no a los alumnos en lo individual.

Los resultados de la prueba evidencian y corroboran el fracaso educativo en México.

Según el informe, los alumnos mexicanos obtuvieron un puntaje promedio de 388 en matemáticas, mientras que la media de la OCDE fue de 463, es decir una diferencia de 75 puntos, que podrían equivaler a dos o más ciclos anuales completos de aprendizaje.

La diferencia entre México y las cuatro provincias participantes de China, que lograron los puntajes más altos, es enorme: el puntaje de los asiáticos es de 612 puntos, una distancia de 224 puntos por encima de México.

Singapur es otro de los países con muy altos resultados en las tres áreas de evaluación, y aventaja a México con 175 puntos en matemáticas.

Pero lo más sorprendente es que, de los seis niveles de competencia de la prueba, ningún mexicano, para las tres áreas de evaluación, que son ciencia, matemáticas y lectura, alcanzó los niveles más altos de competencia (5 y 6), mientras que 41.8 por ciento se ubicó por debajo del nivel 2, es decir, menos del nivel de competencia básica.

En cuanto a capacidad lectora, sólo 50 por ciento de los estudiantes mexicanos alcanza el nivel básico de competencia, frente al 69 por ciento del promedio de la OCDE.

Para el País, esta condición implica un retroceso de 16 años, ya que en el 2009 casi 60 por ciento de quienes participaron en el estudio alcanzaban ese nivel de competencia básico (nivel 2 y más).

En lo relativo a competencia científica hay un estancamiento con apenas un 50 por ciento de estudiantes con las capacidades mínimas en este rubro, frente a un 49.1 por ciento que lo tenían en el 2006.

A nivel OCDE, el promedio de estudiantes de 15 años en este nivel de competencia básica alcanzó 74 por ciento.

La OCDE reportó que los alumnos mexicanos obtuvieron puntajes de 414 en ciencias.

En contraste, el promedio de la OCDE fue de 482.

En lectura, el puntaje mexicano fue de 408 y el del organismo internacional fue de 461.

Y en la resolución de problemas computacionales, los mexicanos obtuvieron un puntaje de 453, muy lejos del promedio de la OCDE, de 500.

Los resultados más altos correspondieron a China en ciencias, con 597 puntos; a Singapur en lectura, con 535, y a Macao en resolución de problemas computacionales, con 572.

Víctor Osorio
Cd. de México (8-Sep-2026).- 05:00 hrs.

Fuente: Grupo Reforma

02/09/2026

Enciende las alertas filtro militar a la IED

El nuevo filtro que la 4T propone otorgar a las Fuerzas Armadas para autorizar o impedir que capitales extranjeros adquieran más del 49 por ciento de empresas mexicanas no aporta a la certidumbre y podría convertirse en un obstáculo para la Inversión Extranjera Directa (IED), particularmente en sectores estratégicos, advirtieron expertos.

La iniciativa de reforma a la Ley de Inversión Extranjera (LIE) incorpora a las Secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y Marina (Semar) a una nueva Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE), que evaluará determinadas adquisiciones no sólo por sus efectos económicos, sino también por los riesgos que pudieran representar para la “seguridad nacional”.

Para Turenna Ramírez, especialista en comercio exterior de Holland & Knight, el problema radica en que el concepto de “amenaza a la seguridad nacional” puede resultar demasiado amplio.

La especialista señaló que precisamente los sectores sujetos al nuevo filtro son aquellos en los que se concentra buena parte del crecimiento económico mundial, por lo que imponer una autorización previa podría desalentar a potenciales inversionistas.

“El simple hecho de obligar a que las inversiones extranjeras que superen este 49 por ciento del capital social de una empresa mexicana y el umbral aún desconocido de activos fijos soliciten autorización previa representa un obstáculo técnico que puede no ser bien recibido”, consideró.

La CNIE estaría integrada por Sedena, Marina y la Secretaría de Seguridad, cuyos representantes tendrían voz y voto.

De manera permanente participarían también la FGR, el Centro Nacional de Inteligencia, el SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera, aunque estos últimos sólo tendrían voz.

El mecanismo aplicaría principalmente cuando un extranjero pretenda adquirir, directa o indirectamente, más del 49 por ciento del capital social de una empresa mexicana en determinados sectores.

El alcance incluye áreas consideradas estratégicas para la economía, como energía, minería, agroindustria, infraestructura, transporte, comunicaciones, almacenamiento de datos, biotecnología, inteligencia artificial, semiconductores y tecnología aeroespacial.

El abogado Ismael Reyes Retana, especialista en derecho administrativo, consideró que dependencias como la Sedena, la Semar y la SSPC no tendrían que considerarse miembros permanentes de CNIE.

“En su caso”, dijo, “se les debería tener sólo como invitados en sesiones donde se resuelvan inversiones que puedan repercutir en la seguridad nacional, sin voz ni voto, tal y como se propone para la FGR, CNI, UIF y SAT.

Nallely Hernández y Víctor Fuentes
Cd. de México (2-Sep-2026).- 05:00 hrs.

Fuente: Grupo Reforma

Asociación Nacional de Empresarios Independientes

08/10/2026

07/10/2026

05/10/2026

02/10/2026

22/09/2026

17/09/2026

09/09/2026

09/09/2026

08/09/2026

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