25/10/2020
🚨 📌🌽🖐 : Perjuicio económico en GORE por otorgar beneficios a funcionarios sin corresponder.
• Durante los años 2016 y 2017 funcionarios del Gobierno Regional de Huancavelica recibieron alimentos, calzados, prendas de vestir y cortes de telas, pese a encontrarse excluidos de este beneficio.
Huancavelica.- La Contraloría General advirtió un presunto perjuicio económico de S/ 152 019 en el Gobierno Regional de Huancavelica, debido a que la administración de la entidad otorgó alimentos, calzados, prendas de vestir y cortes de telas a funcionarios que desempeñaban cargos de confianza y cargos de elección popular directa, durante los años 2016 y 2017, a pesar de encontrarse excluidos de estos beneficios no económicos.
De la evaluación realizada a los pactos colectivos, se identificó la entrega de bienes a funcionarios de confianza derivados de convenios rentre la entidad regional y el Sindicato de Trabajadores de la sede central del Gobierno Regional (SITRA-GOB-REG-HVCA), que no los incluye en los derechos de sindicación establecido en el artículo 42° de la Constitución Política del Perú concordante con el artículo 40° de la Ley N°30057, Ley de Servicio Civil y el pronunciamiento de la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR.
El Informe de Control Específico N° 024-2020-2-5338, señala que durante los periodos 2016 y 2017, se benefició a un total de 85 funcionarios con la entrega de bienes por un valor de S/ 81 277.57 y S/ 70 741.73 respectivamente, generando un perjuicio económico a la entidad de S/ 152 019.30.
La situación expuesta se originó porque los servidores públicos de la entidad regional, desde sus respectivas áreas, ejecutaron planes de trabajo provenientes de los acuerdos de la comisión negociadora, en beneficio de funcionarios como el gobernador regional, vicegobernador regional, gerentes, subgerentes, directores, asesores, entre otros.
El informe de control, emitido por el Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional de Huancavelica, fue comunicado oportunamente al titular de la entidad para el inicio de las acciones administrativas y al Procurador Público para el deslinde de las responsabilidades que correspondan, respecto a las personas comprendidas en el hecho irregular.
