08/05/2014
Uno de los problemas que afronta el agro es que hasta la fecha después de culminado y agotado el proceso de reforma agraria, y la eliminación de que el derecho posesorio conllevaba al derecho de propiedad ( recuérdese la frase “ el poseedor se le reputa propietario”); determino que la legislación posterior, determine que todas las relaciones de propiedad y posesión se calificaban de acuerdo a lo establecido en el Código Civil, es decir no se es propietario o poseedor sin un título habilitantes, es decir se requiere para tales efectos la exhibición del título de propiedad, que en los casos vinculados a propiedades del Estado (ex reforma agraria) y los predios expropiados, en un inicio se encomendó dicha labor al PETT (Proyecto Especial de Titulación de Tierras), que fue desarticulado, y luego se traslada sus competencias a COFOPRI; y en el año 2010 a raíz de los escándalos de corrupción en la administración de dicha entidad, para curarse en salud el Gobierno del Apra, decide que estas competencias pasen a los Gobiernos Regionales, determinando que todo lo relacionado al saneamiento de propiedad agrarias sea atendida por dicha entidad.
Han pasado un largo tiempo y hasta la fecha muchas regiones no han implementado las oficinas encargadas del saneamiento rural de las propiedad y posesiones, lo cual ha generado que todo se quede paralizado, con lo cual lejos de resolverse, ha incrementado la incredulidad de las personas naturales y jurídicas que venía regularizando sus derechos de propiedad u posesión en áreas rurales; más aún en algunas regiones como por ejemplo la de Piura, el Gobierno Regional a designado a una Abogada cuyo Presidente de una Comunidad Campesina Piura lo ha denunciado como interventora en un hecho delictivo de haber falseado documentos de la comunidad para poder vender sus propiedades, deslegitimando desde el inicio del ejercicio de la función a quien tendrá la responsabilidad y la confianza ciudadana de que quien ocupe dichos cargos sean personas con todos los méritos suficientes que garanticen independencia y autonomía en el ejercicio de sus funciones y no solo se conviertan en operadores del poder político de turno o de ciertos grupos económicos de poder que justamente buscan persona con ciertas debilidades para puedan ser sujetos o permeables a soluciones de acuerdo a sus intereses.
Es por ello que desde esta tribuna, alzamos nuestra voz de protesta a las autoridades responsables de las decisiones políticas, a fin de que den una solución definitiva a una serie de problemas que se presentan en la titulación agraria instaurando un procedimiento que sea lo más transparente posible y que al mando de dichas oficinas se designen a funcionarios competentes y con conocimiento del problema de titulación de predios rústicos, caso contrario volveremos nuevamente a fojas cero y con ello impedir que exista seguridad jurídica en el agro; la no incorporación al tráfico jurídico de las propiedades debidamente saneadas y nosotros los ciudadanos y operadores jurídicos seguiremos sentados mirando por la ventana viendo pasar institución tras institución sin que exista una voluntad política de resolver definitivamente el saneamiento de las propiedades en el sector rural. Señores es hora de tomar desiciones.
