21/05/2026
𝐄𝐋 𝐂𝐎𝐋𝐌𝐎: 𝐕𝐈𝐀𝐉𝐄 𝐏𝐄𝐑𝐒𝐎𝐍𝐀𝐋 𝐀 𝐏𝐈𝐔𝐑𝐀 𝐒𝐄 𝐋𝐎 𝐐𝐔𝐈𝐄𝐑𝐄𝐍 𝐂𝐎𝐁𝐑𝐀𝐑 𝐀𝐋 𝐆𝐎𝐁𝐈𝐄𝐑𝐍𝐎 𝐑𝐄𝐆𝐈𝐎𝐍𝐀𝐋 𝐃𝐄 𝐋𝐈𝐌𝐀
En la Dirección Regional de la Producción del Gobierno Regional de Lima, lo que debería ser capacitación técnica parece haberse convertido en turismo financiado con recursos públicos.
La ingeniera Crystal Rufina Quispe Cisneros y su colega, el también ingeniero Aldo Enrique del Castillo Aguirre, viajaron a Piura para asistir a un curso de tres días. Hasta ahí, todo dentro de lo razonable. Lo que no cuadra —y levanta serias sospechas— es que ahora pretendan que ese viaje personal sea pagado por el Estado.
Documentos que llegaron a nuestra redacción evidencian gastos que bordean los 3 mil soles: pasajes aéreos, hospedaje y consumos que poco tienen que ver con la austeridad que se le exige a cualquier funcionario público. Un desembolso que, por su naturaleza, debería salir de sus propios bolsillos.
El evento, organizado por FONDEPES y el Ministerio de la Producción del Perú, no fue una comisión oficial. No existió invitación institucional ni designación alguna. Se trató de un curso abierto, difundido en redes sociales, al que cualquiera podía inscribirse por iniciativa propia.
Sin embargo, ahora se intenta forzar su reconocimiento como actividad oficial para justificar un reembolso con dinero del Gobierno Regional de Lima. Es decir, convertir un gasto personal en una obligación pública.
Todo esto ocurre con la complacencia del director Ernesto Tello, cuya actitud genera más preguntas que respuestas. Porque no se trataría de un hecho aislado. Según fuentes internas, existiría un patrón de permisos, salidas y beneficios otorgados con inusual flexibilidad cuando se trata de esta pareja.
En la propia Dirección Regional de la Producción, trabajadores señalan que ambos funcionarios gozarían de un trato preferencial por su cercanía con el entorno de la gobernadora Rosa Vásquez Cuadrado. Un detalle no menor: Quispe Cisneros sería hija de la directora regional de Educación, Rufina Cisneros, figura con peso en la actual gestión.
Pero la historia no termina ahí. Desde el interior de la entidad aseguran que existirían más evidencias de presuntas irregularidades vinculadas a esta dupla, las cuales estarían próximas a ser remitidas para su denuncia formal.
Desde el punto de vista legal, de confirmarse estos hechos, no se trataría de una simple falta administrativa. Podrían configurarse delitos como peculado (uso indebido de recursos públicos) o incluso colusión, dependiendo del grado de concertación y participación de los funcionarios involucrados. Estas conductas, según el Código Penal del Perú, pueden ser sancionadas con p***s privativas de libertad que superan los 4 años, además de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Por ahora, lo concreto es esto: un curso de tres días que terminó convertido en viaje de placer y un intento evidente de hacerlo pasar como gasto institucional. En otras palabras, el viejo hábito de usar el Estado como caja chica… esta vez con pasaje aéreo incluido.
