16/06/2026
LA INTELIGENCIA CIVIL
La inteligencia, como concepto y como actividad, históricamente ha estado vinculada al ámbito militar, policial o gubernamental. Sin embargo, en la actualidad, la información —insumo vital para la inteligencia, la seguridad y la toma de decisiones en cualquiera de sus niveles— también proviene de organismos netamente civiles, como empresas de seguridad, agencias de investigación y agentes privados especializados.
Frente a una inseguridad cada vez más agobiante, marcada por el avance del crimen organizado, corresponde “desmilitarizar” parcialmente la mirada sobre la inteligencia y abrir paso a enfoques civiles, privados y complementarios. Si bien las estructuras formales del Estado se sostienen y rigen por normas constitucionales y legales, también resulta necesario encauzar y reglamentar las actividades de aquellas agencias y empresas privadas que desarrollan labores de búsqueda, análisis y producción de información en el ámbito civil.
En el Perú, se estima que cerca de diez mil investigadores privados y agentes de protección especializados practican y ejercen el oficio de búsqueda y colección de información para fines de seguridad empresarial. En ese trajinar, obtienen insumos útiles y de calidad para fines tácticos y estratégicos. Entonces, cabe preguntarse: ¿no sería posible combinar, complementar y aprovechar ambos frentes para detectar, identificar y combatir de manera conjunta el azote de la delincuencia y el crimen organizado?
A nivel nacional, diversas asociaciones agrupan a miles de investigadores privados. Sería de gran trascendencia que estos entes participen y se involucren, bajo un marco legal adecuado, en la problemática de inseguridad que aqueja al país. La evolución de la inteligencia hacia un enfoque más civil y privado, sin duda, ofrecería importantes ventajas. Una de ellas sería el acceso a fuentes de información que, en muchos casos, no se encuentran fácilmente disponibles para los organismos gubernamentales, policiales o militares.
En definitiva, dado el manto de amenazas y peligros bajo el cual se encuentra nuestra sociedad, resulta pertinente considerar, reconocer y reglamentar de una vez por todas, mediante una ley y no solo a través de un decreto, la actividad de la investigación privada. A partir de esta condición, el aporte de estas agencias en favor de la seguridad, en todas sus formas y niveles, podría ser significativo, productivo y estratégicamente valioso para el país.