05/06/2025
En un contexto de creciente desconfianza hacia la clase política, el Congreso del Perú ha generado polémica al rechazar la reelección inmediata de alcaldes y gobernadores, mientras aprueba la de congresistas a partir del 2026, bajo el marco de la bicameralidad. Esta decisión evidencia una aparente contradicción y despierta críticas sobre un posible cálculo político más que un compromiso con el fortalecimiento institucional.
La narrativa dominante contra la reelección subnacional se sostiene en la percepción de corrupción y clientelismo. Sin embargo, en democracias con instituciones sólidas, la reelección puede ser un mecanismo de rendición de cuentas, permitiendo a la ciudadanía premiar gestiones eficientes. En el caso de alcaldes, el periodo de cuatro años muchas veces es insuficiente para ejecutar planes y obras; una reelección inmediata ofrecería continuidad y evitaría el reinicio constante de proyectos.
No obstante, los riesgos son reales: clientelismo, uso indebido de recursos públicos y populismo electoral. La clave no es prohibir o permitir sin condiciones, sino establecer reglas claras que garanticen un uso responsable de la reelección, con límites, evaluación de desempeño y mayor fiscalización.
Lo que resulta especialmente contradictorio es que el Congreso haya aprobado su propia reelección, mientras se la niega a los gobiernos locales. Alegan que buscan profesionalizar la labor legislativa, pero no aplican el mismo criterio a alcaldes o gobernadores, quienes tienen roles ejecutivos fundamentales y un vínculo directo con la ciudadanía. Esto refleja un sesgo corporativista: el Congreso legisla cuando el beneficio es propio.
La eliminación de la reelección parlamentaria en el referéndum de 2018 fue celebrada como un logro ciudadano. Su reversión, en cambio, se ha hecho sin transparencia ni debate, mientras a las autoridades subnacionales se les niega esta posibilidad bajo argumentos débiles o populistas.
Prohibir la reelección inmediata de alcaldes puede parecer una medida anticorrupción, pero en realidad perpetúa la debilidad de los gobiernos locales. Sin incentivos para la continuidad, se desalienta la profesionalización de liderazgos territoriales, se fomenta la fragmentación y se gobierna con apuro, sin planificación. Así, cada cuatro años los ciudadanos deben empezar de nuevo.
La solución más sensata sería permitir una reelección inmediata con condiciones: límites (una sola vez), evaluación de resultados, mayor transparencia y fortalecimiento de los órganos de control. Además, se requiere una reforma del sistema de partidos que apueste por liderazgos programáticos y evite el transfuguismo.
Finalmente, se necesita coherencia. No es legítimo permitir que los congresistas se reelijan mientras se niega esa posibilidad a quienes ejecutan las políticas públicas. Si el objetivo es mejorar la gobernabilidad y la calidad democrática, no se puede seguir legislando según intereses propios.