Global Value Consulting Perú

Global Value Consulting Perú Se brinda asesoría Contable, Tributaria, Laboral, Financiera y Estratégica. Dale un Valor Global a tu negocio.

03/03/2026

𝐄𝐥 𝐓𝐫𝐢𝐛𝐮𝐧𝐚𝐥 𝐅𝐢𝐬𝐜𝐚𝐥 𝐫𝐞𝐝𝐞𝐟𝐢𝐧𝐞 𝐥𝐨𝐬 𝐥𝐢́𝐦𝐢𝐭𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐞𝐬𝐭𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐲 𝐞𝐥 𝟒.𝟏% 𝐥𝐞𝐜𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐜𝐥𝐚𝐯𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐜𝐚𝐬𝐨 𝐌𝐢𝐥𝐩𝐨.

La reciente Resolución del 𝐓𝐫𝐢𝐛𝐮𝐧𝐚𝐥 𝐅𝐢𝐬𝐜𝐚𝐥 𝐍° 𝟎𝟖𝟎𝟔𝟖-𝟏𝟏-𝟐𝟎𝟐𝟓 aborda un caso emblemático sobre 𝐥𝐨𝐬 𝐥𝐢́𝐦𝐢𝐭𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐞𝐬𝐭𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐬𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫 𝐦𝐢𝐧𝐞𝐫𝐨. Una empresa aplicó la tasa del 20% a la totalidad de sus resultados, incluyendo ampliaciones no contempladas en su estudio de factibilidad original. El Tribunal fue claro: el beneficio no cubre a la empresa en su conjunto sino únicamente al proyecto de inversión específico que dio origen al contrato, por lo que si el contribuyente no discrimina contablemente qué resultados corresponden a la inversión estabilizada y cuáles a las nuevas, la Administración puede aplicar el régimen general. Pero lo más relevante del fallo es el mensaje a SUNAT sobre el debido procedimiento: se declaró nulo un reparo millonario por depreciación de activos porque la Administración enumeró documentos sin valorarlos ni explicar por qué no acreditaban el costo. La resolución también precisa que plantas de chancado y subestaciones eléctricas se deprecian al 10% como maquinaria, no al 5% como edificios. Un punto particularmente relevante es la aplicación de la tasa adicional del 4.1% sobre los reparos. El Tribunal establece que esta tasa, que grava los denominados 𝐝𝐢𝐯𝐢𝐝𝐞𝐧𝐝𝐨𝐬 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐮𝐧𝐭𝐨𝐬, solo procede cuando el destino del gasto es ❞𝐢𝐧𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥𝐚𝐛𝐥𝐞❞, es decir, cuando la operación es una caja negra y no es posible determinar su verdadero beneficiario, como ocurre con los gastos no fehacientes. En cambio, no corresponde aplicarla a conceptos como la depreciación de activos fijos, que es un desgaste contable y no un desembolso cuyo destino pueda haber beneficiado a los accionistas, ni a aquellos gastos cuyo destino sí es identificable aunque no sean deducibles. En suma, la RTF confirma que los beneficios tributarios deben acreditarse con sustento real y que la fiscalización no puede ser una caja negra: las pruebas presentadas deben ser valoradas con motivación expresa, pues de lo contrario el acto administrativo deviene en nulo. Una lección tanto para contribuyentes como para la Administración.

03/03/2026

𝐄𝐥 𝐓𝐫𝐢𝐛𝐮𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐲 𝐥𝐨𝐬 𝐥𝐢́𝐦𝐢𝐭𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐧𝐨𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐒𝐎𝐋: 𝐮𝐧 𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐲 𝐮𝐧 𝐝𝐞𝐬𝐩𝐮𝐞́𝐬 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐝𝐞𝐫𝐞𝐜𝐡𝐨 𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨

La reciente sentencia del Tribunal Constitucional (𝐒𝐓𝐂 𝟎𝟒𝟑𝟕𝟖-𝟐𝟎𝟐𝟐-𝐏𝐀/𝐓𝐂) marca un hito en el derecho tributario peruano al delimitar con claridad los alcances del sistema de notificaciones electrónicas SOL. El Tribunal no desconoce la validez de este mecanismo, pero establece un límite fundamental: 𝐥𝐚 𝐧𝐨𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐞𝐥𝐞𝐜𝐭𝐫𝐨́𝐧𝐢𝐜𝐚 𝐧𝐨 𝐞𝐬 𝐮𝐧 𝐟𝐢𝐧 𝐞𝐧 𝐬𝐢́ 𝐦𝐢𝐬𝐦𝐚, 𝐬𝐢𝐧𝐨 𝐮𝐧 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐠𝐚𝐫𝐚𝐧𝐭𝐢𝐳𝐚𝐫 𝐞𝐥 𝐝𝐞𝐫𝐞𝐜𝐡𝐨 𝐝𝐞 𝐝𝐞𝐟𝐞𝐧𝐬𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐲𝐞𝐧𝐭𝐞. En el caso concreto, la empresa Neo Motors SAC había cesado operaciones y sus correos electrónicos registrados ante Sunat estaban inhabilitados, lo que impedía la recepción de las alertas de notificación. A pesar de ello, la Administración Tributaria continuó notificando exclusivamente a esas direcciones electrónicas, cuyos mensajes eran sistemáticamente rechazados por el servidor.

El Tribunal, en sus fundamentos 12 y 13, 𝐫𝐞𝐢𝐭𝐞𝐫𝐚 𝐪𝐮𝐞 𝐥𝐚 𝐒𝐮𝐧𝐚𝐭 𝐭𝐢𝐞𝐧𝐞 𝐞𝐥 𝐝𝐞𝐛𝐞𝐫 𝐝𝐞 𝐭𝐞𝐧𝐞𝐫 ❞𝐜𝐞𝐫𝐭𝐞𝐳𝐚 𝐚𝐛𝐬𝐨𝐥𝐮𝐭𝐚❞ 𝐝𝐞 𝐪𝐮𝐞 𝐞𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐲𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐡𝐚 𝐭𝐨𝐦𝐚𝐝𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐨𝐜𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐨𝐬 𝐚𝐜𝐭𝐨𝐬 𝐚𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬, 𝐞𝐬𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐞𝐧 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐝𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐟𝐢𝐬𝐜𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐲 𝐞𝐣𝐞𝐜𝐮𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐜𝐨𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐚. No basta con la constancia de envío al buzón SOL; si el medio electrónico falla y la Administración conoce o debió conocer esa circunstancia, como en este caso, donde el cese de actividades era verificable mediante planillas electrónicas y baja de trabajadores, está obligada a recurrir a mecanismos complementarios, siendo el principal la notificación en el domicilio fiscal (fundamento 19). El Tribunal Constitucional enfatiza que la externalización del servicio de correo no exime a Sunat de verificar la eficacia de sus comunicaciones; si el sistema devuelve un error, no puede archivar el caso y considerar notificado al contribuyente.

La importancia trascendental de este fallo radica en que impone a la Administración un estándar de diligencia reforzada y vacuna al contribuyente contra el formalismo extremo. A partir de ahora, los tributaristas debemos exigir que, ante indicios de ineficacia del buzón electrónico, Sunat acredite haber agotado los medios para garantizar el conocimiento efectivo del acto administrativo. En caso contrario, las resoluciones de determinación, multa y los procedimientos coactivos sustentados en ellas serán nulos por vulneración del debido proceso y el derecho de defensa. Una sentencia que reivindica el fondo sobre la forma y que, sin duda, reconfigurará la estrategia de impugnaciones tributarias en el país.

21/02/2026

𝐇𝐚𝐜𝐢𝐚 𝐮𝐧𝐚 𝐆𝐞𝐬𝐭𝐢𝐨́𝐧 𝐏𝐫𝐞𝐯𝐞𝐧𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐠𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐓𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐚𝐫𝐢𝐚

​El reciente pronunciamiento de la Administración Tributaria mediante el Informe N.° 000010-2026-SUNAT marca un hito en la fiscalización de la sustancia económica. Ya no basta con que la operación sea real; la celeridad en la respuesta del contribuyente ante la calificación de sus proveedores como Sujetos Sin Capacidad Operativa (SSCO) es ahora el factor determinante para salvar el Crédito Fiscal y el Gasto.
​
¿𝐐𝐮𝐞́ 𝐧𝐨𝐬 𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐞𝐥 𝐧𝐮𝐞𝐯𝐨 𝐜𝐫𝐢𝐭𝐞𝐫𝐢𝐨❓
La SUNAT es clara: si un proveedor es publicado en la lista de SSCO y el contribuyente no solicita la revisión voluntaria dentro de los 30 días hábiles, el desconocimiento de los efectos tributarios (IGV e Impuesto a la Renta) de esas facturas será automático e irreversible en fiscalizaciones posteriores.
​Este escenario nos obliga a pasar de una contabilidad reactiva a una Estrategia de Defensa Preventiva.

​𝐏𝐫𝐨𝐩𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝐌𝐢𝐭𝐢𝐠𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧: 𝐏𝐨𝐥𝐢́𝐭𝐢𝐜𝐚𝐬 𝐲 𝐏𝐫𝐨𝐜𝐞𝐝𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨𝐬 𝐀𝐧𝐭𝐢-𝐒𝐒𝐂𝐎
​Para atenuar contingencias, las organizaciones deben implementar un marco de control interno robusto que incluya:

​1. Política de Homologación con Enfoque Operativo:
El área de Compras no debe limitarse a validar el RUC "Activo y Habido". Es necesario exigir al proveedor: ​Reporte de trabajadores en planilla (PLAME). ​Evidencia de activos fijos vinculados al servicio (ej. flota de transporte, maquinaria). ​Contrato de arrendamiento o título de propiedad de sus centros de operación de ser necesario.

​2. Implementación del "Dossier de Fehaciencia" por Operación:
La defensa ante una fiscalización parcial por SSCO depende de la prueba. Cada operación crítica debe contar con un expediente digital que reúna:
​Trazabilidad de la comunicación (correos de coordinación). ​Entregables tangibles (fotos con geolocalización, informes técnicos, actas de conformidad). ​Bancarización impecable vinculada al contrato.

​3. Procedimiento de Vigilancia y Respuesta Rápida:
Establecer un control mensual de "Cruce de Listados": ​Comparar el Registro de Compras contra las publicaciones de SSCO de SUNAT. ​Protocolo de Emergencia: Si hay coincidencia, activar de inmediato la solicitud de fiscalización parcial dentro de la ventana legal de los 30 días para evitar la pérdida del derecho al crédito/gasto.

En ese sentido, la capacidad operativa de un tercero hoy es un riesgo propio. La gestión tributaria moderna exige que las áreas de Contabilidad, Legal y Compras trabajen de forma integrada para evitar que la insolvencia o informalidad de un proveedor impacte directamente en la caja de nuestra empresa.

12/02/2026

Es frecuente que las empresas peruanas limiten el ámbito del Impuesto a la Renta de no domiciliados a los intereses generados por préstamos directos, esto es, aquellos en los que existe un desembolso de fondos desde el exterior hacia el deudor local. Sin embargo, el inciso c) del artículo 9 de la Ley del Impuesto a la Renta comprende también las rentas producidas por créditos indirectos, categoría que incluye toda operación en la que una entidad no domiciliada asume un compromiso de pago contingente a favor de un pagador domiciliado en el Perú, como ocurre con las cartas fianza, avales, garantías financieras, líneas de crédito no desembolsadas y cualquier otro respaldo que genere una retribución periódica o única.

El Tribunal Fiscal, mediante la Resolución N° 05426-11-2025, ha confirmado que las comisiones pagadas por una empresa peruana a un garante no domiciliado constituyen renta de fuente peruana, no porque exista una colocación efectiva de capital en el país, sino porque el pagador se encuentra domiciliado en el Perú y la operación califica como crédito indirecto. Dicho criterio resulta vinculante y de obligatoria observancia para los contribuyentes, pues la Administración Tributaria viene aplicándolo de manera consistente en sus procedimientos de fiscalización.

Los artículos 56 y 76 de la Ley del Impuesto a la Renta establecen la obligación del pagador domiciliado de retener el tributo que corresponda a las rentas comprendidas en el inciso c) del artículo 9, sin distinguir entre créditos directos e indirectos. Por tanto, cualquier desembolso al exterior que tenga como causa un compromiso de pago futuro asumido por un no domiciliado debe ser objeto de retención, con independencia de que dicho compromiso no se haya ejecutado o de que el capital no haya sido puesto a disposición del usuario.

La omisión de esta obligación genera la determinación del tributo dejado de retener, la aplicación de intereses moratorios y la imposición de la multa tipificada en el numeral 13 del artículo 177 del Código Tributario, sanciones que han sido validadas en sede jurisdiccional. En consecuencia, resulta indispensable que las empresas implementen controles internos que permitan identificar, previo al pago, la naturaleza financiera de los servicios contratados en el extranjero, solicitando a las áreas técnicas y legales la calificación expresa de cada operación como crédito directo, indirecto u otro tipo de servicio no comprendido en la regla de fuente. Solo así se evitarán contingencias fiscales derivadas de una interpretación restrictiva que ya ha sido desestimada por el Tribunal Fiscal.

09/02/2026

La reciente sentencia de la Corte Suprema (CASACIÓN Nº 18462-2025 LIMA Publicada el 06.02.2026) en el caso Cementos Pacasmayo expone una práctica inquietante de la administración tributaria: la interpretación extensiva que termina por crear requisitos no previstos en la ley. La empresa presentó un contrato de cobertura financiera respaldado por una carta del banco contraparte, donde este confirmaba explícitamente haber utilizado el London Metal Exchange como referencia para fijar el precio. A pesar de ello, SUNAT negó la deducción de la pérdida, argumentando que no se acreditaba suficientemente esa referencia.

El problema no fue la falta de prueba, sino su reinterpretación. La ley exige que el valor se fije tomando como referencia un mercado reconocido. SUNAT, y luego una sala superior, transformaron esto en la exigencia de presentar documentación exhaustiva: la solicitud interna que originó la carta, gráficos detallados de cálculo, metodologías completas. Es decir, convirtieron un estándar de referencia en un requisito de reconstrucción integral del proceso de pricing, algo que ninguna norma tributaria establece.

Esto representa una vulneración profunda de principios constitucionales y tributarios. Primero, viola el principio de reserva de ley, pues la administración está creando cargas sustanciales no previstas por el legislador. Segundo, desatiende el principio de primacía de la realidad, enfocándose en un formalismo documental mientras ignora la esencia económica de la operación: una cobertura legítima de un riesgo comercial real. Tercero, invierte la carga probatoria hacia lo imposible, exigiendo al contribuyente que demuestre con lujo de detalle un proceso técnico que, en los mercados financieros, reside en la contraparte bancaria.

La Corte Suprema actuó como correctivo, anulando la sentencia por motivación insuficiente y incongruente. Su fallo recuerda que la seguridad jurídica exige que las reglas sean claras y estables, no sujetas a ampliaciones impredecibles por la administración. Un sistema tributario que persigue el formalismo por encima de la sustancia económica, que exige pruebas casi imposibles para operaciones financieras estándar, no solo desalienta la gestión prudente de riesgos, sino que erosiona su propia legitimidad. La tributación debe ser técnica, sí, pero también razonable y previsible. Casos como este son recordatorios urgentes de ese equilibrio.

07/02/2026

Análisis Técnico: El Formalismo en la Depreciación Tributaria y su Rechazo por la Jurisprudencia

La postura de la SUNAT de desconocer la totalidad de la depreciación de un ejercicio por la presentación extemporánea del Libro Diario y Registro de Activo Fijo representa un formalismo extremo que desvirtúa la esencia del sistema tributario. Esta práctica, no se sostiene jurídicamente al contrastarse con los principios que rigen la materia y la jurisprudencia consolidada, culminando en el precedente de la Corte Suprema.

El argumento de la Administración se basa en una ficción legal: si los libros se presentan fuera del plazo, la depreciación "nunca estuvo contabilizada" para ese ejercicio. Este salto lógico ignora por completo la realidad económica. La SUNAT no cuestiona la existencia de los activos, su desgaste real, el cálculo correcto de las tasas ni el soporte documental del costo. Su único fundamento es un incumplimiento formal de un plazo administrativo. Sin embargo, la finalidad de la contabilización y presentación de libros es facilitar la fiscalización (art. 87 del Código Tributario), no ser una condición de existencia del gasto. La consecuencia que aplica es negar un derecho sustancial y es desproporcionada, pues el retraso ya tiene una sanción específica tipificada en el Código Tributario.

Afortunadamente, este criterio formalista ha sido rechazado de manera constante y sólida. La jurisprudencia del Tribunal Fiscal ha establecido una línea clara. RTF 790-5-2025 y la RTF 1580-5-2009 son categóricas al distinguir entre el derecho sustancial (tener un gasto o crédito real y documentado) y el deber formal (registrarlo o presentarlo en un plazo). El incumplimiento de este último solo puede conllevar la sanción expresamente prevista para esa falta, nunca la pérdida automática del derecho de fondo.

Este principio jurisprudencial ha sido elevado a rango de precedente constitucional por la Corte Suprema en la Sentencia de Casación Nº 2567-2025. En un caso estructuralmente idéntico, la Corte desestimó que la SUNAT exigiera un requisito temporal no escrito en la ley, la simultaneidad en una donación para reconocer un derecho. El fallo afirmó que tal exigencia vulnera el principio de legalidad tributaria, constituye una interpretación extensiva inadmisible y aplica una consecuencia desproporcionada. Es la misma lógica: privilegiar un formalismo sobre la verdad material y el derecho sustancial.

En conclusión, la práctica administrativa de negar la depreciación por un retraso formal es jurídicamente insostenible. Sustituye la búsqueda de la realidad económica por la verificación ciega de plazos, ignorando que el control tributario debe ser razonable y proporcional. La jurisprudencia, ahora consolidada por la Corte Suprema, exige que la fiscalización se centre en la esencia de las operaciones. La SUNAT debe internalizar este criterio y abandonar un formalismo que genera inseguridad jurídica y desnaturaliza el propósito fundamental del impuesto: gravar renta real, no sancionar incumplimientos de trámite.

06/02/2026

La exigencia por parte de la SUNAT de presentar el certificado de residencia dentro de plazos administrativos específicos, bajo la amenaza de denegar los beneficios de un convenio para evitar la doble imposición, es una práctica que ha sido cuestionada y rebatida por la jurisprudencia nacional, específicamente por la Corte Suprema de Justicia de la República. Un análisis detallado que vincula dos importantes sentencias casatorias —la referida a la tarifa por uso de agua subterránea (N° 16618-2023) y la concerniente a los certificados domiciliarios en el convenio con Brasil (N° 8380-2021)— revela una contradicción fundamental entre la actuación administrativa y los principios constitucionales y de jerarquía normativa que deben regir el Estado de Derecho.

En primer lugar, la Sentencia de Casación N° 8380-2021 establece un precedente vinculante claro: los convenios internacionales para evitar la doble imposición (CDI) tienen rango de ley y sus estipulaciones constituyen el marco obligatorio para ambos Estados contratantes. El citado fallo determina que el Decreto Supremo N° 090-2008-EF, al exigir que el certificado de residencia se encuentre en poder del agente de retención al momento de la contabilización del gasto, está imponiendo una formalidad adicional no prevista en el texto del convenio con Brasil. Esto vulnera el principio de jerarquía normativa, pues una norma reglamentaria (el decreto supremo) no puede crear requisitos sustantivos que limiten o condicionen el acceso a beneficios pactados en una norma de rango legal (el tratado internacional). La ratio decidendi de la sentencia es inequívoca: lo esencial es acreditar la condición de residente en el momento en que se genera la renta, y no el cumplimiento de un plazo administrativo interno.

Esta conclusión se refuerza y conecta sistémicamente con lo dispuesto en la Sentencia de Casación N° 16618-2023. En este fallo, la Corte Suprema no solo anuló una resolución judicial por defectos en la motivación, sino que fundamentalmente reafirmó el principio de que, ante una derogación tácita de normas inferiores por una ley posterior (la Ley de Recursos Hídricos derogó el régimen anterior del agua), la administración y los tribunales deben aplicar la nueva ley y no persistir en la aplicación de doctrinas basadas en el ordenamiento derogado. Este principio de primacía de la norma superior y de actualización del marco legal aplicable es directamente extrapolable al caso de los CDI. Así como no se puede seguir aplicando el Decreto Legislativo 148 después de la Ley 29338, la SUNAT no puede seguir aplicando estrictamente el requisito temporal del Decreto Supremo 090-2008-EF cuando este entra en colisión frontal con la finalidad y los términos del convenio internacional, que es la norma superior en la materia.

La crítica a la SUNAT en este punto es severa e ineludible. A pesar de contar con un precedente vinculante y de obligatorio cumplimiento expedido por el máximo órgano jurisdiccional del país, la administración tributaria no ha emitido una comunicación, directiva o resolución de alcance general que rectifique su criterio y alinee su actuación con lo dispuesto por la Corte Suprema. Esta inacción genera inseguridad jurídica, somete a los contribuyentes a un riesgo innecesario de litigio y contraviene el principio de legalidad que la propia SUNAT está llamada a custodiar. Al no retractarse de una exigencia declarada inválida por la judicatura, la SUNAT actúa como si el precedente no existiera, debilitando la autoridad de las sentencias de casación y el Estado Constitucional de Derecho. Esta postura crea una situación de inequidad, donde los contribuyentes que tienen la capacidad y recursos para litigar hasta la casación pueden ver reconocidos sus derechos, mientras que aquellos que acatan las disposiciones administrativas sin cuestionamiento sufren una denegatoria de beneficios que, a la luz del derecho vigente, les correspondería.

En conclusión, la exigencia administrativa del certificado de residencia dentro de plazos perentorios no pactados en los convenios internacionales carece de sustento jurídico válido tras los pronunciamientos de la Corte Suprema. La conexión entre ambas sentencias reside en la afirmación robusta de los principios de jerarquía normativa, seguridad jurídica y primacía de la ley (y los tratados) sobre la reglamentación. Es imperativo que la SUNAT, en su calidad de órgano técnico y garante de la correcta aplicación de la normativa tributaria, revise y modifique sus criterios administrativos para someterse a lo dispuesto por la jurisprudencia vinculante. La persistencia en el error no es solo una falta administrativa; es un desconocimiento de la fuerza normativa de las sentencias de casación y un menoscabo a la predictibilidad y confianza legítima que deben caracterizar la relación entre el fisco y los contribuyentes.

29/01/2026

𝐀𝐧𝐚́𝐥𝐢𝐬𝐢𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐒𝐞𝐧𝐭𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐂𝐚𝐬𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐍.º 𝟐𝟔𝟖𝟐𝟑-𝟐𝟎𝟐𝟒 (𝐏𝐮𝐛𝐥𝐢𝐜𝐚𝐝𝐚: 𝟎𝟑/𝟏𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟓)

𝐒𝐢́𝐧𝐭𝐞𝐬𝐢𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐂𝐚𝐬𝐨: La Corte Suprema acogió el recurso del contribuyente, anulando la resolución del Tribunal Fiscal que había convalidado un acto de la SUNAT. Dicho acto consistió en la emisión de una Resolución de Determinación que formuló reparos cuantificados sobre la base imponible del Impuesto a la Renta del ejercicio 2002, período que la propia Administración había reconocido como prescrito. La SUNAT justificó su actuación como una mera "verificación" necesaria para evaluar la procedencia de una pérdida tributaria generada en 2002 y arrastrada al ejercicio 2003, que era objeto de una solicitud de devolución.

𝐅𝐮𝐧𝐝𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨𝐬 𝐉𝐮𝐫𝐢́𝐝𝐢𝐜𝐨𝐬: La Corte realizó una interpretación sustantiva del artículo 43 del Código Tributario. Determinó que la prescripción no es solo un plazo extintivo del cobro, sino que extingue de pleno derecho la potestad de determinación sobre el período vencido. En este marco, calificó la naturaleza del acto emitido.

La Sala estableció una distinción crucial: una Resolución de Determinación es, por su esencia, un acto sustantivo de liquidación y declaración de derechos. Al formular reparos específicos que ajustan y reducen el monto de la pérdida declarada originalmente, la SUNAT ejerció materialmente su facultad de determinar elementos de la obligación tributaria. Por tanto, no se trató de una simple verificación o constatación de datos, sino de un ejercicio de ius imperium sobre un período cuya potestad determinativa estaba jurídicamente extinguida.

El fallo rechazó contundentemente el argumento de la "proyección de efectos". Sostuvo que admitir que la Administración pueda reabrir y recalcular períodos prescritos porque sus resultados afectan ejercicios posteriores viciaría la institución de la prescripción, desnaturalizando su función de garantía de seguridad jurídica y certeza para el contribuyente. Tal interpretación constituiría una extensión ilegítima de las facultades tributarias, contraria a la Norma VIII del Código Tributario y a los principios de legalidad y seguridad jurídica.

𝐈𝐦𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐧𝐜𝐢𝐚𝐬: La sentencia marca un precedente fundamental. Delimita con rigor el alcance de la prescripción como garantía sustantiva. Para la SUNAT, implica que, al fiscalizar un ejercicio abierto, solo podrá utilizar información de períodos prescritos como antecedente o dato, pero le está prohibido emitir sobre ellos actos administrativos que alteren sus resultados consolidados. Para los contribuyentes, refuerza la certeza de que un período prescrito queda jurídicamente cerrado a nuevos pronunciamientos sustantivos de la Administración. La decisión prioriza la seguridad jurídica por sobre argumentos de flexibilidad inspectiva, fortaleciendo los límites al poder tributario.

12/01/2026

🔍¿𝐕𝐮𝐥𝐧𝐞𝐫𝐚 𝐒𝐔𝐍𝐀𝐓 𝐞𝐥 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐞𝐜𝐨𝐧𝐨́𝐦𝐢𝐜𝐚 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐭𝐫𝐚𝐭𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐭𝐚𝐧𝐠𝐢𝐛𝐥𝐞𝐬 𝐚𝐮𝐭𝐨𝐠𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐝𝐨𝐬❓

La reciente publicación del Informe N.° 000104-2025-SUNAT/7T0000 no solo confirma una postura administrativa restrictiva, sino que reactiva un debate de fondo sobre la coherencia del sistema tributario peruano con los principios de neutralidad, realidad económica y eficiencia recaudatoria.

📜 1. 𝙇𝙖 𝙘𝙤𝙣𝙨𝙩𝙧𝙪𝙘𝙘𝙞𝙤́𝙣 𝙣𝙤𝙧𝙢𝙖𝙩𝙞𝙫𝙖 𝙘𝙪𝙚𝙨𝙩𝙞𝙤𝙣𝙖𝙙𝙖
El literal g) del artículo 44 de la LIR permite deducir el ❞𝒑𝒓𝒆𝒄𝒊𝒐 𝒑𝒂𝒈𝒂𝒅𝒐 𝒆𝒏 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝒊𝒏𝒕𝒂𝒏𝒈𝒊𝒃𝒍𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒅𝒖𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐́𝒏 𝒍𝒊𝒎𝒊𝒕𝒂𝒅𝒂❞ en un solo ejercicio o amortizarlo hasta en 10 años.
Sin embargo, SUNAT interpreta que ❞𝙥𝙧𝙚𝙘𝙞𝙤 𝙥𝙖𝙜𝙖𝙙𝙤❞ se refiere únicamente al desembolso realizado en una adquisición onerosa a terceros, excluyendo los costos de producción interna.
Esta lectura se apoya en el Reglamento (art. 25, inc. a), pero ¿no trasciende éste el marco legal? El texto de la ley no distingue entre ❞𝙖𝙙𝙦𝙪𝙞𝙧𝙞𝙙𝙤❞ y ❞𝙥𝙧𝙤𝙙𝙪𝙘𝙞𝙙𝙤❞.

⚖️ 2. 𝙀𝙡 𝙥𝙧𝙞𝙣𝙘𝙞𝙥𝙞𝙤 𝙙𝙚 𝙧𝙚𝙖𝙡𝙞𝙙𝙖𝙙 𝙚𝙘𝙤𝙣𝙤́𝙢𝙞𝙘𝙖 𝙫𝙨. 𝙛𝙤𝙧𝙢𝙖𝙡𝙞𝙨𝙢𝙤 𝙩𝙧𝙞𝙗𝙪𝙩𝙖𝙧𝙞𝙤
El Tribunal Constitucional peruano ha reiterado que la tributación debe basarse en la realidad económica de las operaciones, no en formulismos legales. Al negar la deducción de costos internos, SUNAT:

· Ignora que el sacrificio económico existe, sea por compra o por producción.
· Desconoce que el ❞𝙥𝙧𝙚𝙘𝙞𝙤❞ desde la teoría económica incluye todos los recursos empleados para obtener un bien.
· Rompe con la neutralidad tributaria, pues privilegia artificialmente la adquisición externa sobre el desarrollo interno.

🏛️ 3. 𝙇𝙖 𝙩𝙚𝙣𝙨𝙞𝙤́𝙣 𝙚𝙣𝙩𝙧𝙚 𝙡𝙚𝙮 𝙮 𝙧𝙚𝙜𝙡𝙖𝙢𝙚𝙣𝙩𝙤: ¿𝙧𝙚𝙨𝙩𝙧𝙞𝙘𝙘𝙞𝙤́𝙣 𝙞𝙣𝙙𝙚𝙗𝙞𝙙𝙖❓
El Reglamento del Impuesto a la Renta desarrolla la ley, pero no puede restringir derechos tributarios no limitados por ésta.
Al condicionar el beneficio solo a la ❞𝙘𝙚𝙨𝙞𝙤́𝙣 𝙙𝙚𝙛𝙞𝙣𝙞𝙩𝙞𝙫𝙖❞, el reglamento estaría añadiendo un requisito no previsto por el legislador, lo que podría configurar una vulneración del principio de reserva de ley relativa (art. 74 de la Constitución).
Esto no es un tema meramente académico: afecta directamente la seguridad jurídica de las empresas que invierten en I+D.

📊 4. 𝘾𝙤𝙣𝙨𝙚𝙘𝙪𝙚𝙣𝙘𝙞𝙖𝙨 𝙚𝙘𝙤𝙣𝙤́𝙢𝙞𝙘𝙖𝙨 𝙮 𝙘𝙤𝙢𝙥𝙚𝙩𝙞𝙩𝙞𝙫𝙖𝙨

· Desincentivo a la innovación interna: las empresas pensarán dos veces antes de desarrollar software, procedimientos o modelos propios, si no pueden deducir los costos en el período en que generan valor.
· Asimetría competitiva: una empresa que compra un intangible deduce su precio; una que lo produce internamente, no. Esto distorsiona el mercado y favorece a quienes importan tecnología frente a quienes la crean localmente.
· Efecto recaudatorio contraproducente: a largo plazo, se podría reducir la base de intangibles nacionales, afectando la productividad y, por ende, la recaudación futura.

🛠️ 5. 𝘼𝙡𝙩𝙚𝙧𝙣𝙖𝙩𝙞𝙫𝙖𝙨 𝙙𝙚 𝙞𝙣𝙩𝙚𝙧𝙥𝙧𝙚𝙩𝙖𝙘𝙞𝙤́𝙣 𝙘𝙤𝙣 𝙨𝙪𝙨𝙩𝙚𝙣𝙩𝙤 𝙨𝙞𝙨𝙩𝙚́𝙢𝙞𝙘𝙤
Una lectura conforme a la realidad económica y al sistema tributario permitiría:

· Entender ❞𝙥𝙧𝙚𝙘𝙞𝙤 𝙥𝙖𝙜𝙖𝙙𝙤❞ como todo sacrificio económico necesario para la obtención del activo, documentado contractual y contablemente.
· Aplicar el mismo plazo máximo de amortización (10 años) a los costos de producción, en línea con el principio de igualdad tributaria.
· Reconocer que el artículo 20 de la LIR ya equipara ❞𝙘𝙤𝙨𝙩𝙤 𝙙𝙚 𝙖𝙙𝙦𝙪𝙞𝙨𝙞𝙘𝙞𝙤́𝙣❞ con ❞𝙘𝙤𝙨𝙩𝙤 𝙙𝙚 𝙥𝙧𝙤𝙙𝙪𝙘𝙘𝙞𝙤́𝙣❞ para determinar el costo computable en enajenaciones, por lo que no hay razón para excluirlo en la etapa de deducción.

⚠️ 6. 𝙍𝙞𝙚𝙨𝙜𝙤 𝙙𝙚 𝙡𝙞𝙩𝙞𝙜𝙞𝙤 𝙮 𝙧𝙚𝙩𝙧𝙤𝙖𝙘𝙩𝙞𝙫𝙞𝙙𝙖𝙙 𝙞𝙣𝙩𝙚𝙧𝙥𝙧𝙚𝙩𝙖𝙩𝙞𝙫𝙖
Este informe podría aplicarse retroactivamente en fiscalizaciones, revisando ejercicios ya declarados.
Las empresas que hayan deducido costos de intangibles autogenerados podrían enfrentar ajustes, multas e intereses, generando inseguridad jurídica y cargas administrativas adicionales.

✅ 𝙍𝙚𝙛𝙡𝙚𝙭𝙞𝙤́𝙣 𝙛𝙞𝙣𝙖𝙡
Más allá del caso concreto, este pronunciamiento revela una tendencia hacia el formalismo tributario, donde la forma prevalece sobre la esencia económica.
Como profesionales del derecho tributario, contadores y empresarios, debemos preguntarnos:

· ¿𝑬𝒔𝒕𝒂𝒎𝒐𝒔 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒕𝒓𝒖𝒚𝒆𝒏𝒅𝒐 𝒖𝒏 𝒔𝒊𝒔𝒕𝒆𝒎𝒂 𝒕𝒓𝒊𝒃𝒖𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 𝒒𝒖𝒆 𝒇𝒐𝒎𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒍𝒂 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊𝒐́𝒏 𝒚 𝒍𝒂 𝒊𝒏𝒏𝒐𝒗𝒂𝒄𝒊𝒐́𝒏❓

· ¿𝑶 𝒆𝒔𝒕𝒂𝒎𝒐𝒔 𝒊𝒎𝒑𝒐𝒏𝒊𝒆𝒏𝒅𝒐 𝒃𝒂𝒓𝒓𝒆𝒓𝒂𝒔 𝒊𝒏𝒗𝒊𝒔𝒊𝒃𝒍𝒆𝒔 𝒂𝒍 𝒅𝒆𝒔𝒂𝒓𝒓𝒐𝒍𝒍𝒐 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒂𝒊́𝒔❓

10/06/2025

📢 ¡𝐀𝐓𝐄𝐍𝐂𝐈𝐎́𝐍, 𝐄𝐌𝐏𝐑𝐄𝐍𝐃𝐄𝐃𝐎𝐑𝐄𝐒 𝐘 𝐂𝐎𝐍𝐓𝐑𝐈𝐁𝐔𝐘𝐄𝐍𝐓𝐄𝐒❗ 📢

El 𝐓𝐫𝐢𝐛𝐮𝐧𝐚𝐥 𝐅𝐢𝐬𝐜𝐚𝐥 𝐍° 𝟎𝟎𝟕𝟎𝟖-𝟏𝟏-𝟐𝟎𝟐𝟓 acaba de emitir un fallo clave que 𝐛𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚 𝐚 𝐥𝐨𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐲𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬 en materia de gastos deducibles y valor de mercado. Aquí los detalles que debes conocer:

🔹 𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐞𝐬 𝐲 𝐩𝐫𝐨𝐫𝐫𝐚𝐭𝐚: El Tribunal 𝐫𝐞𝐯𝐨𝐜𝐨́ el reparo por "Gasto inherente a la renta gravada e inafecta", señalando que la SUNAT no sustentó adecuadamente la aplicación del prorrateo. Los gastos administrativos y de ventas no pueden ser tratados como "comunes" sin una justificación clara. Si la SUNAT te exige prorratear gastos, exige que fundamenten su decisión con pruebas concretas.

🔹 𝐕𝐚𝐥𝐨𝐫 𝐝𝐞 𝐦𝐞𝐫𝐜𝐚𝐝𝐨: Se 𝐚𝐧𝐮𝐥𝐨́ el reparo por "Precio unitario superior al precio de mercado". La SUNAT no comparó los precios con operaciones reales de terceros. No basta con afirmar que un precio está "sobrevaluado"; la Administración debe demostrarlo. Si enfrentas un reparo por valor de mercado, exige que la SUNAT presente comparables objetivos.

🔹 𝐌𝐮𝐥𝐭𝐚𝐬: La resolución de multa vinculada a estos reparos fue 𝐫𝐞𝐯𝐨𝐜𝐚𝐝𝐚, pero se mantuvo el reparo por ❞𝐟𝐚𝐥𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝐟𝐞𝐡𝐚𝐜𝐢𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚❞. La SUNAT puede rechazar deducciones si no acreditas la realidad de las operaciones. Recomendamos guardar toda documentación (contratos, guías de remisión, comunicaciones) que pruebe tus transacciones.

📌 𝐂𝐨𝐧𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐜𝐥𝐚𝐯𝐞:
1️⃣ 𝐋𝐚 𝐒𝐔𝐍𝐀𝐓 𝐧𝐨 𝐩𝐮𝐞𝐝𝐞 𝐚𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐫 𝐜𝐫𝐢𝐭𝐞𝐫𝐢𝐨𝐬 𝐚𝐫𝐛𝐢𝐭𝐫𝐚𝐫𝐢𝐨𝐬: Debe sustentar sus reparos con pruebas y seguir procedimientos legales.
2️⃣ 𝐋𝐚 𝐜𝐚𝐫𝐠𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐮𝐞𝐛𝐚 𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐝𝐚: Si bien el contribuyente debe demostrar la fehaciencia de sus operaciones, la SUNAT también debe justificar sus ajustes.
3️⃣ 𝐋𝐨𝐬 𝐟𝐚𝐥𝐥𝐨𝐬 𝐣𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐧 𝐡𝐞𝐫𝐫𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬: Este caso sienta un precedente para impugnar reparos mal fundamentados.

💡 𝐑𝐞𝐜𝐨𝐦𝐞𝐧𝐝𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐲𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬:
✅ 𝐃𝐨𝐜𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚 𝐭𝐨𝐝𝐨: Desde cotizaciones hasta registros de entrega de bienes.
✅ 𝐄𝐱𝐢𝐠𝐞 𝐟𝐮𝐧𝐝𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨𝐬: Si la SUNAT rechaza tus deducciones, pide que explique su criterio por escrito.
✅ 𝐀𝐬𝐞𝐬𝐨́𝐫𝐚𝐭𝐞: Un especialista tributario puede ayudarte a defenderte ante reparos injustos.

🔗 ¿𝐐𝐮𝐢𝐞𝐫𝐞𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐮𝐧𝐝𝐢𝐳𝐚𝐫❓ Comenta o escríbeme para analizar cómo aplica a tu caso.

💬 ¿𝐇𝐚𝐬 𝐭𝐞𝐧𝐢𝐝𝐨 𝐩𝐫𝐨𝐛𝐥𝐞𝐦𝐚𝐬 𝐜𝐨𝐧 𝐥𝐚 𝐒𝐔𝐍𝐀𝐓❓ ¡Comenta tu experiencia y comparte este post para que más emprendedores conozcan sus derechos!

10/06/2025

📢 ¡𝐀𝐭𝐞𝐧𝐜𝐢𝐨́𝐧, 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐲𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐲 𝐞𝐦𝐩𝐫𝐞𝐬𝐚𝐫𝐢𝐨𝐬❗📢

El 𝐓𝐫𝐢𝐛𝐮𝐧𝐚𝐥 𝐅𝐢𝐬𝐜𝐚𝐥 𝐍° 𝟎𝟐𝟕𝟎𝟓-𝟓-𝟐𝟎𝟐𝟓 acaba de emitir un fallo clave que impacta directamente en el tratamiento tributario de los servicios accesorios en operaciones exoneradas del 𝐈𝐆𝐕. 🏛️💼

🔍 ¿𝐃𝐞 𝐪𝐮𝐞́ 𝐬𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐭𝐚❓
La SUNAT había negado el crédito fiscal por servicios de maquila (procesamiento de banano) al considerarlos 𝐚𝐜𝐜𝐞𝐬𝐨𝐫𝐢𝐨𝐬 a la venta de banano orgánico (exonerado del IGV). Sin embargo, el 𝐓𝐫𝐢𝐛𝐮𝐧𝐚𝐥 𝐅𝐢𝐬𝐜𝐚𝐥 𝐝𝐞𝐜𝐥𝐚𝐫𝐨́ 𝐍𝐔𝐋𝐀 𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐩𝐨𝐬𝐢𝐜𝐢𝐨́𝐧, señalando que:
✅ Los servicios de maquila 𝐧𝐨 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐛𝐚𝐧 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐯𝐚𝐥𝐨𝐫 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐢𝐠𝐧𝐚𝐝𝐨 𝐞𝐧 𝐥𝐚𝐬 𝐟𝐚𝐜𝐭𝐮𝐫𝐚𝐬 de venta del banano.
✅ No se cumplían los requisitos del 𝐚𝐫𝐭𝐢́𝐜𝐮𝐥𝐨 𝟓° 𝐝𝐞𝐥 𝐑𝐞𝐠𝐥𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐋𝐞𝐲 𝐝𝐞𝐥 𝐈𝐆𝐕 para aplicar la "teoría de la unicidad" (que lo accesorio sigue la suerte de lo principal).
✅ La SUNAT 𝐧𝐨 𝐚𝐜𝐫𝐞𝐝𝐢𝐭𝐨́ 𝐝𝐞𝐛𝐢𝐝𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 su observación, afectando derechos del contribuyente.

💡 ¿𝐏𝐨𝐫 𝐪𝐮𝐞́ 𝐞𝐬 𝐢𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐧𝐭𝐞❓
1️⃣ 𝐂𝐥𝐚𝐫𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐣𝐮𝐫𝐢́𝐝𝐢𝐜𝐚: Reafirma que los servicios independientes (aún en operaciones exoneradas) pueden estar gravados con IGV si cumplen condiciones formales (contratos y facturas separadas).
2️⃣ 𝐒𝐞𝐠𝐮𝐫𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐚𝐫𝐢𝐚: Limita la aplicación arbitraria de la "unicidad" por parte de la Administración Tributaria.
3️⃣ 𝐈𝐦𝐩𝐚𝐜𝐭𝐨 𝐞𝐧 𝐬𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫𝐞𝐬: Afecta a empresas agroexportadoras y otras que contraten servicios complementarios (ej. logística, maquila).

📌 𝐂𝐨𝐧𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢𝐨́𝐧:
Si tu empresa maneja operaciones mixtas (gravadas y exoneradas), 𝐚𝐬𝐞𝐠𝐮́𝐫𝐚𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝐝𝐨𝐜𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐞𝐜𝐭𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 los servicios accesorios para evitar reparos injustificados. ¡Este fallo sienta un precedente clave!

🔗 ¿𝐐𝐮𝐢𝐞𝐫𝐞𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐮𝐧𝐝𝐢𝐳𝐚𝐫❓ Comenta o escríbeme para analizar cómo aplica a tu caso.

Dirección

Lima

Horario de Apertura

Lunes 08:00 - 18:00
Martes 08:00 - 18:00
Miércoles 08:00 - 18:00
Jueves 08:00 - 18:00
Viernes 08:00 - 18:00
Sábado 08:00 - 13:00

Página web

Notificaciones

Sé el primero en enterarse y déjanos enviarle un correo electrónico cuando Global Value Consulting Perú publique noticias y promociones. Su dirección de correo electrónico no se utilizará para ningún otro fin, y puede darse de baja en cualquier momento.

Contacto La Empresa

Enviar un mensaje a Global Value Consulting Perú:

Atajos

Compartir

Categoría