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10/08/2026

NO JURO: En campaña los políticos ofrecen y los electores que les creen los votan. Se establece así un compromiso. El elector delega en el elegido la representación de sus intereses. Por eso, quien vota por un alcalde espera que ejerza el cargo para el que fue elegido.

Rafael López Aliaga ganó la alcaldía de Lima en 2022 y dijo que cumpliría los cuatro años. A los poco más de dos años y medio renunció para postular a la presidencia. También, no necesariamente tenía que hacerlo, postuló al Senado. Ganó un escaño. Sin embargo, decidió no asumirlo. Ahora quiere volver a ser alcalde, pero como la reelección está prohibida, postula como primer regidor en la lista de Renovación Popular. No parece buscar el cargo de regidor, sino mantener abierta la posibilidad de volver a la alcaldía si la lista gana. Luis Rubio, quien encabezaba la lista, renunció hace pocos días. Si pierde, es probable que no asuma como regidor.

El asunto, entonces, no es solamente la vía utilizada para regresar. Es qué ocurre con el voto y con el compromiso que contiene cuando fue elegido alcalde. Si después el elegido pide el voto para presidente, está solicitando otra delegación. Y si además pide el voto para senador y obtiene el escaño, el compromiso es asumir esa representación. No puede considerar los votos recibidos como propios y decidir cuál cargo ejercer.

Por eso tampoco es suficiente responder que no es el único o que no está prohibido. Que otros alcaldes hagan algo parecido no convierte la práctica en correcta. Y que una conducta no esté expresamente prohibida no significa que cumpla con el compromiso asumido ante los electores.

Más preocupante es la reacción de algunos dirigentes y seguidores. Se dice que Lima merece un alcalde con sus pergaminos, que terminará las obras, que sus críticos le tienen miedo, que no es el único y hasta que el fin justifica los medios. En lugar de exigirle que responda, se terminan justificando sus decisiones porque se confía en él.

Así, el elector deja de ser quien delega y el político pasa a comportarse como si el voto le permitiera decidir por encima del mandato recibido. Y el partido, en lugar de discutir y poner límites a las decisiones de su dirigente, termina acomodándose a ellas y avalándolas. Hoy es la alcaldía, ayer fueron la presidencia y el Senado. Mañana puede ser otro cargo.

Una cosa es cambiar de opinión. Otra es pedir un voto para un cargo y luego decidir que no se quiere ejercerlo. Y otra es pedir nuevamente el voto para regresar al cargo que se abandonó. El problema no es lo que permite la ley actual. Es el respeto por quien votó y delegó su representación. La representación supone responsabilidad que no termina cuando el elegido cambia de planes.

El voto expresa una decisión del elector y un mandato para quien lo recibe. No puede convertirse en una autorización para que el elegido cambie, una y otra vez, el compromiso que asumió con quienes lo eligieron.

03/08/2026

LAS MALAS ARTES: “Antología romántica” y “Mi gallo es el chancho” no son libros de sellos editoriales de los muchos que se presentan en estos días en la Feria Internacional del Libro (FIL), sino editados por los partidos Perú Libre y Renovación Popular. El primero, un libro de poemas de varios autores, entre ellos Waldemar Cerrón, su mamá la señora Bertha y otras figuras del partido Perú Libre. El segundo es un libro de 40 páginas escrito por el comunicador Francisco de Piérola sobre su amistad con Rafael López Aliaga. Más allá de la calidad de los textos, el problema es que fueron producidos con los fondos públicos que reciben los partidos, según un informe más de Latina, que se ha encargado de develar el mal uso de los recursos públicos.

El episodio vuelve a poner sobre la mesa un debate que suele plantearse de manera equivocada. Los partidos necesitan financiamiento público porque, sin recursos, dependen aún más de grandes aportantes o del dinero ilícito. Esa fue la razón por la que la Ley de Organizaciones Políticas (2003) incorporó este mecanismo, siguiendo una práctica extendida en casi toda América Latina. Su finalidad era fortalecer las organizaciones, formar dirigentes, capacitar a sus miembros y difundir propuestas para mejorar la representación política.

Desde 2017, cuando empezó a ejecutarse este sistema, los partidos han recibido más de S/ 138 millones. La ley dispone que hasta la mitad se destine a gastos ordinarios y el resto a formación, capacitación, investigación y divulgación. El diseño buscó reducir la dependencia de intereses privados y contribuir a la institucionalización de organizaciones históricamente débiles.

Sin embargo, las rendiciones de cuentas y los reportajes de Latina muestran que algunos partidos han optado por destinar parte de esos recursos a informes de escasa utilidad, maestrías en universidades extranjeras para dirigentes y ahora publicaciones cuya relación con el fortalecimiento partidario resulta, por decir lo menos, discutible. Quizá esos gastos no vulneren la ley, pero sí desnaturalizan el propósito del financiamiento público.

La experiencia demuestra que el problema no radica en la existencia del financiamiento, sino en las reglas que permiten interpretaciones demasiado amplias sobre su uso. No es posible prever cada exceso, pero sí establecer criterios más claros, reforzar la supervisión y exigir una rendición de cuentas que privilegie el fortalecimiento institucional antes que los beneficios particulares o la promoción de dirigentes.

Cada gasto injustificable termina debilitando la confianza ciudadana en un instrumento indispensable para la democracia. Sin financiamiento público, los partidos volverán a depender con mayor intensidad de intereses económicos y recursos de origen ilícito. Con ese comportamiento, los partidos terminan escribiendo su peor libro: el del descrédito del financiamiento público”.

29/07/2026

Primer gabinete de Keiko Fujimori. Es una combinación de lo político y lo técnico, aunque con mayor peso de lo primero. Fuerza Popular aporta pocos cuadros propios -los que tiene están concentrados en el Congreso-, patrón que se repite en los partidos de gobierno desde 1990, justamente con el gobierno de su padre, Alberto Fujimori. De allí que la presidenta haya convocado a dirigentes o exdirigentes de otros partidos del centro a la derecha, varios con experiencia previa como ministros de Estado, que, encabezados por Luis Galarreta, constituyen la columna política del gabinete. No todos acreditan experiencia en el sector que ahora conducen, pero sí trayectoria política en otras arenas. El resto son profesionales de carrera destacada -como en el caso del MEF-, con experiencia previa en el sector público y, no faltan, quienes siempre están en oferta.

Sin embargo, siendo la primera mujer elegida presidenta, solo designó a dos mujeres, y precisamente en las carteras donde suele designarse solo a mujeres. Llama también la atención que, tras un discurso de asunción centrado en la descentralización, el gabinete tenga un perfil mayoritariamente limeño.

Pero, lo que define a un gabinete no es solo su composición, sino el rumbo que le impriman quienes lo conducen. Keiko Fujimori y Galarreta pueden haber mostrado eficacia en el terreno electoral, pero la gestión ejecutiva exige otro tipo de destreza, experiencia, la de decidir bajo presión y sostener prioridades en el tiempo. Gobernar para todos los peruanos lo dicen todos, pero algunos requieren más del gobierno que otros. De esa capacidad de decidir y priorizar, dependerá el desempeño real del gobierno.

27/07/2026

LA DINASTÍA FUJIMORI: “Hace poco más de veinticinco años el régimen de Alberto Fujimori se derrumbó con su fuga al Japón. Después sería extraditado y condenado por corrupción y graves violaciones de los derechos humanos. Parecía el final de una experiencia política. No lo fue. El 28 de julio, su hija volverá a Palacio de Gobierno. El fujimorismo demuestra así una capacidad de supervivencia inusual en la política peruana.

Pero el retorno tiene una particularidad. Fuerza Popular es el único partido dinástico del país. Alberto Fujimori nunca creyó en los partidos. Gobernó con vehículos electorales creados para cada elección. Fue Keiko Fujimori quien organizó una estructura partidaria nacional, disciplinó a sus dirigentes y mantuvo cohesionada una corriente política durante un cuarto de siglo. Sin embargo, esa organización nunca dejó de depender de un apellido. Keiko llegó al liderazgo por ser Fujimori. Kenji, en su momento, pudo disputárselo por la misma razón. Ningún otro dirigente logró convertirse en una alternativa real. La legitimidad del liderazgo no proviene de una trayectoria partidaria ni de una competencia interna, sino de la pertenencia a una familia política.

Las dinastías políticas no son desconocidas en el mundo. Lo singular del caso peruano es que esta regresa al gobierno después del colapso de un régimen autoritario. Esa historia acompaña inevitablemente al nuevo gobierno. No se trata de responsabilizar a la hija por los actos del padre, sino de reconocer que el capital político que la llevó a la Presidencia proviene de la misma experiencia que dividió al país durante décadas. El apellido constituye, al mismo tiempo, su principal fortaleza política y la fuente permanente de las mayores resistencias que despierta el fujimorismo.

Sin embargo, el apellido explica el liderazgo, no garantiza el éxito del gobierno. Durante la última década el fujimorismo, liderado por Keiko Fujimori, ejerció gran parte del poder desde el Congreso. Debilitó al Ejecutivo, modificó el equilibrio entre los poderes del Estado, capturó progresivamente instituciones de control y contribuyó al deterioro institucional que hoy la propia presidenta electa describe como "catastrófico". Allí reside la primera paradoja de su gobierno. Recibe un Estado cuya precariedad denuncia, pero que el fujimorismo ayudó decisivamente a configurar.

Gobernar, sin embargo, es distinto. Desde la oposición podía atribuir responsabilidades a otros. Desde el Congreso podía bloquear, censurar o condicionar gobiernos. Ahora el margen para trasladar responsabilidades desaparece. La dinastía Fujimori regresa a Palacio. Ya no tendrá delante un gobierno al cual responsabilizar de los problemas del país. Ahora será el gobierno.

15/07/2026

Llama la atención este concurso. La JNJ convocó de manera inoportuna el concurso público para elegir al jefe de la ONPE, en plena segunda vuelta de las Elecciones Generales y cuando el proceso de las Elecciones Regionales y Municipales ya se encontraba en marcha. En oportunidades anteriores, tanto la ONPE como el RENIEC permanecieron temporalmente a cargo de autoridades encargadas hasta que existieran mejores condiciones para convocar los respectivos concursos.

Al proceso se presentaron 21 postulantes, quienes superaron las tres primeras etapas de evaluación: examen escrito, evaluación curricular y presentación del plan de trabajo. Sin embargo, el número de candidatos se redujo primero a dos y luego a uno solo. Finalmente, la entrevista personal —un filtro final que ha sido ampliamente cuestionado— concluyó con la declaración de desierto del concurso.

También resulta llamativo el amplio margen de las calificaciones otorgadas en la entrevista, que oscilaron entre 63 y 99 puntos. Asimismo, escuchar las preguntas formuladas y advertir el significativo desconocimiento que evidenciaron algunos miembros de la JNJ sobre las funciones de la ONPE resulta, cuando menos, preocupante.

A menos de tres meses de las elecciones, lo más conveniente sería postergar el concurso para que el nuevo jefe o jefa de la ONPE asuma funciones a inicios del próximo año. Cualquier otra decisión podría afectar negativamente el desarrollo del proceso electoral en curso.

13/07/2026

BUMERÁN POLÍTICO: Mientras en otros países de la región la presidencia se ha fortalecido, en el nuestro languidece. El Congreso se ha encargado de debilitarlo tanto hasta convertirlo en lo que ahora es Balcázar. Un presidente tan anodino que no se da cuenta de su propia insignificancia. Ocho presidentes en una década es un listado oneroso de un cargo vaciado de poder. El Congreso sustrajo al presidente de la república la función de gobernar y lo redujo a una mera jefatura de Estado. Casi protocolar.

El diseño de nuestro régimen político terminó siendo -cuántas veces se ha señalado- un presidencialismo parlamentarizado, que no ha soportado ni permitido el tan mentado equilibrio de poderes, base de una democracia que es el sistema del poder limitado. Somos el único país cuyos poderes del Estado tienen una caja de herramientas llena de armas que, combinadas, son letales: interpelación y censura ministerial, cuestión de confianza, disolución del Congreso, a las que se ha sumado, desnaturalizada e indebidamente, la vacancia presidencial.

Solo un mal diseño puede producir una presidencia tan vulnerable como la de PPK y una oposición tan fuerte como la de Fuerza Popular, en 2016. Y fue en aquel año cuando comenzó el ciclo de la inestabilidad y el debilitamiento del poder presidencial. Presidentes sin bancadas o con bancadas diminutas han sido presa de coaliciones parlamentarias que inclinaban la balanza hacia el parlamento, que no tuvo -aún en estos sus últimos días- empacho alguno para legislar para ellos y los suyos, acosar al Ejecutivo hasta volverlo cautivo, al igual que al Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, la Fiscalía de la Nación, la Defensoría del Pueblo, y van por más.

Gracias a Fuerza Popular se aprobaron leyes de impacto presupuestario en miles de millones de soles anuales para cultivar lealtades antes de disputar la presidencia. Redujo plazos de prescripción en investigaciones por corrupción, flexibilizó normas contra el crimen organizado y otorgó exoneraciones tributarias a sectores con poder de negociación. Cada votación era un acuerdo de intereses concretos. La suma de esos acuerdos, más los sectores organizados que hoy los defienden y no están dispuestos a soltarlos, es lo que espera a Keiko Fujimori desde el 28 de julio.

Gobernar con esa herencia no es una contradicción del sistema: es la consecuencia de lo que la bancada decidió. Para combatir la inseguridad necesita normas que su propio partido ayudó a debilitar. Para contener el gasto tiene que contrariar a los sectores que la respaldaron en el camino. Y para cambiar algo necesitará los votos de quienes tienen interés en que nada cambie.

06/07/2026

Gabinete en la sombra

26/06/2026

Los partidos más votados, que consiguieron la mayor cantidad de curules y que pasaron a la segunda vuelta en el 2021, en el 2022, tuvieron un desastroso desempeño en las elecciones regionales y municipales. Este año parece que se repetirá la misma situación.

22/06/2026

PERDER POR LO MÍNIMO: Para el reconocido politólogo Adam Przeworski, la democracia es el sistema en el que los partidos pueden perder elecciones. La frase parece obvia, pero encierra su exigencia más difícil: aceptar la posibilidad de la derrota y respetar el resultado aun cuando se pierde por muy poco.

En el Perú no todos los resultados ajustados han producido la misma reacción. Tampoco todos los desconocimientos son iguales. Hay una diferencia entre esperar el conteo, impugnar actas, denunciar fraude sin pruebas, movilizar seguidores, presionar autoridades electorales o intentar anular un proceso completo. Esa escala importa, porque permite distinguir conductas, sin absolver ninguna que debilite la confianza democrática.

En 2016, Keiko Fujimori perdió ante Pedro Pablo Kuczynski por menos de un punto. Demoró en reconocer, cuestionó el entorno de la campaña y luego el fujimorismo, con mayoría congresal, desarrolló una oposición que agravó la inestabilidad del gobierno. Pero en el momento electoral reconoció la derrota. No es un dato menor.

En 2021, frente a Pedro Castillo, la conducta fue distinta. Fujimori no solo demoró: habló de fraude, promovió nulidades masivas y convirtió la derrota en una narrativa de ilegitimidad. Las misiones de observación electorales no encontraron fraude que alterara el resultado, pero el daño ya estaba hecho: una parte del país quedó convencida de que le habían robado la elección.

Rafael López Aliaga siguió esa ruta. En 2021, fuera de la segunda vuelta, denunció que no permitiría que le “roben” la elección y luego sostuvo que el balotaje debía repetirse. En 2026, al quedar fuera por estrecho margen, elevó el tono: acusó fraude, atacó al JNE y a la ONPE, convocó movilizaciones y amenazó con desconocer la proclamación. No fue solo litigio electoral. Fue presión política sobre el árbitro.

Roberto Sánchez tampoco queda al margen. En la segunda vuelta de 2026, con una diferencia mínima a favor de Fujimori, denuncia manipulación del voto exterior, presenta recursos para anular la elección y convoca movilizaciones. Su actuación no reproduce exactamente la de López Aliaga, pero comparte un problema de fondo: si el resultado no favorece, se desplaza la disputa desde las actas hacia la legitimidad del sistema.

No se trata de exigir resignación automática. En democracia se puede impugnar, fiscalizar y exigir transparencia. Pero cuando se acusa fraude sin prueba suficiente, cuando se moviliza para presionar al árbitro o cuando se pretende anular la elección porque se perdió por décimas, ya no se defiende el voto: se erosiona la democracia. La prueba no está en ganar. Está en perder por poco y aceptar que las reglas también valen cuando nos derrotan.

15/06/2026

TODOS SOMOS PERUANOS: Si esta elección tiene una particularidad, es que puede terminar, por tercera vez, con una diferencia menor al 1% de los votos. Pero hay otra singularidad: quizá sea el único caso en que una candidatura llegue a la presidencia gracias al voto de los peruanos en el extranjero. Roberto Sánchez gana en el territorio nacional, pero Keiko Fujimori lo supera fuera del país.

Ese dato ha abierto una discusión equivocada. Algunos cuestionan el derecho al voto de los peruanos en el exterior, como antes otros propusieron volver al sufragio censitario -reservado a alfabetos o mayores contribuyentes- para reducir el peso del sur andino. Cambian los destinatarios, pero no la lógica: cuando un sector vota distinto a lo esperado, se busca disminuir su ciudadanía. Ambas posiciones son nocivas y antidemocráticas.
Aquí se cruzan dos asuntos: el derecho al voto, expresión de una ciudadanía transnacional, y la orientación política de quienes residen fuera. Al enterarse de lo segundo, algunos reaccionan contra lo primero. Pero el peruano no deja de ser ciudadano porque vive en otro país. La residencia no extingue derechos ni vínculos. Además, esos vínculos no son solo afectivos. Las remesas alcanzaron en 2025 un récord de US$5,368 millones, 11,7% más que en 2024, equivalente al 1,6% del PBI.

El Perú fue uno de los primeros países de América Latina en reconocer el voto de sus ciudadanos en el exterior en elecciones nacionales, desde 1980. Entonces representaban apenas el 0,6% del padrón electoral. Hoy son 1’210,813 electores hábiles, el 4,4% del padrón nacional. Si fueran una circunscripción territorial, serían la quinta en tamaño electoral entre 27. Esta presencia creciente no es una anomalía peruana. También se observa en Colombia, República Dominicana o El Salvador.

Otra cosa es discutir cómo votan. En el caso peruano, los electores en el exterior han mostrado una inclinación mayoritaria hacia opciones de centroderecha y derecha. Ese comportamiento merece análisis: trayectorias migratorias, condiciones laborales, integración, distancia con la política cotidiana del país y percepción de orden. Pero explicar una orientación electoral no autoriza a restringir derechos.

El voto no puede defenderse solo cuando favorece a quien uno prefiere. La democracia se prueba cuando el resultado incomoda. Si se cuestiona el sufragio de los peruanos en el exterior porque inclina una elección, mañana se podrá cuestionar el de una región, una clase social, una edad o una comunidad. El sufragio universal no es una concesión revocable según el resultado, sino un derecho adquirido y una conquista democrática. Defenderlo no significa apoyar a Keiko Fujimori ni a Roberto Sánchez. Significa defender la regla que permite que todos, dentro o fuera del territorio, sigan siendo parte del Perú

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