12/07/2026
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El abandono de trabajo es la dejación voluntaria, injustificada y definitiva de las obligaciones laborales por parte del colaborador. Esta figura legal se configura cuando el empleado decide dejar de asistir a su centro de labores sin informar o solicitar autorización previa de su empleador. Al quebrar el principio de continuidad, rompe de forma unilateral el contrato de trabajo vigente.
En la legislación peruana, esta acción se clasifica jurídicamente como una falta grave que extingue el vínculo laboral por culpa del trabajador. No se trata de una simple tardanza o de un descuido aislado, sino de una desatención prolongada del puesto asignado. Esta conducta faculta directamente a la empresa a iniciar un proceso sancionador que puede concluir en el despido.
Para que exista abandono legal, el colaborador debe faltar más de tres días consecutivos de forma totalmente injustificada. También aplica si se registran más de cinco ausencias no consecutivas en un lapso de treinta días calendario. Un tercer supuesto legal sanciona acumular más de quince inasistencias en un período de ciento ochenta días.
El empleador no puede despedir de forma inmediata, sino que debe seguir obligatoriamente un procedimiento formal establecido por ley. Primero, debe enviar una carta de preaviso de despido otorgando un plazo mínimo de seis días naturales para que el trabajador efectúe sus descargos. Si las ausencias no se justifican formalmente en ese tiempo, se procede con el despido definitivo.
A pesar de ser una falta grave, el despido por abandono no elimina el derecho del trabajador a percibir su liquidación de beneficios sociales. La empresa mantiene la obligación de pagar las gratificaciones, vacaciones y la CTS trunca acumuladas dentro de las cuarenta y ocho horas posteriores al cese. Lo único que se pierde por completo es el derecho a una indemnización económica.
Finalmente, si la ausencia intempestiva causa perjuicios económicos graves al negocio, el empleador puede iniciar acciones legales adicionales. Esto es común en puestos de confianza o de alta responsabilidad donde la ausencia detiene operaciones críticas. Por su parte, el empleado tiene treinta días hábiles para impugnar judicialmente si considera que su despido fue injusto.
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