19/08/2026
¡¡¡No es justo!!!
La primera y más fundamental obligación de cualquier Estado es garantizar la vida, la integridad e inmunidad de sus ciudadanos y de quienes generan empleo e inversión.
Cuando una empresa o un trabajador paga sus impuestos, está cumpliendo con un pacto social: entrega parte del fruto de su trabajo a cambio de bienes públicos esenciales, donde la seguridad ciudadana y el orden interno ocupan el primer lugar.
La situación actual plantea serias contradicciones e injusticias estructurales:
Ruptura del contrato social: El cobro de tributos pierde su legitimidad moral ante la ciudadanía cuando el Estado no cumple con su contraprestación básica de proteger la vida y el patrimonio frente a la delincuencia y el crimen organizado.
El "doble tributo" del crimen: Muchas empresas y pequeños negocios terminan pagando dos veces: la vía formal al fisco y el "cupo" o extorsión a las bandas criminales para poder operar sin ser atacados. Esto destruye la economía y sofoca el emprendimiento.
Falta de eficacia institucional: El problema no es la falta de recaudación o de normas, sino la impunidad, la corrupción institucional y la incapacidad de las fuerzas del orden y del sistema de justicia para desarticular la criminalidad.
El sentimiento de indignación e impotencia ante la violencia extorsiva es completamente válido. Exigir que los impuestos se traduzcan en presencia policial efectiva, inteligencia contra el crimen y un sistema judicial que no libere a los delincuentes no es un favor, es un derecho constitucional de cada ciudadano y emprendedor.
