16/10/2021
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corrupción con plata de indemnizaciones
LA CORTE SUPREMA PIDIÓ INFORMES SOBRE “RUTAS Y ROTONDAS DE ORO” DEL MOPC
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) pidió detallados informes sobre las conocidas “rutas y rotondas de oro” construidas por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informaron fuentes de la máxima instancia judicial del país al precisar que la solicitud se realizó en el marco de un juicio sobre indemnización por expropiación de terrenos particulares utilizados para construir vías terrestres en esos lugares.
El pedido de la Corte se conoció en un expediente judicial que comenzó a desnudar el modus operandi de operadores del MOPC sobre gestiones cobros y pagos de indemnizaciones a propietarios de inmuebles expropiados para construir y asfaltar rutas y caminos en el interior del país, según explicaron las fuentes judiciales que brindaron la información.
La máxima instancia judicial formuló el pedido en el marco de un recurso de queja que se planteó en el marco del expediente N° 357/2019 caratulado “Roosevelt César Benítez Molinas C/ Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (estado paraguayo) S/ fijación judicial de precio”.
El recurso de queja fue presentado contra el retardo de justicia perpetrado por el Tribunal de Apelaciones en lo Civil y Comercial del Sexto Turno, integrado por los camaristas Ricardo Mercado, Osvaldo González Ferreira y Mirtha Ozuna de Cazal,
La fuente del Palacio de Justicia contó a Punto y Coma que los camaristas mencionados “se hacen del ñembotaby” para resolver el caso y de esa forma concretan una gigantesca demora judicial a favor de las barbaridades del MOPC y, en contrapartida, perjudicando a humildes propietarios de patios de casas, fincas, chacras y terrenos diversos que fueron expropiados y nunca indemnizados por los responsables del MOPC.
Este expediente permitió desnudar atrocidades cometidas por el Ministerio de Obras Públicas contra los necesitados dueños de las propiedades expropiadas que siguen sin ser indemnizadas.
Mediante este recurso de queja se pudo saber o conocer las andanzas y “estrategias” de quienes supuestamente hacen o concretan enormes negociados con las construcciones de las llamadas “rutas y rotondas de oro”.
Los investigadores afirmaron haber detectado sucias maniobras para los negociados mediante la promesa de paga elevada por cada inmueble expropiado y, en ese sentido, explicaron que el MOPC acostumbra fijar un buen precio por el bien a expropiarse pero que finalmente la promesa no se cumple o cae en una interminable demora para desembolsar el dinero de la indemnización a los dueños de terrenos, quienes finalmente se ven obligados a reducir o aceptar cualquier precio que establecen en esos casos los representantes del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
Aunque los representantes del MOPC no tocan dinero ni firman recibos sobre los pagos de indemnizaciones, estos operadores hacen desembolsar menor cantidad de dinero por cada indemnización al tiempo de mantener un precio alto en los papeles internos de la institución mencionada institución pública, estableciendo de esa forma una diferencia entre lo acordado inicialmente y lo percibido por el propietario, según explicó uno de los investigadores.
Siguió diciendo que la diferencia entre lo acordado y lo finalmente pagado es “redireccionado” a otros presuntos proyectos multimillonarios que se lo conocen finalmente como las “rutas de oro”.
Esta situación fue revelada gracias al recurso de queja que se conoció en la Corte Suprema de Justicia, donde el caso sorprendió a los ministros de la máxima instancia judicial, dijo uno de los informantes.
Otras fuentes que se enteraron de este caso afirmaron que la Corte Suprema debería aprovechar la oportunidad y ordenar a la Contraloría General de la República (CGR) a investigar o realizar auditorías sobre las indemnizaciones por las expropiaciones para las “rutas de oro”.
Profesionales del derecho dijeron a su vez que los propietarios o dueños de inmuebles expropiados para las construcciones de caminos o rutas en la Capital o interior del país deben agremiarse o unirse para realizar ruidosas protestas públicas solicitando la sanción o el castigo del ministro de Obras Públicas y comunicaciones y sus compinches.
