30/05/2026
COMUNICADO DE AGENTES Y PROCURADORES INDEPENDIENTES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
POR EL RESPETO AL ESTADO DE DERECHO, A LA LEGALIDAD ADMINISTRATIVA Y A LA DIGNIDAD DE LOS USUARIOS DEL SISTEMA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
Los Agentes y Procuradores Independientes de la Propiedad Industrial de la República del Paraguay, en nuestro carácter de profesionales habilitados, representantes de titulares de derechos, operadores permanentes del sistema de propiedad intelectual y auxiliares indispensables para el acceso de los administrados a los servicios públicos prestados por la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), expresamos públicamente nuestra profunda preocupación ante una serie de medidas administrativas y prácticas institucionales que vienen implementándose de manera progresiva y que afectan gravemente el normal ejercicio profesional, el acceso a la administración y los derechos de los ciudadanos que representamos.
La preocupación del sector no radica únicamente en las restricciones materiales impuestas al acceso a los servicios públicos, sino principalmente en la naturalización de mecanismos de actuación administrativa que se apartan de los principios fundamentales consagrados en la Constitución Nacional y en la Ley N.º 6715 de Procedimientos Administrativos.
Resulta especialmente alarmante que, mediante circulares internas y decisiones operativas de alcance general, se hayan reducido días y horarios de atención al público en determinadas dependencias técnicas de la institución, limitando el acceso de profesionales y administrados a servicios que forman parte de una función pública esencial vinculada a la protección de derechos de propiedad industrial, sin que se conozcan fundamentos técnicos, jurídicos o administrativos suficientes que justifiquen tales restricciones.
La Circular DN/DINAPI N.º 1/2024 dispuso incluso que diversas dependencias de la Dirección General de Propiedad Industrial atiendan únicamente los días lunes, miércoles y viernes, en una franja horaria reducida de 07:00 a 11:00 horas, situación que genera barreras objetivas para el acceso regular y continuo a los servicios públicos. Esta medida merece ser analizada a la luz de los principios de legalidad, razonabilidad, celeridad, simplicidad y buena administración pública previstos en la Ley N.º 6715.
Asimismo, observamos con preocupación la implementación de criterios restrictivos para la asignación de números de atención, imponiendo límites discrecionales a los profesionales y sometiendo previamente a revisión o evaluación los documentos que pretenden presentarse en mesa de entrada antes de permitir el acceso a determinadas oficinas.
Dichas prácticas generan serias interrogantes jurídicas, puesto que el derecho de petición, el derecho de acceso a la administración, el principio de informalismo y el principio de objetividad administrativa impiden que barreras operativas o decisiones discrecionales se conviertan en mecanismos de restricción del acceso de los administrados a los procedimientos administrativos.
La Administración Pública está obligada a servir con objetividad al interés general, garantizando una buena administración pública, el debido procedimiento, la legalidad, la razonabilidad, la igualdad de trato y el respeto a la dignidad humana. Estos principios no constituyen simples declaraciones programáticas; son mandatos jurídicos obligatorios para todos los funcionarios públicos.
Manifestamos igualmente nuestro rechazo a cualquier forma de trato despectivo, denigrante, intimidatorio o discriminatorio hacia los usuarios, agentes y representantes profesionales que concurren diariamente a la institución para ejercer derechos legítimos en nombre de los administrados.
Ningún funcionario público puede asumir una posición de sospecha permanente respecto de quienes acuden a una dependencia estatal. El administrado y sus representantes no son adversarios de la Administración. Por el contrario, el procedimiento administrativo moderno se fundamenta en los principios de colaboración, buena fe, respeto mutuo, lealtad y objetividad.
Por ello:
EXIGIMOS
1. El pleno respeto a los principios de legalidad, razonabilidad, objetividad, informalismo, celeridad y buena administración pública previstos en la Ley N.º 6715.
2. La revisión inmediata de las medidas que restringen el acceso regular de profesionales y administrados a las distintas dependencias técnicas de la DINAPI.
3. La eliminación de mecanismos discrecionales que limiten arbitrariamente la obtención de números de atención o condicionen indebidamente la presentación de documentos.
4. La adopción de protocolos institucionales que garanticen un trato respetuoso, digno, imparcial y profesional a todos los usuarios del sistema.
5. La apertura de espacios de diálogo institucional con los agentes y procuradores de la propiedad industrial, a fin de construir soluciones que permitan mejorar la eficiencia administrativa sin sacrificar derechos fundamentales.
REAFIRMAMOS
Nuestro compromiso con la institucionalidad, la legalidad y el fortalecimiento del sistema paraguayo de propiedad intelectual.
Defender la calidad del servicio público no constituye una confrontación con la autoridad administrativa; constituye una obligación ciudadana y profesional.
Una administración moderna, eficiente y transparente no se construye restringiendo el acceso de los administrados, sino garantizando procedimientos ágiles, previsibles, respetuosos y compatibles con el Estado Social de Derecho consagrado por la Constitución Nacional.
Por la dignidad profesional, por el respeto a los usuarios y por una Administración Pública al servicio de las personas.
AGENTES Y PROCURADORES INDEPENDIENTES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL PARAGUAY
Asunción, Paraguay
