03/01/2026
La morosidad judicial constituye uno de los problemas estructurales más graves del sistema de administración de justicia en el Paraguay. La prolongación excesiva de los procesos judiciales, la acumulación de expedientes y los constantes retrasos en el dictado de resoluciones afectan de manera directa el acceso a una justicia pronta, completa e imparcial, tal como lo garantiza la Constitución Nacional.
En la práctica, la demora judicial termina desnaturalizando el derecho que se pretende tutelar. Litigios que se extienden por años —e incluso décadas— generan inseguridad jurídica, desalientan la inversión, profundizan la desigualdad entre las partes y debilitan la confianza de la ciudadanía en el Poder Judicial como pilar del Estado de Derecho.
Las causas de la morosidad judicial en el Paraguay son diversas y complejas. Entre ellas se destacan la sobrecarga de trabajo en juzgados y tribunales, la insuficiencia de recursos humanos y materiales, la falta de una gestión judicial eficiente, la persistencia de prácticas burocráticas obsoletas y la limitada implementación de herramientas tecnológicas. Si bien la incorporación del expediente electrónico fue presentada como una herramienta clave para agilizar los procesos y modernizar el sistema, la experiencia demuestra que, por sí sola, no ha logrado superar los graves niveles de mora judicial existentes.
En muchos casos, la digitalización de los expedientes ha reproducido las mismas deficiencias del sistema tradicional, trasladando la burocracia del papel al entorno digital, sin una reforma profunda de los procedimientos ni una mejora sustancial en la gestión y el control de los plazos procesales. A ello se suma, en ocasiones, la falta de capacitación adecuada y de criterios uniformes en su aplicación.
Si bien en los últimos años se han impulsado reformas y procesos de modernización, estas medidas resultan aún insuficientes frente a la magnitud del problema. La mora judicial no solo vulnera derechos individuales, sino que afecta el interés público, al consolidar una percepción de impunidad y de desigualdad ante la ley.
Superar la morosidad judicial en el Paraguay exige una política pública sostenida y un compromiso real de todos los actores del sistema de justicia. Es imprescindible fortalecer la gestión judicial, simplificar los procedimientos, acompañar la tecnología con reformas estructurales, promover métodos alternativos de resolución de conflictos y garantizar la responsabilidad funcional de magistrados y funcionarios.
Una justicia eficiente y oportuna no es una aspiración abstracta, sino una exigencia constitucional y democrática. Mientras la morosidad judicial persista —aun en un contexto de digitalización— el derecho a la tutela judicial efectiva seguirá siendo una promesa incumplida para amplios sectores de la sociedad paraguaya.
