08/17/2026
La realidad del Partido Demócrata de los Estados Unidos y sus repercusiónes en la política puertorriqueña.
El wokismo del Partido Demócrata sustituye el análisis individual por la pertenencia a grupos: divide a las personas entre supuestos opresores y oprimidos y termina juzgando a los ciudadanos por su identidad antes que por sus actos, capacidades o responsabilidades. Eso no elimina la discriminación; puede crear nuevas formas de discriminación bajo un lenguaje aparentemente moral.
Algo similar ocurre con determinadas propuestas económicas de izquierda. Una cosa es mantener programas de ayuda, asistencia a los necesitados o alguna regulación razonable del mercado; otra muy distinta es asumir que el Estado debe ampliar su poder de control. Esa lógica puede producir dependencia, burocracia, mayores impuestos y una concentración excesiva de poder político.
La democracia estadounidense no necesita sustituir el capitalismo por el socialismo ni reemplazar la igualdad ante la ley por una política basada en identidades colectivas. Necesita instituciones sólidas, libertad de expresión, responsabilidad individual, igualdad jurídica, mercados competitivos, seguridad, oportunidades económicas y un Estado que proteja los derechos sin intentar controlar cada aspecto de la vida ciudadana.
Criticar estas tendencias no significa estar contra los pobres, las minorías, las mujeres o los trabajadores. Significa cuestionar la premisa de que la justicia requiere necesariamente más poder estatal, más ingeniería social y una clasificación permanente de las personas según su identidad.
Una sociedad libre debe aspirar a algo mucho más sencillo y más difícil: igualdad ante la ley, libertad para pensar diferente y responsabilidad por las propias decisiones.
¿Hasta dónde debe llegar el poder del Gobierno y cuánto debe pagar el ciudadano para sostenerlo?
El Partido Demócrata tiene una tendencia a expandir el tamaño y las funciones del Estado. Cada nuevo programa gubernamental requiere más burocracia, más empleados, más regulación y, finalmente, más dinero de los contribuyentes. El problema no es solamente cuánto recauda el Gobierno, sino cuánto poder adquiere sobre la economía y sobre la vida de los ciudadanos.
También es legítimo cuestionar políticas fiscales que incrementan la carga contributiva sobre individuos y empresas. El dinero que administra el Gobierno no es dinero propio: proviene de los contribuyentes. Por eso, antes de aumentar impuestos deberían existir controles estrictos sobre eficiencia, despilfarro, duplicidad de programas, contrataciones, subvenciones y resultados obtenidos.
La inmigración plantea otro debate fundamental. Defender una inmigración legal, ordenada y humanitaria no equivale a defender fronteras sin control. Una nación tiene derecho a determinar quién entra, bajo qué condiciones y cómo se garantiza la seguridad nacional. La existencia de una frontera no es una expresión de xenofobia; es una característica básica de la soberanía de cualquier Estado.
Otro aspecto que merece una crítica es la tendencia a reducir el financiamiento o limitar las capacidades de las fuerzas del orden como la policía.
Una sociedad que exige seguridad tiene que proporcionar a sus agentes los recursos, capacitación, tecnología y supervisión necesarios para cumplir su función.
Algo similar ocurre con el debate sobre el ICE (Immigration and Customs Enforcement).
Eliminar o debilitar sustancialmente el ICE reduce o elimina la capacidad del Estado para hacer cumplir las leyes migratorias. También debilita el control fronterizo y la respuesta ante órdenes de deportación y aumenta los riesgos en la seguridad pública.
En materia electoral el Partido Demócrata se opone a la verificación electoral, lo que le abre la puerta a la posibilidad de fraudes.
Otro problema serio es el uso del dinero público sin controles suficientes. Cuando aparecen contratos cuestionables, conflictos de interés, favoritismo, nepotismo o programas incapaces de demostrar resultados, la responsabilidad no desaparece porque el gasto tenga una finalidad social. La buena intención jamás sustituye la rendición de cuentas.
La meritocracia también merece ser defendida. Una sociedad democrática debería evaluar a las personas principalmente por su capacidad, preparación, experiencia y desempeño, no convertir la identidad racial, sexual o ideológica en un sustituto de las cualificaciones.
Y aquí llegamos al debate cultural. La educación pública debe enseñar conocimientos y desarrollar pensamiento crítico, no convertirse en un instrumento para imponer una determinada visión ideológica sobre el s**o, el género, la familia o la sociedad. Los padres tienen un interés legítimo en conocer qué se enseña a sus hijos y participar en esas decisiones.
Finalmente, la defensa de la tolerancia religiosa no puede confundirse con la tolerancia hacia el extremismo. El islamismo radical —como cualquier movimiento político-religioso que pretenda imponer coercitivamente sus principios sobre la sociedad— debe ser analizado y combatido cuando amenaza la libertad, la igualdad ante la ley o la seguridad pública.
¿Queremos un Gobierno limitado, fiscalmente responsable, con fronteras seguras, elecciones transparentes, meritocracia, libertad de expresión, rendición de cuentas y ciudadanos capaces de decidir sobre sus propias vidas; o queremos continuar ampliando el poder del Estado hasta convertirlo en árbitro de la economía, la cultura, la educación y prácticamente todos los aspectos de la vida social?
Criticar al Partido Demócrata y sus ideas socialistas y wokistas y sus ramas dentro de los partidos políticos en Puerto Rico no significa estar contra los pobres, los inmigrantes, las minorías o quienes piensan diferente. Significa exigir que ninguna causa, por noble que se presente, quede por encima de la Constitución, la libertad individual, la igualdad ante la ley y la responsabilidad fiscal.
Miguel Rodríguez Laboy
