26/01/2017
Cifras “negras” tiñen planes de seguridad en Venezuela.
Expertos analizan los posibles errores. Pese a los esfuerzos, Venezuela tiene la segunda tasa de homicidios más alta del mundo, según la ONU.
En 16 años, el gobierno nacional ha implementado 15 planes de seguridad con el único fin de reducir los altos índices de criminalidad en Venezuela, que se han convertido en uno de los problemas que más preocupa a los ciudadanos. Pero la realidad es otra, en vez de bajar el delito, las negras estadísticas, no oficiales, demuestran la precipitada escalada de violencia y ponen en tela de juicio la efectividad de éstos programas de protección.
Es así como el país se ha convertido en una especie de laboratorio experimental, en lo que se refiere a planes que contrarresten el delito, resultando la mayoría de ellos fallidos.
Uno de los principales factores en dichos programas es la inconsistencia en el tiempo de cada uno de ellos, sostienen los expertos en la materia.
“El plan debe ser permanente y el propósito debe incrementar el sentido de la ley. Además, debe tener como resultado hacer un país más pacífico y menos violento”, expone a PANORAMA, el director del Observatorio Venezolano de Violencia, Roberto Briceño León (OVV),
Con el plan de Seguridad Ciudadana y el Plan Confianza en el año 2001, el Gobierno sacó a la calle a la Guardia Nacional y comenzó la reforma al Código Orgánico Procesal Penal; esto permitió beneficios penitenciarios a los presos. Desde ese momento, la mayoría de los programas ha tenido como refuerzo el componente militar, como el Dispositivo Bicentenario de Seguridad (2009), Madrugonazo al Hampa (2009), Misión A Toda Vida Venezuela( 2012), Patria Segura (2013), Patrullaje Inteligente (2014) y la Operación Liberación al Pueblo, en el año 2015.
El director de la OVV critica la incursión militar exponiendo: “Los planes con esta concepción están orientados a la guerra contra la delincuencia y no a la protección del ciudadano”.
Por su parte, el experto, Luis Izquiel, agrega: “La Operación de Liberación del Pueblo (OLP) es un operativo militar y policial que no ataca el desastre que hay en el sistema carcelario y tampoco ataca el problema que ocurre con los jueces que no procesan a los delincuentes ni los sancionan”.
Desde el 2001 hasta la fecha, los 15 planes de seguridad han sido lanzados bajo la gestión de once ministros de Interior y Justicia en los períodos presidenciales de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
Con la puesta en marcha de cada plan, la criminalidad aumenta en vez de bajar, afirman. La tasa porcentual y el número de homicidios en el país por año, no oficial, demuestra los pocos resultados positivos de los programas.
Según el informe anual de la organización no gubernamental OVV, en el 2016 se registraron 28 mil 479 asesinatos en el país, lo que traduce que por cada 100 mil habitantes, 91 venezolanos perdieron la vida de forma violenta.
La alarmante cifra no ha sido corroborada por el Ejecutivo Nacional, pues desde el año 2004 no hay una continuidad en la publicación de las estadísticas oficiales en esta materia.
La última cifra que se hizo publica fue ofrecida por la fiscal Luisa Ortega en la que aseguró que en el año 2015 fueron asesinados 17 mil 778 ciudadanos, para una tasa de homicidios del 58,1%.
Antes de esta estadística, el entonces ministro de Interior, Justicia, Miguel Rodríguez Torrez informó que la tasa de homicidios para el año 2013 fue de 39 homicidios por 100 mil habitantes.
En base a las cifras, oficiales o no, la aspiral ascendente de muertes violentas, hace que Venezuela sea el segundo país con la tasa de homicidios más alto del mundo y el único en Latinoamérica en el cual las cifras han aumentado consistentemente desde 1995, según un estudio de la Organización de las Naciones Unidas.
Por su parte, la Organización Mundial de la Salud expone que después de 10 homicidios por cada 100 mil habitantes, se puede considerar como una “violencia endémica”.
El criminólogo y profesor universitario, Fermín Mármol García expone que la corrupción en los cuerpos policiales, la impunidad, el sobrearmamento de los criminales y los retardos judiciales, han hecho que Venezuela sea la “escena del crimen perfecta”.
Dos planes de seguridad intentaron atacar éstos factores. Ambos, dejaron de existir.
La “Operación Cangrejo” fue lanzada en el 2009, ese mismo año salieron a la calle otros tres programas. La “Operación Cangrejo” buscaba resolver los crímenes y arrestar a los culpables. Pero, seis años después las cifras de impunidad son abrumadoras.
Según la OVV, por cada 100 homicidios registrados, solo hay ocho detenciones. “Si no se incrementa el castigo al delincuente, el delito seguirá aumento, el criminal no puede sentir que si comete una fechoría no va a ser aprehendido”, dice Roberto Briceño León.
El presidente de la comisión permanente de defensa y seguridad de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano aporta recomendaciones para los planes de seguridad: “Hay que evaluar el fracaso de cada plan, para no cometer el mismo error”.
El también profesor universitario y conferencista, Briceño León, asegura que para que los programas de seguridad funcionen “hay que aumentar la protección y eso se hace depurando la policía”. Además, se debe incrementar la cooperación policial entre seguridad privada y seguridad pública.
El vicepresidente, Tareck El Aissami relanzó esta semana la ya conocida OLP. Pasó a llamarse Operación de Liberación Humanitaria del Pueblo y se diferencia del anterior plan en que, ahora, enfocará sus objetivos en “la inteligencia policial para capturar a los cabecillas de las bandas criminales”.
Para el diputado de la Asamblea Nacional Julio Chávez, la decisión de nombrar a Tareck El Aissami como vicepresidente es impulsar las políticas de seguridad del estado, pues “es conocedor por excelencia en la materia”. Ocupó el cargo de Ministro de Interior y Justicia desde el 2008 hasta el 2012. “Vamos a continuar con la depuración de los cuerpos policiales, porque es vital”, aseguró en la fecha.
La gran parte de los programas de seguridad han sido represivos y pocos de ellos preventivos, lo que deriva en otro gran problema que afecta la eficacia, continúan esbozando los expertos.
“Es tan importante prevenir como atacar. Hay que adentrarse con políticas sociales correctas en los barrios para evitar que los adolescentes crezcan bajo modelos criminales como el ‘pranato”, dice Izquiel.
Briceño León coincide en este punto y añade: “Debe existir una campaña de difusión clara de la moral en la sociedad. Hay que hacer entender que no es lo mismo ser un trabajador honesto que un homicida”.
El resguardo y la seguridad del ciudadano y su bienes, así como el derecho a la vida siempre deben ser “el talón de Aquiles” de toda política pública, coinciden todos los analistas.
Fuente: http://www.panorama.com.ve/sucesos/Cifras-negras-tinen-planes-de-seguridad-en-Venezuela-20170123-0007.html
Desde el 2001 se han lanzado 15 programas contra la violencia y el hampa
