06/08/2026
¿Por qué México debe medir la transparencia presupuestal de sus municipios?
Durante más de una década, el IMCO evaluó cómo, cuánto y en qué gastaban los municipios del país. Primero fue el Índice de Información Presupuestal Municipal (IIPM, desde 2009) y después se transformó en el Barómetro de Información Presupuestal Municipal. La última edición amplia que encuentro es la de 2022; después de eso, el ejercicio parece haberse detenido a nivel municipal (mientras que su versión estatal, el BIPE, sí sigue actualizándose).
Los 287 municipios y alcaldías evaluados en 2020 —apenas el 12% de los 2,465 municipios que hay en México — concentraban el 74% de la población del país, el 69% del gasto municipal ejercido y el 91% de la deuda municipal . Es decir: con evaluar a 1 de cada 8 municipios, el índice ya vigilaba casi toda la deuda pública municipal de México. Y aun así, solo el 51% de esos municipios cumplió con el total de los objetivos de transparencia presupuestal .
Eso significa que, en promedio, sobre 9 de cada 10 pesos de deuda municipal en el país, la ciudadanía tenía información incompleta.
Lo que este indicador aportaba:
• Diagnóstico comparable entre cientos de municipios con los mismos criterios, lo que permitía saber quién publicaba bien y quién no.
• Presión pública real: puso en evidencia casos extremos, como deuda pública municipal cuyas tasas de contratación, garantías o destino simplemente no se conocían .
• Métrica de avance en el tiempo: mostró que el cumplimiento promedio pasó de 42% (2017) a 51% (2020), evidencia de que medir sí mueve comportamiento.
• Insumo para exigir rendición de cuentas: los municipios evaluados ejercían 497 mil 112 millones de pesos al año, equivalentes al gasto de Pemex en 2018 .
• Base para política pública: sus hallazgos alimentaron recomendaciones concretas, como armonizar formatos y fortalecer sanciones en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
¿Por qué retomarlo?
Los municipios siguen dependiendo en más de 70% de transferencias federales y estatales, con poca capacidad recaudatoria propia. Sin un índice público y homologado, perdemos la única herramienta que permitía vigilar el 91% de la deuda municipal del país con una muestra manejable de gobiernos, detectar retrocesos a tiempo y sostener la presión ciudadana que llevó la calificación promedio de 42% a 51% en solo tres años.
Sin medición no hay rendición de cuentas. Y sin rendición de cuentas, no hay manera de saber si el gasto municipal —y la deuda que lo respalda— realmente resuelve las necesidades de la gente.
